Elevar a categoría de ley el suministro de “sustancias psicoactivas” a los adictos que estén en rehabilitación es lo que busca un proyecto de ley radicado por el uribismo.
La iniciativa, de autoría del representante a la Cámara por el Centro Democrático Samuel Hoyos, lleva también la firma del jefe máximo de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, reconocido defensor de la lucha contra las drogas.
Según lo propuesto, el Estado suministraría, “de manera gratuita y decreciente, sustancias psicoactivas o estupefacientes en el curso de un tratamiento médico de rehabilitación a los pacientes”, cuando este proceso así lo requiera.
La propuesta apunta a generar una intensa polémica en el Congreso, dada la posición del uribismo en otras iniciativas legislativas como la que busca regular el uso de la marihuana medicinal.
El mismo Uribe manifestó –hace apenas cinco meses– que esa hierba “no es inocente”, y trajo a colación un estudio hecho en Estados Unidos en el que, según él, “hay un enorme crecimiento del consumo” de marihuana y “la gran preocupación es que un porcentaje muy importante de los consumidores” de ella “mute hacia drogas todavía más peligrosas”.
Sin embargo, el representante Hoyos, autor del proyecto de ley del uribismo, dijo que la propuesta es “coherente con lo que dice el expresidente, y es que al adicto hay que tratarlo como un enfermo y no como un criminal”.
Los Camad
La propuesta de Hoyos y Uribe es similar a la que hizo en el 2012 el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que se tradujo en los centros de atención móvil para drogodependientes (Camad).
Aunque la idea inicial era que estos centros suministraran estupefacientes a los adictos en proceso de rehabilitación, varios de ellos terminaron siendo sitios en los que estas personas eran atendidas médica y odontológicamente.
La médica especialista en salud pública Elizabeth Beltrán, quien lideró varios de estos Camad (entre ellos uno en el sector del ‘Bronx’, en Bogotá), dijo que en teoría “al hacer un cambio en el patrón de consumo” a otro tipo de sustancia “se podría mejorar la calidad de vida” del adicto.
Para la experta, antes de reglamentar esta clase de tratamientos se deben analizar estudios especializados en el tema, como los hechos en países de la región como Brasil o Uruguay.
Dosis mínima
Otro tema polémico que contiene el proyecto de ley del uribismo es la regulación de la dosis mínima que se pueda portar.
Según Hoyos, esto reduciría el microtráfico, y los jíbaros no se ampararían en “el consumo personal”.
“Un traficante puede tener medio kilo de cocaína y decir que es para consumo personal, y no puede ser judicializado. Con la regulación, las autoridades podrán tener un criterio mínimo para combatir el microtráfico”, dijo el congresista.
La dosis mínima sería determinada, según el proyecto, por el Gobierno.
Y finalmente se busca meter en cintura a quienes ejerzan algunas profesiones u oficios, “de trascendencia social o potencial peligro para terceros”, bajo el efecto de estupefacientes.
Se harían exámenes “periódicos o aleatorios” a servidores públicos, profesores, policías y militares (por la manipulación de armas de fuego), operarios de maquinaria pesada, conductores y pilotos.
Aunque el proyecto acaba de ser radicado, desde ya promete ser objeto de controversia en el Congreso, que tendrá la oportunidad de sentar una posición clara sobre el manejo de las drogas en el país.
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