El poder oculto del chatarrero asesinado en Envigado

El poder oculto del chatarrero asesinado en Envigado

A cabeza del desfalco de la Dian le incautaron una mina de caliza que fue negociada por Cemex.

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07 de mayo 2016 , 06:08 p.m.

Las autoridades creen que José Aldemar Moncada Moncada, el millonario empresario de la chatarra asesinado por sicarios hace dos semanas, estaba preparando un plan para evadir los 8 años que le quedaban de cárcel por defraudar a la Dian en más de 36.000 millones de pesos.

Por eso se le había ordenado a varios policías que custodiaran el Hospital Manuel Uribe Ángel, donde Moncada, de 48 años, se recuperaba de las heridas de bala que, el 14 de abril, le propinaron dos sicarios en un local de comidas de Envigado, Antioquia.

La hipótesis de la fuga la reforzó el hecho de que el día del atentado llevaba la cédula de un tercero. Además, había movido varios hilos jurídicos para gozar de detención domiciliaria, a pesar de ser uno de los cerebros de la red que defraudó a la Dian, en más de 300 mil millones de pesos, a través de falsas devoluciones del IVA.

(Además: En Envigado mataron a 'zar' de desfalco con chatarra)

Las otras cabezas son Blahca Jazmín Becerra y James Arias, el ‘zar de la chatarra’, que le confesó a EL TIEMPO que Moncada era uno de sus principales proveedores.

A pesar de eso, la defensa de Moncada logró que la Corte Suprema abogara para que lo enviaran a su casa. Aunque los magistrados Leonidas Bustos, Eugenio Fernández y Patricia Salazar negaron una tutela de amparo, ordenaron que se le concediera el beneficio aduciendo grave amenaza a su salud e integridad, al padecer diabetes mellitus tipo 2 y riesgo cardiovascular, entre otras dolencias.

Con esa patente, Moncada, oriundo de Támesis (Antioquia), se fue a vivir solo a Cartagena y se negó a regresar a Envigado a pesar de que, en marzo pasado, su hermana Luz Mery y el esposo murieron en extrañas circunstancias: encerrados en un sauna, con la chapa y el termostato trabados.

La mina de Cemex

Moncada también renunció a defenderse en el proceso de extinción de dominio contra 439 bienes, tasados inicialmente en más de 24.000 millones de pesos, unos 8 millones de dólares.

Tenía edificios, apartamentos y casas en Bogotá, Medellín, Duitama, Bucaramanga, Cúcuta e Itagüí; una inmobiliaria, 65 automotores y 10.000 metros cuadrados de tierra ubicadas en Caldas, Antioquia.

Pero su fortuna se podría triplicar por cuenta de una mina de caliza ubicada en el municipio de Maceo (Antioquia), cuyo título le pertenece a C. I. Calizas y Minerales S. A., que también le fue incautada y que hoy está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que reemplazó a la liquidada Dirección de Estupefacientes.

“La mina tiene un valor incalculable. Y aunque él aparece como accionista, están tratando de desvirtuar esa condición”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Según allegados al chatarrero, buena parte del dinero que le robó a la Dian terminó invertido en la mina cuya explotación permitirá producir un millón de toneladas de cemento al año. Incluso se alcanzó a importar una trituradora de la China para su explotación.

Por eso, en una audiencia de conciliación con la Fiscalía, Moncada pidió que con la mina se pagara parte del dinero que le robó a la Dian y que las aseguradoras no quieren reconocer. De hecho, el día que lo balearon, había asistido a una de esas audiencias.

(Lea aquí: La polémica detención domiciliaria al 'zar' del desfalco a la chatarra)

El lío con este megabien es que el 12 de agosto de 2012, un mes antes de que Moncada fuera condenado, la multinacional mexicana Cemex firmó un principio de acuerdo con la familia Ochoa Restrepo, los dueños originales de la mina, para comprar el título, los terrenos donde está la veta y la zona franca que se constituyó en el lugar.

