Funcionarios evadieron polígrafo por tabla para impuesto de vehículos

Funcionarios evadieron polígrafo por tabla para impuesto de vehículos

Secretaría General requirió a 14 funcionarios, incluido el entonces viceministro Enrique José Nates.

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04 de mayo 2016 , 08:55 p. m.

El polémico caso de las tablas de avalúos de vehículos, que el Ministerio de Transporte tuvo que reversar en febrero pasado, ha tenido nuevos desarrollos.

Aunque la exministra Natalia Abello ha sido clara en señalar que el proceso que se ejecutó para el diseño de la tabla fue transparente y en que la firma que lo realizó –Datasoft Ingeniería Ltda.– cumplió a cabalidad con los requisitos de experiencia solicitados; al menos 14 de los funcionarios vinculados al caso fueron llamados a cumplir pruebas de polígrafo. (Paso a paso, averigüe aquí el valor del impuesto de su vehículo)

Según le confirmaron a EL TIEMPO fuentes del Ministerio, “se consideró pertinente aplicar la prueba para las personas que participaron en todas las etapas de ese proceso de contratación”. Bajo esos parámetros, la Secretaría General requirió a 14 funcionarios, incluido el entonces viceministro Enrique José Nates.

Solo 4 de 14 pruebas

Sin embargo, diez de los convocados se negaron a someterse a la prueba. Y aunque inicialmente una fuente del Ministerio aseguró que uno de los que se negó fue Nates, oficialmente informaron que este reprogramó la prueba, aduciendo problemas de agenda y finalmente no la presentó. Después renunció al cargo.

Los únicos que accedieron a someterse a las 22 preguntas sobre el proceso contractual fueron Carlos Alberto Sarabia, quien firmó el contrato; Daniel Hinestrosa, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte y su asesor, Gabriel Nieves López. También Guillermo Caro Rodríguez, abogado contratista. Todos ellos, cercanos a la exministra.

“Nos hicieron 22 preguntas, entre ellas si conocíamos a accionistas o a alguien cercano al contratista que ganó, si habíamos intentado favorecer a Datasoft y si habíamos inducido a algún acto de corrupción en torno al caso”, dijo uno de los funcionarios.

Dos subdirectores y dos coordinadores del grupo de transporte hacen parte de los funcionarios que declinaron la invitación a pasar por el polígrafo. Asimismo, tres de los ingenieros que intervinieron en el proceso y un economista.

Por tratarse de un procedimiento voluntario que no es considerado como prueba de ninguna conducta dentro del sistema penal acusatorio, se omiten sus nombres.

La prueba fue aplicada por Vigilancia Santafereña S. A., la empresa que le presta seguridad al Ministerio. Y según la Secretaría General, en el contrato inicial con la empresa ya estaba previsto hacer este tipo de pruebas, por eso no tuvo un costo adicional.

También se estableció que, una vez analizadas las respuestas, no se presentaron indicios de que los funcionarios que se sometieron a la prueba hubieran incurrido en conductas irregulares. El secretario General del Ministerio, Adolfo Bárcena, aclaró que es una prueba voluntaria y que su uso se contempla desde el 2015 para quienes participan en los procesos de contratación en el sector del transporte “para garantizarle a la sociedad total transparencia”.

Por su parte, Datasoft reiteró que cumplió todos los requisitos de ley para la ejecución del contrato y que sí tenía como objeto este tipo de consultorías.

‘Cumplimos con los requisitos’: Datasoft

En comunicación a EL TIEMPO la empresa Datasoft Ingeniería Ltda., encargada de elaborar el cálculo de la base gravable para el pago de los impuestos de vehículos, aclaró que nunca ha cambiado su razón social y que la ampliación del objeto social que realizó incluyó actividades que viene desarrollando desde el 2002 en Caldas y desde el 2007 en el Quindío, relacionadas con la administración del Sistema de Impuesto Vehicular. Sus voceros también señalaron que la ampliación del objeto social se realizó el 5 de febrero del 2015, cinco meses antes de que el Ministerio de Transporte abriera la convocatoria del concurso de méritos para el diseño de la metodología para definir el cálculo de la base gravable.

Al respecto, Datasoft insiste en que su objeto social no solo incluye la actividad y venta de computadores sino también las asesorías en ‘software’, ‘hardware’, comunicación, cableado y sistemas de redes y los servicios de consultoría en recolección, depuración, análisis y sistematización de datos relacionados con los sistemas de información que sean implementados por la empresa, entre otros.

Y si bien aumentó su capital luego de haber sido seleccionado en el Ministerio, señala que en los pliegos de la convocatoria de méritos no había ningún requerimiento sobre la capacidad de capital, por lo tanto no requería demostrar ninguna solvencia económica. “Datasoft cumplió a cabalidad con los requisitos de experiencia específica solicitada en los pliegos por el Ministerio de Transporte”, aseguran sus voceros.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com 

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