Acuerdo especial y plebiscito

Acuerdo especial y plebiscito

No serán los hechos jurídicos, sino las expresiones políticas las que blindarán el acuerdo de paz.

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10 de mayo 2016 , 06:39 p. m.

No serán los hechos jurídicos, sino las expresiones políticas las que blindarán el acuerdo de paz. La innovación jurídica de hoy siempre podrá ser superada por la creatividad de las mentes legales de mañana.

La completa seguridad jurídica para el acuerdo de La Habana no pasará de una quimera. Un gobierno hostil a la paz negociada siempre podrá encontrar una manera de dar marcha atrás en el plano legal. Podría no resultarle tan fácil en el político.

En toda lógica, las Farc tienen razón en pedir algo de garantías jurídicas. Si las Farc incumplen, la Fuerza Pública está lista para retomar la guerra en defensa de los colombianos; si el Estado lo hace, ¿qué podrá hacer una guerrilla desarmada? De retornar al Gobierno, el uribismo podría borrar de tajo en la legislación interna los términos pactados y de ahí la preocupación de las partes por dejar huellas internacionales.

Son varias las opciones para darle al acuerdo de La Habana algún rango internacional: su inclusión en un tratado entre Colombia y los Estados garantes o en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su adopción como una declaración unilateral de Colombia que asuma los términos pactados como obligaciones internacionales y su depósito ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en tanto acuerdo especial de los Convenios de Ginebra.

Nada lo blinda del todo. Un tratado puede ser denunciado; una declaración, revocada; y ante un depósito se puede gestionar un retiro. Cierto, estas acciones internacionales elevan los costos de un rompimiento para el Estado. Pero nada más. Solo se podrá, desde el derecho, proporcionar mayor estabilidad. El resto depende de las realidades políticas.

El exfiscal general Eduardo Montealegre le pidió a la Corte Constitucional no solo que considere lo pactado en La Habana como “un acuerdo especial”, a la luz del derecho internacional humanitario, sino que también lo declare, “por desarrollar obligaciones del derecho internacional humanitario”, parte del “bloque de constitucionalidad” sin más.

El otorgamiento de la categoría de acuerdo especial a lo convenido en La Habana parece un hecho. Es tal el apoyo al proceso de paz fuera de Colombia que el mismo CICR abrió la puerta a este camino. En un comentario reciente, preparado a todas luces para la situación colombiana, afirmó que un acuerdo de paz puede constituirse en especial si incluye cláusulas humanitarias. Se trata de un ejemplo claro de la expansión de las fronteras del derecho internacional ante las demandas de un contexto político.

Lo controvertido de la propuesta de Montealegre no está en la insistencia en el acuerdo especial, sino en la vía expedita de incorporación del acuerdo de La Habana en la Constitución, que daría pie a obviar el plebiscito.

Mal harían las partes en La Habana en dar la espalda a la refrendación. Solo una manifestación contundente en las urnas daría irreversibilidad a los compromisos asumidos. Mostraría la voluntad de paz de los colombianos y, con gran dificultad, actores internos e internacionales podrían actuar contra ella. Los gobiernos, las organizaciones multilaterales y los tribunales nacionales e internacionales escuchan los consensos políticos de la ciudadanía.

Quizás las Farc no se han dado cuenta, pero el respeto de la seguridad jurídica no resultó una característica nacional. La protección del proceso de paz se hace desde la política. El acuerdo especial bajo los Convenios de Ginebra no nos puede llevar a renunciar al plebiscito. El blindaje del acuerdo de La Habana depende del SÍ.


Laura Gil

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