Encontrar a su perro ensangrentado luego de que lo castraran, su casa desordenada y un papel en el que estaba escrito: “Puede perder a su hijo también”, es una escena que el abogado Jairo Acuña, según cuenta, no olvidará. Pasó el 30 de diciembre del 2015.
El jurista asevera que este amedrentamiento se debe a que es el defensor del subintendente Nelson Giovany Tovar, el uniformado que le asegura a la justicia que fue quien proporcionó el arma con la que supuestamente pretendían realizar el montaje para hacer ver como un atracador a Diego Felipe Becerra, el grafitero que resultó muerto al enfrentarse con el patrullero Wilmar Alarcón.
Acosta señala que desde septiembre del 2015 comenzaron los seguimientos y amenazas contra él, su defendido y sus familias, porque en esa época su cliente llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía para purgar ocho años de privación de la libertad por el delito de porte ilegal de armas, a cambio de ser testigo en el proceso por la muerte del grafitero.
Desde entonces, la vida del abogado Acuña no es la misma: “Estamos en un peligro inminente. Nos ha tocado quedarnos donde nuestros familiares. Los trabajos de mis hijos mayores también se truncaron; a uno le tocó renunciar. Psicológicamente estamos muertos”, señaló.
Las intimidaciones, sin embargo, no han parado desde aquella violenta irrupción a su hogar, y a inicios de este año recibió dos amenazas más por mensajes de texto a su celular personal. “Deje de estar buscándole males al cuerpo y a su familia. No le conviene defender al sapo de Tovar. Muerte a los sapos”, decía en el recado.
Y el subintendente también está siendo amedrentado en la casa donde se encuentra bajo detención domiciliaria: “Había un sobre que decía ‘para Tovar’. Lo abrí y tenía un papel que decía: ‘Muerte al sapo’”.
Incluso la esposa del policía denunció seguimientos a ella y a su hija: “La fui a recoger al colegio y tres personas nos estaban tomando fotos desde un carro”.
En las manos de Dios
“La Virgen y Dios son los únicos que nos protegen”, contesta el abogado Acuña cuando le preguntan acerca de las medidas de seguridad que les están brindando tanto a él como a su defendido.
Y es que tras las amenazas, Jairo Acuña denunció ante la Fiscalía, en febrero, la presunta situación de peligro por la que están pasando: “A la Unidad Nacional de Protección se le envió un formulario que me hicieron llenar y no volvieron a decir más nada”.
Mientras que el subintendente Tovar asegura que un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) va esporádicamente a firmar el registro que le llevan para comprobar que está en la casa y que no le prestan acompañamiento para ir a las audiencias por el caso del grafitero. “Me he ido por mis propios medios. Llamo al doctor Acuña y le aviso que voy en camino”, aseveró el subintendente Tovar.
Ante el estado de vulnerabilidad en el que aseguran estar, su pedido a las autoridades es que los protejan.
EL TIEMPO se comunicó con el Inpec y al cierre de esta edición no se pronunciaron sobre el tema, mientras que en la Unidad Nacional de Protección señalaron que estaba en estudio la solicitud que hizo el abogado Jairo Acuña.
¿Qué sabe Tovar?
El subintendente Nelson Giovany Tovar asegura que proporcionó la pistola marca Sterling, de color cromado y de calibre 22 largo, que supuestamente le sembraron a Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, día de su muerte, para que él pareciera atracador.
Según Tovar, él se alistaba esa noche para su turno en el CAI Alhambra, cuando llegó el patrullero Fredy Esneider Navarrete solicitando ayuda para que le consiguieran una pistola porque había ocurrido un enfrentamiento con unos ‘bandidos’ que habían asaltado un bus y que habían ‘dado de baja’ a uno de los delincuentes, pero que los otros se habían ido con el arma. Tovar dice que conservaba una pistola que había incautado tras un operativo en un Suba Gaitana y que la guardaba para solicitar un permiso, como recompensa a su hallazgo.
Dice que decidió solidarizarse con su compañero, fue a su casa por el arma y luego se la entregó a otro policía, cuyo nombre no quiso revelar hasta que se legalice un preacuerdo.
Legalización principio de oportunidad
El subintendente Nelson Tovar espera que esta semana se pueda legalizar el principio de oportunidad en el que se le condenaría por porte ilegal de armas, lo que le daría una condena de 8 años de prisión, que él purgaría en su domicilio. A cambio tendría que ser testigo en el juicio, junto con los patrulleros Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez, que también llegaron a un principio de oportunidad con la Fiscalía y purgarán 4 años de prisión por los delitos de favorecimiento en homicidio, alteración y destrucción de elemento material probatorio y falsedad ideológica en documento público.
EL TIEMPO