Es loable la iniciativa de la Corte Constitucional de obligar a las EPS que les negaron a los pacientes servicios incluidos en el POS a presentarles excusas en una audiencia pública y televisada, y en un lugar definido por ellos.
Infortunadamente, esta no pasó de ser un canto a la bandera, primero porque las acusaciones que generaron esta orden del alto tribunal no fueron concretas. Amparadas en eso, las empresas asistieron a la jornada alegando no saber por qué debían pedir perdón, e incluso algunas justificaron la negación de servicios, culpando de ella a fallas del sistema de salud.
De hecho, algunas simplemente optaron por no presentarse a la cita con los pacientes, sino que enviaron videos en los que, de manera tibia, asumieron responsabilidades, pero aprovecharon para publicitar sus servicios y promesas de mejoramiento.
Esta parca manera de pedir perdón irritó y decepcionó a los pacientes. Algunos trataron de comunicar directamente a los directivos de estas empresas los obstáculos que están padeciendo, con la amarga sorpresa de que ni siquiera allí fueron escuchados.
El balance no podía ser más oscuro. Los afiliados quedaron con la sensación de que se agotaron las herramientas para exigir el trato digno que se merecen, y que estas entidades están en la obligación de prodigar.
Tal tratamiento, que surge de priorizar balances y ganancias por encima de las necesidades de los usuarios, no es exclusivo de las EPS. Aun cuando el país cuenta con una abundante normativa que garantiza y protege los derechos de los pacientes, y la cobertura de salud es prácticamente universal, estos son blanco de maltrato y mala atención constantes, incluso de algunos hospitales y su personal.
Nadie desconoce que estas instituciones enfrentan condiciones difíciles, en buena parte dadas por los desequilibrios financieros del sector. Lo que no se admite es que los problemas se reviertan en un trato inhumano hacia sus pacientes, que deben sumar a la angustia derivada de sus condiciones de salud las humillaciones y las trabas administrativas de todo tipo.
Muchos médicos y personal sanitario, en quienes los enfermos buscan solidaridad, orientación y consuelo, ponen también, desafortunadamente, su cuota en la medida en que las personas se transformaron, para ellos, en meras estadísticas. ¿Dónde quedaron los profesionales que se comprometieron a priorizar siempre el bienestar de sus pacientes?
Las farmacéuticas, los proveedores de insumos, los políticos que se lucran del sistema y los corruptos tampoco salen bien librados. Ellos también tendrían que pedir perdón y, de ser el caso, responder judicialmente por el grano de arena que cada uno pone.
Lo claro es que los pacientes reclaman menos retórica, menos actos simbólicos y más acciones efectivas orientadas a garantizarles una atención integral, suficiente, oportuna y humana. El marco normativo, dado, entre otros, por la Ley Estatutaria de Salud y el nuevo modelo de atención en salud, está dispuesto. Falta que todos estos actores entiendan, de una vez por todas, que están al servicio del bienestar de la gente y no al revés.
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