En medio de las denuncias hechas por proveedores de servicios del municipio de Tibú, en Norte de Santander, sobre las deudas que algunas firmas contratistas de Ecopetrol habrían dejado en esa población luego de haber salido de la zona tras la liquidación de sus contratos, la estatal petrolera señaló que viene realizando gestiones de seguimiento y acompañamiento, para en lo posible lograr la recuperación de esas acreencias.
Ecopetrol aclaró que entre las compañías contratistas y sus proveedores existe una relación jurídica de carácter privado, en la cual la empresa no participa, sin embargo, ha efectuado esas gestiones, que en los últimos diez meses contribuyeron a recuperar acreencias por más de 8.600 millones de pesos.
Según la entidad, este seguimiento inició en marzo de 2015 cuando la Oficina de Participación Ciudadana de Ecopetrol conoció alertas tempranas por posibles incumplimientos que instauraron algunos proveedores de la región.
Ecopetrol precisó que los contratistas desarrollan sus actividades con autonomía administrativa y técnica, y por tanto, sus relaciones comerciales están amparadas jurídicamente en caso que se presenten discrepancias contractuales.
“Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratistas con sus proveedores, Ecopetrol incluyó en los contratos cláusulas que le permiten hacer seguimiento, control y vigilancia de los compromisos comerciales, de tal manera que la Empresa podría eventualmente efectuar giros directos cuando existan saldos a favor”, explicó en un comunicado la estatal.
Añade el documento que lo anterior se realiza con la previa validación de la inexistencia de embargos, cesiones de derechos económicos o alguna otra restricción legal, como encontrarse en proceso de reorganización empresarial por insolvencia o liquidación; situaciones que presentan algunas empresas que tienen actualmente moras en sus pagos.
De acuerdo con ello, la petrolera viene desarrollando labores administrativas de seguimiento y acompañamiento a los proveedores locales con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones de las empresas Graciela Tarazona González, Mesan, Holsan, Consorcio I21, Tradeco y Beta Oil.
La denuncia de los proveedores de Tibú, entre los que figuran empresas locales de montaje de tuberías, transporte en volquetas, ferreterías, hoteles, restaurantes, entre otros negocios, señala que el monto aún pendiente se acerca a los 2.300 millones de pesos.
CÚCUTA