El mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde este viernes en manos del pleno del Senado, después de que una comisión de esa cámara aprobó por una clara mayoría de quince votos contra cinco que se avance hacia su destitución.
La comisión debatió durante diez sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la Presidenta y descartó por completo los alegatos de su defensa, así como rechazó que el proceso pueda suponer un “golpe de Estado”, como sostiene Rousseff.
El informe favorable para poner fin al mandato de la presidenta, elaborado por el instructor de la comisión, Antonio Anastasia, pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa se archiva o si se instaura el juicio político. En ese último caso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno. (Lea también: Eduardo Cunha, el ostentoso verdugo que se enfrenta a la justicia)
Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación en el pleno de la Cámara alta se realice el próximo miércoles, que podría ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.
Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la Presidenta, Temer completaría el mandato que vence el primero de enero del 2019. Pero si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso. Sin embargo, la votación realizada este viernes en la comisión dio una pauta de lo que puede esperar Rousseff la semana próxima, y el futuro inmediato no parece alentar ninguna esperanza para la mandataria. De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron a favor de aprobar el informe que propone la instauración del juicio de destitución de Rousseff.
El senador Raimundo Lira, presidente de la comisión, solo habría votado en caso de empate, pero aún así manifestó su apoyo al informe del instructor. Solo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista de Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la Presidenta.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de “maquillar” sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras “faltas administrativas”.
Pero según el informe, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público. El informe responde todos los argumentos de la defensa y critica la insistencia de Rousseff y sus partidarios en que hay un “golpe” en curso.
“La alegación de que este impeachment constituye un golpe es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario, este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales”, dice el documento. (Además: Así será el proceso contra Dilma Rousseff, paso a paso)
Conforme a lo consignado en el escrito aprobado, “nunca se vio un golpe con derecho a la amplia defensa y al principio de la contradicción, con reuniones claras, transmitidas en vivo por televisión, con derecho a la palabra para todos los actores políticos y con sus procedimientos dictados por la Constitución y el Tribunal Supremo”, que supervisa el trámite.
Rousseff, sin embargo, continuó hoy con lo que la oposición califica de “cantaleta del golpe” y reiteró que quienes pretenden desalojarla del poder quieren “acabar” con los programas sociales de su Gobierno.
“En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado”, pero “antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas”, declaró la mandataria en un acto en el que se firmaron contratos del programa “Minha Casa Minha Vida” (Mi Casa Mi Vida).
Rousseff reiteró que no dimitirá, como sí lo hizo el expresidente Fernando Collor de Mello, si el Senado instaura el proceso, pues renunciar sería “enterrar la prueba viva del golpe”.
Fiscalía le pisa los talones al círculo cercano de Dilma y Lula
Río de Janeiro (Efe). La Fiscalía brasileña presentó este viernes acusaciones contra 20 empresarios y políticos, algunos de ellos muy cercanos a la presidenta
Dilma Rousseff y su antecesor y mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del caso de corrupción en Petrobras.
Entre los acusados figura el exsenador Gim Argello, próximo a Rousseff, quien fue denunciado por catorce delitos relacionados con el cobro de sobornos, según relataron los fiscales responsables del caso en una rueda de prensa en Curitiba.
Argello, arrestado en abril, fue acusado de negociar sobornos con constructoras implicadas en el esquema de corrupción creado alrededor de la petrolera estatal, a cambio de proteger a los empresarios y evitar que fueran convocados a declarar ante una comisión parlamentaria que investigó el caso en el 2014. Algunas de las constructoras que accedieron al pago de esos sobornos utilizaron un sistema de “donaciones legales” a campañas electorales en 2014, según afirmó el fiscal Deltan Dallagnol.
La Fiscalía también denunció por diversos delitos a tres de los condenados en el escándalo del ‘Mensalão’, proceso abierto por el pago de sobornos a diputados, a cambio de su apoyo al gobierno de Lula, que fue destapado en el 2005 y por el que fueron condenados 25 políticos y empresarios en el 2012. Los tres son el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Delúbio Soares, el publicista Marcos Valerio Fernandes, principal responsable del movimiento financiero de aquella red, y el cambista Enivaldo Quadrado.
Según las nuevas acusaciones, ese grupo creó una red financiera para tomar un préstamo del banco Schahin de unos 3,3 millones de dólares.
La mitad de esos fondos llegaron a manos del empresario José Carlos Bumlai, un amigo íntimo de Lula, y supuestamente estarían destinados a saldar deudas de campañas electorales del PT.
EFE