El ‘Impeachment’ al que es sometido el gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es el más intenso capítulo de una novela en la que todos los actores tienen algo que esconder.
El de Rousseff será el segundo juicio político en la era moderna de la democracia brasileña. En el primero, en 1992, el que cayó fue el gobierno del centro derechista Fernando Collor de Mello, quien precisamente en 1990 había derrotado en las elecciones al líder sindical y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula y el PT hicieron posible en el 2003 la utopía del trabajador que llega a ser presidente de su país y lo transforma. En los ocho años de su gobierno, más de veinte millones de personas salieron de la pobreza y los índices de analfabetismo bajaron drásticamente. Además, Brasil se consolidó como la quinta economía del planeta. El carisma de Lula bastó para asegurar que el PT siguiera en el poder con Dilma Rousseff, ex ministra de Minas y de la Casa Civil (jefatura de Gabinete), quien en el 2011 agarró las riendas del país.
Pero el lastre que hoy carga la presidenta se comenzó a acumular en los años de Lula. El escándalo del Mensalao, consistente en el pago a legisladores con dineros públicos por favorecer proyectos del oficialismo, fue el germen de todo. Destapado en el 2004, el Mensalao reveló toda una serie de estrategias corruptas de las que se beneficiaron políticos y empresarios, pero de las que Lula siempre dijo no saber nada. La justicia actuó, pero ya en la primera presidencia de Rousseff otro escándalo, este de mayores proporciones, salió a la luz: el del Lava Jato o Petrolao,
En el esquema de esta nueva red de desfalco, empresarios y políticos se beneficiaron con sobornos pagados con recursos de la petrolera estatal Petrobras. Cuando comenzaron a conocerse los implicados, muchos de ellos eran próximos a Lula, a Rousseff, al PT y habían también sido mencionados en el Mensalao. Para el 2013, el hueco fiscal por la corrupción en Petrobras era enorme y la empresa había perdido competitividad a nivel internacional. Para las autoridades, Mensalao y Lava Jato comienzan a ser un mismo caso.
El evidente desbalance fiscal hizo mella en la economía, que entró en recesión. Las conquistas sociales del PT comenzaron a verse amenazadas por el parón económico, pero la corrupción no cesó. Los encargados de investigar el Lava Jato encontraron una clara asociación entre empresarios constructores y políticos influyentes, pero muchas pistas los llevaron hacia el apellido más poderoso de Brasil: Lula. El expresidente figuraba en los testimonios de muchos acusados, que aseguraron que sirvió de cabildero de constructoras como Odebrecht, Camargo Correa y OAS tanto en Brasil como en el extranjero. La recompensa: millones de dólares tanto en efectivo como en ‘regalos’.
Pero si el Lava Jato atacaba a Lula de esa forma, a Dilma Rousseff la afectaba ya desde el lado legislativo. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y polémico dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio del PT en el poder y colectividad del vicepresidente, Michel Temer, también estaba acosado por el escándalo. Medios brasileños indican que Cunha quería que el Gobierno hiciera algo para obstruir las investigaciones en su contra. El Gobierno no lo hizo y Cunha dejó pasar una acusación causal de ‘Impeachment’ el 2 de diciembre del 2015. La acusación: maquillaje de balances fiscales en el 2014. Comenzó el proceso.
En la otra cara del Lava Jato, Lula veía cómo su aura se caía hasta que el 4 de marzo fue detenido temporalmente.
Tras unas horas de interrogatorio, el expresidente quedó en libertad y, casi de inmediato, Rousseff le tendió la mano.
A las semanas siguientes, lo nombró ministro jefe de la Casa Civil, provocando una grave ruptura en la institucionalidad. El nombramiento fue suspendido por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El 17 de abril, el pleno de la Cámara decidió enviar el caso contra Rousseff al Senado, donde manda otro copartidario de Cunha y también investigado, Renan Calheiros. El 5 de mayo, Cunha cae por orden del STF y es reemplazado por Waldir Maranhão, quien se convirtió así en presidente interino de la Cámara. Al día siguiente, la comisión especial del senado votó por llevar la acusación a su plenario. El apartamiento del poder de Rousseff por al menos 180 días, como lo establece la ley, era ya muy visible.
Pero, por si algún capítulo le faltaba a esta novela, el lunes pasado Maranhão invalidó las votaciones de la Cámara y aseguró que el ‘Impeachment’ debía parar. Acto seguido, Renan Calheiros lo ignoró y afirmó que el proceso seguía. La defensa de Rousseff apeló al cumplimiento de lo mandado por Maranhão, pero el silencio del STF le dio la razón a Calheiros. El martes, la defensa intentó otro recurso, pero el STF dejó pasar las horas.
Rousseff siempre ha dicho que quienes la juzgan no tienen autoridad moral para hacerlo. Puede tener razón. Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61 por ciento de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento. En la Cámara, el número es aún mayor.
REDACCIÓN INTERNACIONAL