Un gigantesco operativo simultáneo, ejecutado por efectivos de la Dirección de Tránsito y Transporte y la Fiscalía en 20 ciudades de ocho departamentos del país, permitió la captura de 40 personas involucradas en el llamado ‘carrusel’ de las licencias de conducción.
Los miembros de la red cobraban desde 300.000 hasta 800.000 pesos por una licencia de conducción sin tener que ir a las oficinas de Movilidad. Un total de 14 Centros de Reconocimiento están siendo investigados.
La investigación permitió desmantelar esta organización criminal que expidió licencias a personas que no estaban aptas para recibirlas. Hasta ahora, la Fiscalía ha encontrado 3.940 pases fraudulentos. Sin embargo, se calcula que esta cifra puede superar los 5.000 documentos.
Muchos de estos pases fueron adquiridos por personas con alguna discapacidad física. Entre quienes recibieron sus pases de esta forma fraudulenta está un adulto mayor con alzhéimer y varios conductores con limitación visual. Ocho médicos, que figuran entre los detenidos, firmaban los certificados de aptitud física, mental y coordinación motriz.
En total se efectuaron 16 allanamientos de centros donde operaba la red en los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Bogotá.
El valor del trámite dependía de la dificultad que se tenía para obtenerlo. Quienes no querían asistir a una escuela de conducción y no se hacían el examen médico pagaban 800.000 pesos.
Había una tarifa media de 600.000 pesos si el interesado solo iba a algunos de los exámenes. Por último, pagaban 300.000 pesos aquellos que resultaban rechazados en algunas de las pruebas de aptitud.
La estructura criminal la integraban los tramitadores que se encargaban de promocionar los servicios ilegales. Estas personas se ubicaban a la entrada de los Centros de Reconocimientos a la caza de clientes.
Con una firma digital los médicos expedían los certificado de psicología, fonoaudiología y optometría y los suplantadores prestaban sus huellas dactilares para los trámites, evitando que el verdadero interesado asistiese.
El último componente de esta red criminal eran los llamados ‘enroladores’, servidores públicos que expedían el documento y el inserto de los datos en el Runt mediante el uso de un software malicioso, quienes son señalados de ser los jefes de la red.
JUSTICIA