Presión sobre CNE para que se pronuncie sobre revocatorio de Maduro

Presión sobre CNE para que se pronuncie sobre revocatorio de Maduro

Oposición pide agilizar el conteo para seguir con el proceso. Convocan a marcha para este miércoles.

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09 de mayo 2016 , 09:42 p.m.

Cumplidos los cinco días para el conteo de las primeras firmas, establecidos en el reglamento para los referendos revocatorios en Venezuela, la oposición se prepara para marchar hacia las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), en vista de que el organismo no ha dado respuesta sobre el número de firmas recogidas ni sobre los puntos para su “validación”.

De este modo busca presionar a la directiva comicial para continuar con el proceso. El anuncio lo hizo el gobernador de Miranda y vocero por la unidad opositora Henrique Capriles Radonski, quien afirmó en su programa en la estación de radio 'RCR': “Si el CNE no dice hoy (lunes) para ir a la siguiente etapa (…) hacemos una convocatoria para que el próximo miércoles nos movilicemos para exigir respeto al reglamento y los lapsos”.

La norma para los referendos revocatorios establece que el ente comicial tiene cinco días continuos para contabilizar las firmas correspondientes al uno por ciento del Registro Electoral que conformarían la “agrupación de ciudadanos” que solicitan activar la consulta popular, plazo que se cumplió el sábado, pero se esperaba la respuesta para este lunes.

Sin embargo, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró la semana pasada que darían la respuesta “entre lunes y martes”.

La norma señala que al quinto día las autoridades electorales deben comunicar, además del número de firmas contadas, los puntos adonde, durante otros cinco días –esta vez hábiles–, deben ir los firmantes a “validar” su rúbrica dando sus datos personales y estampando su huella dactilar.

“Ese proceso debe iniciarse ya, no hay otros lapsos, señora Lucena”, enfatizó Capriles aludiendo directamente a la presidenta del CNE, quien la semana pasada anunció que la institución asumirá el proceso con seriedad, pero también con “calma y tranquilidad”.

Muchos en Venezuela interpretaron estas declaraciones de Lucena como una tentativa para modificar el reglamento. El gobernador mirandino destacó que el artículo 51 de la Constitución venezolana ordena a las instituciones del Estado a dar respuesta “oportuna” a los solicitantes de sus servicios.

Pero al final de la tarde del lunes, ninguno de los rectores del CNE se había pronunciado respecto al número de firmas, que en este caso no debe ser menor de 196.000. La oposición está confiada de haber logrado ese requisito, pues asegura haber entregado al ente comicial al menos 1,8 millones de rúbricas el lunes pasado, aunque lograron recopilar hasta 2,5 millones.

En Caracas, la marcha anunciada por Capriles comenzará en la zona de Bello Monte y aspira llegar a la sede principal del CNE ubicada en el centro de la ciudad, donde últimamente simpatizantes del Gobierno han atacado con golpes y pedradas a periodistas, diputados y líderes políticos de la oposición que se han acercado a hacer exigencias y diligencias relacionadas con el revocatorio.

“La movilización es para exigir respeto a la Constitución y a las normas, para que den respuesta sobre el proceso del revocatorio. Para que la Constitución no sea letra muerta. El revocatorio es la vía para dar solución a la crisis que vivimos los venezolanos. No vamos aceptar burlas ni chantajes. No podemos permitir ningún cambio en las reglas del juego, porque no podemos tomarnos la crisis, como dice la señora Lucena, con la mayor tranquilidad. El país no está para tomarse las cosas con tranquilidad”, concluyó el gobernador.

El pulso sobre el revocatorio ocurre en un escenario político una vez más recalentado, en tanto que se espera la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre una solicitud hecha por diputados del chavismo para que anule las tres últimas sesiones de la Asamblea Nacional, que califican como “ilegales”. Ello sobre la base de otra sentencia del mismo tribunal, emitida hace dos semanas, en las que recorta competencias a la directiva del parlamento –de mayoría opositora– como la de restringir los derechos de palabra y supedita la aprobación de leyes al visto bueno del Poder Ejecutivo, al que habilita para pronunciarse sobre la “viabilidad económica” de las leyes.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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