La masacre de San Carlos de Guaroa en el departamento del Meta, ocurrió el 3 de octubre de 1997 cuando a una comisión integrada por miembros de la Fiscalía, del CTI, del extinto DAS, de la Procuraduría y miembros del Gaula del ejército pertenecientes a la brigada VII fueron emboscados por grupos paramilitares, luego de terminar una diligencia judicial de extinción de dominio al presunto narcotraficante Gustavo Soto García.
En la emboscada fueron asesinados los funcionarios de la Fiscalía Carlos Degly, José Noel Nossa, Aldemar Manchola y Luis Fernando; Jorge Alberto Socotá, funcionario de la Procuraduría; Otto Ruiz Pérez miembro del DAS, delegado ante el Gaula del Ejercito; Mayor Juan Carlos Figueroa, el Sargento Ricardo Ruperto Guarnizo; y los soldados Jorge Alonso Arévalo, Artidoro Vasallo, Aldier Castro, José Luis Castro y 14 heridos
Por estos hechos la Procuraduría retiró del Ejército e inhabilitó para ejercer funciones públicas al entonces comandante de la VII Brigada, General Jaime Humberto Uscátegui, argumentando omisión por haber negado el apoyo militar a la comisión para realizar dicha diligencia.
Posteriormente, la Fiscalía 101 especializada de Derechos Humanos y Derecho Intenacional Humanitario decidió precluir la investigación a favor del General (r) Uscátegui Ramírez.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo apeló la decisión y la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la preclusión a favor del también implicado, coronel Luis Felipe Molano, pero se declaró incompetente para pronunciarse sobre la preclusión de la investigación sobre el General Uscátegui por tener Fuero Constitucional.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre la preclusión de la investigación al General Uscátegui, aclarando que los hechos ocurridos en San Carlos de Guaroa constituyen un Crimen de Lesa Humanidad y que el General Uscátegui no está amparado por fuero constitucional, además faculta al despacho de la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá para resolver el recurso y revocar la preclusión de la investigación.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo anunció que solicitará a la fiscal 101 que se declare impedida para continuar con las investigaciones, “toda vez que bajo el criterio de la fiscal proseguir con esta investigación resultaría infructuoso”.
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