El ‘clan Úsuga’, ‘los Puntilleros’ y ‘los Pelusos’, las tres bandas criminales más poderosas del país y que cuentan (en conjunto) con al menos 3.000 hombres en armas, entraron desde el jueves a la categoría de ‘grupos armados organizados’ que podrían incluso ser atacados con bombardeos.
El jueves, en Urabá –una de las zonas más golpeadas por la violencia y el poder corruptor de ‘los Úsuga’– el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció las nuevas reglas de juego que rigen en la lucha contra las bandas emergentes. (Lea también: Los últimos resultados de la ofensiva contra el 'clan Úsuga')
Están contenidas en una directiva (la 15, del 22 de abril pasado y acordada con la Fiscalía) que permite “la aplicación de toda la fuerza del Estado, sin excepción, a los grupos armados organizados o los grupos que tengan mayor capacidad hostil contra la instituciones y la población, a quienes tengan campamentos, a quienes tengan armas largas, a quienes tengan uniformes y presencia en el territorio” nacional.
Como lo había revelado este diario en marzo pasado, esas condiciones las cumplen tres grupos: de lejos, ‘los Úsuga’, que son un ejército irregular muy similar a los antiguos paramilitares y que tienen el 80 por ciento de miembros de las tres llamadas ‘bandas tipo A’.
También, 'los Pelusos’, que están en Norte de Santander y controlan cultivos y zonas en la zona de frontera. Son unos 200 ilegales, herederos de ‘Megateo’ y representan una amenaza creciente en un área estratégica para la seguridad nacional. Y están ‘los Puntilleros’, que con casi 300 delincuentes armados con fusiles y otro material de guerra son el grupo criminal emergente en los Llanos Orientales. Informaciones de inteligencia señalan que han desplazado a los antiguos herederos de ‘Cuchillo’ y varios procesos judiciales los relacionan con Óscar Mauricio Pachón Rozo, conocido en el hampa como ‘Puntilla’ y señalado socio del capo Daniel el 'Loco’ Barrera.
La condición de ‘grupos armados organizados’ permite que las Fuerzas Militares entren a enfrentar a estas bandas. Hasta el momento, esa labor la cumplía la Policía. “Ya podemos utilizar todo nuestro músculo institucional contra esas tres bandas de crimen organizado”, puntualizó el Ministro de Defensa.
Se trata de un paso clave porque los bombardeos fueron el arma con la que el Estado asestó los más duros golpes contra las Farc en toda su historia, a tal punto que el 'Mono Jojoy’, el ícono militar de esa guerrilla, reconocía en correos interceptados en el 2008 que se había visto obligado a limitar sus comunicaciones “para evitar una matada”, en referencia a la ubicación electrónica de los campamentos y los posteriores ataques aéreos. Al final, murió en una de esas operaciones, en septiembre del 2010.
Ahora, las bandas emergentes entran a las miras electrónicas de los pilotos de combate. En octubre del año pasado, la Fuerza Aérea bombardeó, con inteligencia de la Policía, un campamento conjunto del ‘clan Úsuga’ y la guerrilla del Eln en Chocó. Y la misma táctica se usó poco después para poner fuera de combate a Víctor Ramón Navarro, ‘Megateo’, el enemigo público número uno en el nororiente del país y enlace entre las guerrillas y las bandas criminales que delinquen en la zona de frontera con Venezuela.
No reconoce estatus
La directiva señala que el uso de la fuerza máxima del Estado –los ataques aéreos con bombas– no será un procedimiento usual, sino que se utilizará solo “cuando la Policía o la autoridad civil competente soliciten a las Fuerzas Militares asistencia militar”.
Esas acciones se regirán por el Derecho Internacional Humanitario (el llamado Derecho de Guerra) y no por las normas internas. Es un tema clave porque en una situación de guerra es un objetivo legítimo la eliminación física del enemigo, sin que esto implique la utilización de fuerza desmedida. Entre tanto, en el llamado ‘derecho de los Derechos Humanos’ la muerte del adversario es excepcional e incluso puede ser investigada penalmente como un posible exceso de fuerza. (Además: Siguen golpes a las bandas: muere capo de los Llanos Orientales)
Lo que señala la directiva es que las tres bandas tienen una organización militar que, eventualmente, en algunas regiones supera de lejos la capacidad de fuego de la Policía. Eso es evidente, por ejemplo, en algunas zonas de la frontera con Panamá, donde ‘los Úsuga’ tienen grandes campamentos que custodian narcocultivos y laboratorios de cocaína.
Si el nivel de violencia de esos grupos “supera las tensiones y disturbios normales”; si tienen “capacidad de llevar a cabo operaciones, capacidad de comando y control y de difundir órdenes y de controlar una parte del territorio”; y a esto se suma capacidad de reclutamiento y de armar a nuevos combatientes, se podrían usar los bombardeos.
