Aborto: un derecho que aún no es fácil ejercer en Colombia

Aborto: un derecho que aún no es fácil ejercer en Colombia

Diez años después de su despenalización, los avances más claros se han dado en el plano del debate.

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07 de mayo 2016 , 06:08 p.m.

Si por las estadísticas fuera, el corte de cuentas a una década de la despenalización del aborto en Colombia en tres casos específicos (violación, riesgo para la vida y la salud de la madre y malformaciones del feto incompatibles con la vida) sería más agrio que dulce.

Dependiendo de la fuente que se consulte, el número de interrupciones voluntarias legales del embarazo (IVE) en diez años, a la luz de la sentencia C-355 del 10 de mayo del 2006, oscila entre 27.000, registrados por el Ministerio de Salud, y 44.000 reportados por activistas como Angélica Lozano. En todos los casos, no obstante, hay coincidencia en el hecho de que no se trata de cifras consolidadas, dado el alto subregistro nacional que rodea este tema.

Para la muestra, un botón: mientras el año pasado la Fundación Oriéntame reportó 9.871 IVE legales en el país, el Minsalud registró 4.638. Por su parte Bogotá, en el mismo periodo, oficialmente cuantificó 13.790 casos.

No es el único aspecto en el que difieren las estadísticas sobre aborto permitido en el país, dada la dificultad que el sistema de seguridad social tiene para capturar estos datos.

Si se sumaran los embarazos que serían susceptibles de ser interrumpidos legalmente al amparo de la C-355, tomando como referencia el número total de nacidos vivos en el 2015 (según el Dane, fueron cerca de 646.000), sería esperable que se produjeran entre 38.000 y 42.000 abortos legales en Colombia al año. Pero esa es, aproximadamente, la cifra total registrada en diez años.

Pese a las estadísticas, hay claridad en torno al hecho de que gracias a esta sentencia el país sí ha avanzado, de manera significativa, en términos de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Trabas de toda índole

La abogada Mónica Roa, activista, promotora de la sentencia y defensora de los derechos femeninos, lo resume en una frase: “El avance en esta materia, por cuenta de la despenalización del aborto, se ha dado más en el plano simbólico”.

Y es que de acuerdo con distintos balances hechos sobre la aplicación de la sentencia, las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos al amparo de la normativa vigente se enfrentan a trabas de toda índole, que les impiden ejercer legalmente este derecho.

Silvia Miranda, gerente de la Regional Centro de Profamilia, señala, entre otras barreras de acceso, la objeción de conciencia esgrimida por los médicos (negativa a acatar la norma mediante argumentos éticos o religiosos), la falta de educación e información entre la población y la puesta en práctica de estrategias regionales en ciudades apartadas, para que ellas puedan acceder a los servicios.

“Es urgente abordar este tema y trabajar en él –insiste Miranda–, pues la estigmatización, la penalización y la criminalización de sus decisiones en este campo hacen que las mujeres sientan miedo”.

Servicios desarticulados

Édgar Iván Ortiz, presidente de las federaciones colombiana y latinoamericana de ginecólogos, explica que su gremio respalda ampliamente la norma, y llama la atención sobre la desarticulación que existe entre las instituciones de salud, que impide la adecuada respuesta a las mujeres que solicitan un IVE.

Explica que no hay redes específicas para ubicar a estas mujeres, de acuerdo con sus necesidades, en los sitios donde debe practicarse el aborto.

“Otro problema grave es que, como son sometidas a trámites que las llevan a transitar de un lado para otro, apenas una de cada cinco logra su objetivo; las demás se ven obligadas a llevar sus embarazos a término o a acudir a sitios clandestinos para abortar, con todos los riesgos que eso conlleva”, explica Ortiz.

El especialista también advierte sobre la práctica indebida de algunas entidades, que, en lugar de limitarse a prestar el servicio y garantizar el derecho de las solicitantes, las inducen a formar parte de procesos diseñados para hacerlas cambiar de opinión.

En cuanto a las objeciones de conciencia, afirma que menos del 20 por ciento de los profesionales que se reclaman como tales cumplen esta condición a cabalidad y de acuerdo con la norma.

El viceministro de Salud y Bienestar, Fernando Ruiz, reconoce que las colombianas siguen, diez años después de expedida la sentencia, enfrentando dificultades para acceder a los servicios de salud que les permitan hacer efectivo su derecho a interrumpir un embarazo.

“Sin embargo –sostiene Ruiz–, hay una mayor voluntad expresa de la sociedad civil y del Ministerio en la intención de no estigmatizar a las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo y de garantizarles servicios con discreción y respeto”.

Asegura que el número de objeciones de conciencia ha disminuido, y resalta el hecho de que, a pesar de todo, el país es considerado uno de los que mejores desarrollos tiene en esta área.

Un anticonceptivo

Desde otra óptica, Pablo Arango, bioeticista de la Universidad de La Sabana, considera que “la sentencia ha alimentado, durante diez años, el irrespeto por la vida humana, si se tiene en cuenta que desde la primera célula un embrión contiene el genoma de un individuo... Permitir legalmente que se mate es una estupidez”.

Arango define como “disculpas” las tres causales en las que se permiten los abortos en Colombia, e insiste en que no están bien definidas.

“Cualquier cosa, por ejemplo, puede caber en la categoría de riesgo para la salud de la madre, e incluso una deformidad mínima del feto puede llegar a ser considerada incompatible con la vida”, afirma.

Advierte que el aborto acabó convertido en otro método anticonceptivo, y que “la sociedad está en mora de actuar efectivamente para prevenir los embarazos no deseados, la violencia que genera más violencia y violaciones, y ofrecer una orientación y acompañamiento adecuados a las mujeres que desean gestar un hijo”.

REDACCIÓN SALUD

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