Dentro de unos seis meses, la Policía Antinarcóticos comenzará la fumigación terrestre con glifosato en las zonas más afectadas por los cultivos de coca: Nariño, el Catatumbo y Guaviare.
Este miércoles, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó el uso del herbicida, pero aplicado directamente en las hojas de coca. La aspersión desde los aviones de la Policía Antinarcóticos fue suspendida en octubre del año pasado, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato podría estar asociado a casos de cáncer.
La medida cumple además un auto de la Corte Constitucional del 2014 que ordena suspender la fumigación aérea de coca hasta establecer plenamente los posibles riesgos y prevenirlos. (Lea: Nuevo Minjusticia no acepta usar glifosato bajo ninguna modalidad)
Los ministerios de Justicia, Defensa, Salud, Educación y de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y la Policía votaron a favor de la fumigación mata por mata. La noticia no sorprendió, pues desde septiembre del año pasado este diario había revelado que aunque la era de las fumigaciones aéreas terminó, el glifosato se seguiría usando en la estrategia contra la coca.
Aunque el Ministerio de Justicia es crítico del uso del herbicida, este miércoles terminó aceptando la propuesta de la mayoría del Consejo de Estupefacientes, aunque con algunas reservas.
“La Policía y el Ministerio de Defensa obtuvieron conceptos a favor del glifosato en tierra por parte del Ministerio de Salud y el de Medioambiente. Por eso, el Ministerio de Justicia votó a favor”, señaló una alta fuente oficial.
Además, se sigue buscando un compuesto químico más seguro. Así, en el Centro de Estudios de la Policía en El Espinal (Tolima) se están haciendo pruebas con nuevas moléculas similares al glifosato, pero hasta ahora ninguna ha sido avalada. Esas pruebas se hicieron con el acompañamiento del ICA, examinando la efectividad de los herbicidas en la hoja y tallo de las matas de coca y la resistencia de estas.
También se están revisando dos modelos de bombas de fumigación, uno personal y otro de mayor capacidad. En todo caso, la eficiencia de la estrategia estará entre siete y ocho veces por debajo de la fumigación manual, según los cálculos de la Policía.
(Además: Las claves de por qué el glifosato sigue vivo en guerra contra la coca)
Este miércoles, en el Consejo se acordó que antes de comenzar a fumigar por tierra deberá estar listo un plan de manejo ambiental avalado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), y que las medidas se deben socializar con las comunidades que habitan en las zonas intervenidas.
Este año, la meta de toda la Fuerza Pública es destruir por esta vía y manualmente (arrancando las matas) 16.200 hectáreas, una cifra modesta si se tiene en cuenta que, en el 2015, los narcocultivos habrían llegado a entre 80.000 y 100 mil hectáreas, un 30 por ciento más que en el 2014. La meta de todo el año equivale, además, a la décima parte de los narcosembrados fumigados y arrancados en el 2006.
La oficialización de la decisión, en todo caso, generó debate. La defensora delegada para el Medioambiente, Martha Lucía Alonso, aseguró que la medida “es acertada porque no habría ningún error que permitiera contaminación o daños a campesinos y a cultivos”.
Entre tanto, Julián Wilches, exdirector de la Política de Drogas del Minjusticia, aseguró que este plan equivale a dar “un giro de 360 grados”, pues esta modalidad de fumigación se usó entre el 2009 y 2012 fue descartada “por sus altos riesgos para los operadores y bajo impacto en la reducción de cultivos ilícitos”.
Las razones
1. Orden puntual
La orden que la Corte Constitucional dio a favor de comunidades de Nariño, y que el Gobierno cumplió, no fue suspender el uso del glifosato, sino la aspersión aérea de coca.
2. Hay debate
No hay un estudio concluyente sobre supuestos daños a la salud ocasionados por el glifosato. A diario se usan millones de litros en agricultura tradicional.
3. Límites
En la fumigación ‘mata a mata’ se tomarán medidas para limitar el impacto ambiental, y la Anla debe emitir una licencia. En seis meses estarán los protocolos para empezar a erradicar.
JUSTICIA