El documento conocido por EL TIEMPO señala claramente que “la finalidad o el móvil con que actúe un grupo no serán relevantes para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH”. Esto significa que a pesar de que pueden ser combatidos con las mismas armas utilizadas por el Estado contra las guerrillas, la decisión “no surte efectos en el estatus jurídico ni político de quienes intervienen en las hostilidades”.
Esto porque una de las tácticas de las bandas, en especial del ‘clan Úsuga’, ha sido la de venderse como supuesto grupo de Autodefensa ('los Gaitanistas’). Bajo esa denominación llevaron a cabo el reciente paro armado en cuatro departamentos, y su objetivo es buscar una negociación política como la que en su momento tuvieron los grupos paramilitares.
¿Cómo quedan los otros grupos?
Dentro de la directiva quedan establecidos los Grupos Delictivos Organizados que serán combatidos específicamente por la Policía Nacional, y en casos excepcionales podrá ser apoyada por las Fuerzas Militares, explicó el ministro Villegas. En este grupo –de categoría B– se encuentran las redes criminales que se lucran del microtráfico y la extorsión, sumado al homicidio por encargo. Con una zona de injerencia específica están ‘las Odín’ en Medellín; ‘los Pachenca’ en la Sierra Nevada de Santa Marta y la capital de Magdalena; las oficinas de cobro de Cali; ‘la Constru’ en Putumayo, y ‘la Cordillera’ en Pereira, por mencionar algunas. Las penas serán impuestas con base en el Código Penal.
Finalmente, se mantienen como prioridad de la Policía, con respecto a la seguridad ciudadana, las redes delictivas ubicadas en los municipios o ciudades que se dedican a los delitos que afectan directamente al ciudadano, es decir, el hurto bajo todas sus modalidades, especialmente el de celulares, y los homicidios, que serán investigados por la Sijín.
El ejército de ‘los Úsuga’
Es la red criminal más grande dedicada al narcotráfico. Tiene nexos con el cartel de Sinaloa y hace presencia en cuatro departamentos.
Es una estructura delictiva que nace de las Autodefensas Gaitanistas, cambia su nombre por ‘los Urabeños’ y en la actualidad se denomina ‘clan Úsuga’ por el apellido de su jefe máximo: Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, por quien el gobierno de Colombia ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, y el de Estados Unidos, 5 millones de dólares. (Además: 'Los Úsuga', la nueva amenaza mafiosa que enfrenta el Estado)
Contra ‘Otoniel’ hay dos órdenes de captura por concierto para delinquir y homicidio. Ha sido el cerebro de dos paros armados: uno realizado en enero del 2012, cuando en una operación de la policía murió su hermano, Juan de Dios Úsuga, y el otro en marzo de este año, por la muerte de Jairo Durango. Ha llegado, como en la época del capo Pablo Escobar, a ponerle precio a la vida de los policías.
Nuevo poder en la frontera
Son disidentes de la guerrilla del Epl. León Aguirre, alias David Aguirre, toma el control de la organización con la muerte de Víctor Ramón Navarro, alias Megateo.
Básicamente se dedican al narcotráfico aprovechando el creciente número de hectáreas de mata de coca en la región del Catatumbo y manejan laboratorios para el procesamiento de esta droga. Cobran el impuesto al gramaje por producción de kilo de coca, por utilizar rutas para sacar el estupefaciente y por el control de lanchas ‘go fast’.
Alias David Aguirre tiene aproximadamente 100 hombres bajo su mando y su zona de injerencia es Norte de Santander, donde aprovechan la frontera con Venezuela para el tráfico de droga.
A esta red de crimen organizado se le sindica de varios ataques contra la Fuerza Pública, como el asesinato de 10 detectives del DAS en abril de 2006, en Hacarí, Norte de Santander.
‘Puntilleros’, en el Llano
Nacen de la unión de la disidencia del Erpac, el Bloque Libertadores del Vichada y el Bloque Meta, redes de crimen organizado que inicialmente estuvieron bajo el control de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, muerto en una operación de la Policía. (Además: Cayó el jefe de 'los Puntilleros' del Meta)
Esta organización criminal cuenta con 180 hombres que delinquen en los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada. Tienen fuertes nexos con la guerrilla de las Farc por el manejo de los sembradíos de coca y el procesamiento y producción del alcaloide.
Sostienen una sociedad con el ‘clan Úsuga’ para la compra de la producción de clorhidrato de cocaína y su exportación a Centroamérica.
Sus jefes son: Arnulfo Guzmán Hernández, alias Tigre, y Álvaro Enciso Arias, alias Venado.
En abril de este año fue capturado alias Vallejo, que según la Policía, lideraba la estructura en Meta y se encargaba de las extorsiones.
JUSTICIA