Cinco años después de que la Fiscalía le imputara cargos a los promotores del referendo reeleccionista del expresidente Álvaro Uribe, el ente acusador pidió que se precluya uno de los delitos por los que estaban en juicio el excongresista Luis Guillermo Giraldo y el exrepresentante legal de la asociación Primero Colombia, Carlos Alberto Jaramillo.
El viernes pasado la Fiscalía y la Procuraduría le manifestaron al juez del caso que ya no era posible seguir el juicio contra Giraldo y Jaramillo por el delito de fraude procesal, que tiene una pena máxima de ocho años. Los hechos investigados sucedieron entre 2007 y 2008 y legalmente los términos están vencidos, por lo que ya no es posible juzgarlos por ese cargo.
La investigación se inició en febrero del 2010 cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional el referendo que buscaba la segunda reelección del presidente Uribe. En el fallo la Corte señala que hubo irregularidades en la financiación de la campaña y que se gastó hasta seis veces más plata de lo permitido.
Ante la petición de preclusión el juez levantó la diligencia y citó para el próximo 20 de junio, cuando dará a conocer su decisión. De ser aceptado el recurso Giraldo y Jaramillo seguirían en juicio solo por falsedad en documento. Sin embargo, el juez también tendrá que resolver la solicitud de la defensa de Giraldo que pidió que además se precluya ese cargo con lo que el juicio terminaría.
El abogado David Espinosa, que defiende a Giraldo, sostuvo que su cliente no cometió ningún delito, pero que la Fiscalía le imputó el cargo de falsedad en documento público cuando todos los documentos para sustentar el referendo eran privados, por lo que también se habría vencido el plazo para juzgar ese cargo.
“Lamentablemente las dilaciones de la Fiscalía llevaron al vencimiento de ese cargo y no se pudo demostrar en juicio que mi cliente no cometió ese delito”, dijo Espinosa.
El caso ha estado lleno de tropiezos y aunque inicialmente eran nueve los procesados solo quedan dos en juicio. En abril del 2013 un juez ya había cerrado el proceso contra 7 de los promotores acusados de dos delitos por no haber cumplido con sus deberes de control a ese proceso. El juez consideró que no hubo delito.
Según la acusación de la Fiscalía la asociación Primero Colombia gastó más de 2.000 millones de pesos para la convocatoria del referendo, cuando la suma autorizada por el Consejo Electoral era de 335 millones de pesos.
Además, según las investigaciones, el monto máximo de aportes que podía invertir cada una de las personas que quisieran apoyar la campaña era de un poco más de 3 millones y la Registraduría emitió un concepto en el que se evidenció que los aportes individuales habían sido superiores a los permitidos por la ley.
En el fallo de la Corte que tumbó la reelección, los magistrados señalaron que “toda la actuación (del Comité Promotor) fue dirigida a burlar los principios legales y constitucionales” y a encubrir el “uso de recursos ilimitados” en favor de la campaña.
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