Los efectos del vaivén en el proceso a Dilma Rousseff en Brasil

Los efectos del vaivén en el proceso a Dilma Rousseff en Brasil

Este martes, el Gobierno brasileño anunció que pedirá a la Corte Suprema que anule el proceso.

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10 de mayo 2016 , 12:08 a.m.

El anuncio sobre que el Gobierno brasileño, a través de la Abogacía General del Estado, pedirá a la Corte Suprema que anule el proceso que busca destituir a la presidenta Dilma Rousseff, agrava la ya crítica situación política en ese país.

La petición se da un día antes de que el juicio político sea votado en el Senado y momentos después de que el presidente interino de la Cámara Baja, Waldir Maranhao, se retractara en su posición de anular la votación parlamentaria que abrió la puerta al proceso destituyente contra Rousseff. (Lea también Fracasó intento por frenar el juicio político contra Dilma Rousseff)

Maranhao había admitido una demanda de la Abogacía General del Estado, que actúa como defensa de Rousseff, e inicialmente declaró nula la votación del pasado 17 de abril en la Cámara Baja en la que se aceptaron las denuncias contra la jefa de Estado. Esta medida, la primera que toma desde que sustituyó a Eduardo Cunha, cuyo mandato fue suspendido por el Tribunal Supremo el pasado jueves, se apoyaba en "vicios" incurridos durante el trámite, como la anticipación del voto por parte de algunos parlamentarios o la decisión de algunos partidos de orientar a sus miembros.

El presidente del Senado, Renan Calheiros rechazó la decisión de Maranhao al considerarla "intempestiva" y "sin cabida", por lo que determinó la continuidad del proceso, resolución que coincidió justo con el final de la jornada bursátil. (Brasil está 'ad portas' de un nuevo gobierno)

Sin embargo, finalmente Maranhao reculó en su decisión y dijo que retiraba su pedido de declarar inválida la votación.

Y aunque Calheiros todavía debe confirmar si se mantiene la sesión de votación del miércoles, todo parece indicar que, de momento, el futuro de Rousseff pasará por las manos de 81 senadores que decidirán por mayoría simple si se abre el juicio político con fines de destitución contra la mandataria.

Los pasos

Si la Cámara Alta se inclina a favor del proceso, Rousseff deberá apartarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio, lapso en el cual será sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien terminaría el mandato hasta el pimero de enero de 2019 si la presidenta es finalmente depuesta.

Justo cuando se piensa que se perdió la capacidad de asombro dentro de la crisis brasileña viene una nueva sorpresa.
Con Rousseff prácticamente apartada del poder, la línea de sucesión se convierte en un tema clave. El vicepresidente Michel Temer asumiría el gobierno tan pronto el Senado la suspenda y, si Rousseff es finalmente hallada culpable, terminaría su mandato, que culmina en el 2018.

Temer fue mencionado por Amaral como uno de los participantes de la trama de corrupción en Petrobras. Y una corte de São Paulo lo condenó por violar las leyes de financiamiento de campaña, lo que podría impedirle presentarse a elecciones por ocho años, lapso que incluye los comicios de 2018. (Partido opositor de Brasil no sabe si entraría a un gobierno interino)

Con Temer presidente, el siguiente en la línea de sucesión era Eduardo Cunha, hasta el jueves pasado presidente de la Cámara de Diputados, pero suspendido por la Corte Suprema por obstruir una investigación en su contra. Lo sustituyó interinamente su aliado Waldir Maranhao, que también es investigado por corrupción en la causa Petrobras. Sigue Calheiros en la lista, el propio presidente del Senado blanco de varios escándalos.

¿Mejorarán las cosas?

Analistas consideran que la suspensión del hasta ahora intocable Cunha por parte de la Corte Suprema es un hito. Pero aunque sube el número de corruptos que van a la cárcel, los que están aún libres pueden sentirse tranquilos con la historia de otro senador, Fernando Collor de Mello. Hijo de otro senador, Collor fue presidente entre 1990 y 1992, cuando renunció antes de ser destituido por un proceso de destitución acusado de corrupción. Perdió sus derechos políticos por ocho años, pero en 2006 fue elegido senador.

A pesar de haber sido investigado por el caso Petrobras el año pasado -la policía le confiscó asimismo un Ferrari, un Porsche y un Lamborghini de su casa-, aún integra la cámara alta. Y esta semana, será uno de los 81 hombres y mujeres que decidirá el destino de Rousseff.

Lo que vendrá

Para la oposición, el maquillaje fiscal que se supone que Rousseff conocía y aprobó, supone un "crimen de responsabilidad", uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso. El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el "impeachment" contra Rousseff es un "golpe de Estado". (Lea además El inesperado paso de aliado a opositor del vicepresidente de Brasil)

En un contexto de crisis económica y con un Gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, todo este capítulo contra Rousseff puso en apuros a la presidenta a fines del pasado año quien ha perdido gobernabilidad.

Las vacaciones navideñas calmaron los ánimos de sus señorías, pero en febrero el clima político volvió a calentarse con multitudinarias movilizaciones contra el Gobierno mientras crecía la indignación por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del "Lava jato", conducida por el juez Sergio Moro. Políticos, empresarios, funcionarios e incluso el expresidente Lula están en la mira de Moro.

La situación para Lula y Rousseff se complicó aún más con el nombramiento del expresidente como ministro, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar al exmandatario y alejarlo de la órbita de Moro.

En Brasil casi nadie duda de que el juicio político prosperará. Mientras, la presidenta, que ha empezado a hablar en tono de despedida, defiende su inocencia y asegura que no renunciará para "no enterrar la prueba viva del golpe".

Las consecuencias de la posible suspensión de Dilma Rousseff son insospechadas, y más teniendo en cuenta que el gigante suramericano hace parte de las 10 economías grandes del mundo que ha visto cómo su producto interno bruto registró una fuerte caída de 3,8 por ciento en el 2015 y para este año se proyecta una caída similar.

También se prevé que las investigaciones por corrupción de prominentes figuras de la política nacional y empresarios enrarezcan la que de ahora en adelante se planteará como una campaña política llena de ataques desde todos los flancos para quienes aspiren a dirigir el país a partir del primero de enero del 2019.

Con EFE y AFP

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