Colombia es una sociedad diagnosticada. Se ha analizado, por ejemplo, por qué no funciona nuestro sistema de salud, se ha medido la tasa de natalidad y calculado el número de abortos clandestinos por año, se tienen porcentajes de deserción escolar, ya está descrita en todas sus facetas la ineficiencia del Estado en la prestación de los servicios públicos, se sabe cuánto necesitaría la administración de justicia para estar adecuadamente dotada y, en general, se han cuantificado tanto las carencias como el despilfarro de nuestro mal desarrollo.
Las anteriores palabras no son mías ni fueron escritas ayer. Es la transcripción del párrafo con el cual María Teresa Herrán empezaba su libro '¿La sociedad de la mentira?', publicado en 1986 por Oveja Negra. En ese pequeño volumen, esta abogada y periodista hacía una documentada radiografía de esa propensión colombiana no solo a mentir, sino a aceptar la mentira como parte de nuestro modo de vida, como un sello de nuestra nacionalidad.
A lo largo de 248 páginas, María Teresa explicaba con datos precisos, ejemplos dicientes y testimonios autorizados de muchas fuentes cómo la mentira había permeado todas las capas de la sociedad y se había acomodado en nuestra cotidianidad, sin que a nadie le importara ni le pareciera un problema.
Al repasar esta obra –ilustrada con magistrales viñetas de Alfredo Garzón– se puede colegir que el engaño ha sido el pan nuestro de cada día y que de esa práctica no se salvan las instituciones civiles, militares ni eclesiásticas. Ni tampoco eso que con tanto bombo llamamos la ‘sociedad civil’, muchos de cuyos más connotados representantes se benefician directamente de la falacia en todas sus formas y, desde luego, para su propia conveniencia.
Tres décadas después de su publicación, es asombrosa la vigencia que conserva este librito –lo digo con cariño–, que, sin temor a equivocarme, podría verse como el primer documento serio elaborado en nuestro país que toca eso que hoy conocemos como la corrupción intelectual.
A muchos personajes públicos, dirigentes políticos, líderes empresariales y figuras mediáticas –incluidos numerosos periodistas– se les llena la boca hablando contra la corrupción típica. Con su pose de superioridad moral, aquellos señalan y piden las cabezas de los que se lucran de los dineros públicos: la plata de los acueductos, las regalías del petróleo, el recaudo de los impuestos, los fondos de los alimentos escolares...
Sin duda, es execrable y es válido que nos parezca inadmisible el saqueo del erario a nivel nacional y a nivel local; en la capital del país o en las regiones. Sin embargo, también tenemos que rechazar la corrupción intelectual, de la cual poco se habla; tal vez porque es más sutil, porque se ejerce con guante blanco, porque compromete a ‘gente divinamente’ que no se expone, así sus actuaciones estén a la vista de todo el mundo.
Si en términos tradicionales los corruptos son esos funcionarios que se aprovechan de su cargo o investidura para obtener un provecho personal, ¿qué decir de aquellos personajes públicos o particulares que, valiéndose de su posición, predican pero no aplican? ¿Cómo calificar a los políticos que enarbolan banderas en las que no creen, pero que les dan réditos electorales? ¿Cómo definir a esos periodistas convertidos en solapados correveidiles de candidatos o empresarios amigos? ¿En qué categoría quedan esos dirigentes gremiales que no se preocupan por el bienestar de sus sectores, sino por su beneficio particular?
Todos estos son apenas una pequeña muestra de la corrupción intelectual, que es la raíz de todas las otras formas de descomposición ética y social que azota a nuestro país y que nos afecta a todos, así insistamos en mirar para otro lado.