Como “un pacto entre una élite criminal y una élite de gobernantes”, calificó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, la posibilidad de que los acuerdos que se definan en La Habana (Cuba), entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, no sean sometidos a un referendo.
En Floridablanca (Santander), donde instaló el IV Encuentro Nacional del Ministerio Público, el funcionario manifestó que tiene temores de que no haya referendo -a pesar de que es un compromiso del Gobierno Nacional- porque “agentes de las Farc han dicho que no se requiere refrendación porque es un tratado internacional y esa categoría hará que, por las vías de los bloques de la institucionalidad, no pueda aplicarse”.
El Procurador, quien dudó de las versiones del grupo armado ilegal que dicen no tener recursos, afirmó: “La riqueza de las Farc correspondería a 39 billones de dólares, según un reciente estudio del Ministerio de Hacienda y esta deberá ser extinguida por el Estado por su condición de bien inhibido ilícitamente…Grandes empresarios colombianos son emprendedores con futuro en comparación a la fortuna de las Farc”.
En su intervención ante más de 600 personas, incluyendo personeros de todas las regiones del país, Ordoñez también se refirió en contra de la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que autorizó el inicio de las fumigaciones con glifosato de forma manual y terrestre, con equipos de fumigación similares a los utilizados en la agricultura tradicional, para eliminar los cultivos ilícitos.
Según cifras oficiales, las hectáreas de coca sembradas en el país habrían aumentado de 69.000, en el 2014, a casi 100.000 en el 2015. Uno de los factores que habría originado el crecimiento del cultivo ilegal sería la suspensión de la fumigación aérea con glifosato.
“El Gobierno, en lo pactado en La Habana, ha establecido que la estrategia es la erradicación manual voluntaria. En pocos meses, cuando se esté ejecutando lo acordado, vamos a caer en otra contradicción, tendrá que suspenderse la fumigación manual para pasar a la voluntaria. El Gobierno ha concedido a las Farc el desmonte a la política contra los cultivos ilícitos”, insistió el Procurador.
BUCARAMANGA