Según le dijo a EL TIEMPO Camilo González, representante legal de Cemex Colombia, la cementera desembolsó siete millones de dólares de los 22 millones que pactó pagarle a los Ochoa Restrepo. Sin embargo, el negocio quedó congelado tras la incautación de C. I. Calizas y Minerales.

Y aunque en el ‘due diligence’ o investigación previa que hizo la cementera apareció Moncada como socio de la empresa, los Ochoa les aseguraron que los cerca de mil millones de pesos que el sujeto había invertido le habían sido devueltos y que él retornó el 20 por ciento de acciones que tenía en la compañía.

“Tenemos entendido que el señor Moncada salió del negocio desde el 2010 y el acuerdo con nosotros se firmó en el 2012”, explicó el vocero de la cementera.

Por eso Cemex se hizo parte dentro del proceso de extinción de dominio, le pidió a la Fiscalía que cuantificara cuánto invirtió Moncada en el negocio y solicitó que le dejaran constituir un depósito por ese monto, para levantar las medidas cautelares sobre el bien.

Pero la Fiscalía, que investigaba a Moncada desde el 2009 y que lo detuvo en febrero de 2012 (antes del acuerdo con Cemex), negó esa pretensión. Dijo que primero debe establecer si la salida del chatarrero del negocio es real y a cuánto ascendió su inversión con dineros ilícitos.

Un millón al mes

Mientras esto se define y alegando derechos adquiridos, Cemex le pidió a la vieja Estupefacientes que le arrendara los terrenos donde está la mina (422 hectáreas) y le permitiera, a futuro, explotarla. Con el argumento de que no se puede permitir que los bienes se deprecien, accedieron a la oferta y ahora Cemex paga un millón de pesos de arriendo al mes.

Bajo esas condiciones, la multinacional empezó a construir la planta cementera y ya ha invertido 150.000 millones de pesos.

“Sabemos que es un riesgo, pero el potencial económico es altísimo y el proyecto es de gran envergadura. Si los bienes son devueltos a la familia Ochoa culminaremos el negocio. Si son extinguidos, entraremos a negociar con el Estado”, le explicó a EL TIEMPO el representante de Cemex.

Por otra parte y para aclarar el crimen, la Fiscalía rastrea los mensajes que llegaron al celular de Moncada poco antes de que fuera acribillado. Uno de sus allegados negó que fuera a huir del país y dijo que incluso estaba estudiando una segunda carrera para obtener rebaja de la pena, porque no firmó ningún acuerdo de colaboración ni era testigo contra nadie.

“La otra cédula que tenía era del hermano, era cierto que tenía graves problemas de salud, pero es falso que estuviera pensando testificar contra otros implicados”, explicó el allegado.

Se intentó conocer la versión de la familia Ochoa Restrepo, pero su vocero no respondió los mensajes.

La extraña muerte de dos de sus familiares

El 21 de marzo, en un conjunto residencial de la Loma del Escobero, en Envigado, una hermana y el cuñado de José A. Moncada murieron tras quedar atrapados en el sauna. Las víctimas fueron identificadas como Luz Mery Moncada, de 46 años, y su esposo Ramón Eduardo Rodríguez, de 70, quienes según el dictamen forense sufrieron quemaduras en la laringe, el esófago y los pulmones, tras permanecer encerrados 4 horas en el sauna. Las autoridades establecieron que no lograron salir del sauna porque la chapa de la puerta de entrada estaba trabada. Y si bien, al parecer, venía fallando desde hacía un par de días, a los investigadores les llamó la atención que el termostato, regulador de la temperatura, también estaba dañado. El fiscal 250 de Envigado asumió la investigación y verifica si se trató de un accidente por fallas en el mantenimiento del sauna o si hubo otras causas. De hecho, tras el episodio, investigadores de la Dijín abordaron a los abogados de Moncada y les preguntaron si este había sido blanco de amenazas. La Fiscalía informó que indagaba si entre los allegados que Moncada involucró en el desfalco, incluida su esposa, estaba alguno de los muertos.

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