El Estado se librará de entidades que no sean de interés público

El Estado se librará de entidades que no sean de interés público

Este es un nuevo paso para lograr acceder a la Ocde. Minhacienda empezaría a más tardar en agosto.

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10 de mayo 2016 , 06:29 a.m.

"El Gobierno Nacional no debe mantener la propiedad sobre activos cuyos rendimientos son bajos, negativos o que no cumplen con los objetivos de la propiedad estatal. Cuando esto suceda, es necesario que el sector público se desvincule de su participación accionaria en dichas empresas para enfocar los recursos en inversión social con un mayor retorno para la sociedad”.

Así lo señala el documento Conpes 3851, cuyas primeras tareas deberán estar listas en junio próximo, y que hace parte del interés del país por ingresar a la Ocde.

La idea es que el Gobierno diseñe, coordine y ejecute actividades de enajenación, democratización de capital, adquisición, fusión, escisión, entre otras, asociadas a la gestión del portafolio de participaciones estatales. Cuando la inversión pública sea pequeña, es necesario realizar estudios sobre la conveniencia de mantener esas participaciones minoritarias. Este trabajo de depuración debe estar listo en el primer trimestre del 2017. Las inversiones accionarias que no superen el 10 %, si dichas participaciones no han sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la nación, deberán trasladarse al Cisa. El Ministerio de Hacienda reglamentará tal decisión en el primer semestre de 2016.

El documento Conpes señala que si los intereses del Estado en una de sus empresas son únicamente de rentabilidad comercial, esto debe quedar explícito en su declaración de objetivos. Igual sucederá cuando los intereses sean netamente de desarrollo de política pública.

Nueva entidad

El Gobierno tramitará ante el Congreso de la República la creación de una nueva entidad nacional encargada de ejercer de manera centralizada las funciones de propiedad para todas las empresas del Estado actuales o creadas con posterioridad.

La nueva institución deberá tener autonomía administrativa y presupuestal, y representará a la Nación en todas sus participaciones estatales (salvo las empresas excluidas por realizar actividades asociadas a la seguridad nacional).

ARCHIVO PORTAFOLIO.CO


Será responsabilidad del Gobierno establecer la naturaleza legal y el código de gobierno corporativo de la entidad, así como garantizar que esta tenga los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para adelantar sus funciones de manera idónea. “La entidad nacional de empresas estará encargada de ejercer las funciones de propietario del orden nacional, implementando la política de propiedad consignada en este documento”.

Durante el plan piloto, los ministerios y departamentos administrativos mantendrán su autonomía en el ejercicio de la propiedad sobre sus empresas actuales.

La nueva dirección general deberá evaluar el portafolio actual de participaciones de ese Ministerio y establecer una estrategia global que busque mejorar la eficiencia de los recursos invertidos, de acuerdo con los objetivos generales de propiedad estatal que desarrolla o no cada empresa.

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El documento Conpes aprobado establece las razones por las que el Estado mantiene propiedad sobre algunas empresas:

1. Participar en sectores estratégicos para la economía y el desarrollo del país.

2. Adelantar política de desarrollo productivo.

3. Resolver fallas y distorsiones de mercado.

4. Crear mercados ausentes pero necesarios.

5. Proveer servicios públicos y sociales en casos donde el mercado no los provea satisfactoriamente o por consideraciones de seguridad nacional.

6. Mantener participaciones accionarias de alta rentabilidad como fuente de ingresos fiscales.

La dirección general gestionará el sistema de monitoreo y liderará la preparación y publicación anual del reporte sobre el desempeño de las empresas del Estado.

Compromisos en la nueva estrategia de manejo de la propiedad estatal

Al 31 de diciembre de 2019, se espera que la implementación de la política llegue al 100 %, dando cumplimiento a las siguientes acciones:

Ejecución de al menos el 15 % de las actividades de enajenación, democratización de capital, fusión, capitalización y demás operaciones establecidas en la estrategia global de activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ejecutar actividades de entrenamiento para todos los miembros de junta directiva nominados por el Gobierno Nacional.

Elección de al menos 50 % de los nuevos miembros de junta elegidos por Ministerio de Hacienda.

Radicación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley que elimine los requerimientos legales para la participación directa de ministros en juntas directivas.

Radicación en el Congreso de un proyecto de ley para crear la entidad nacional de empresas estatales, en la cual se centralice el ejercicio de la propiedad para todas las empresas con participación accionaria de la Nación. Realización de cambios de naturaleza legal al 30 % de las empresas estatales para las cuales el estudio del DAFP concluya que son necesarios.

Efectuar los cambios administrativos, regulatorios o de ley en los asuntos presupuestales, de vigencias futuras, de endeudamiento y cambios de planta que se concluya sean necesarios con base en los estudios previamente realizados.

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