El caso del grafitero, la otra cara de la controversia

El caso del grafitero, la otra cara de la controversia

Diego Felipe Becerra murió cuando un patrullero le disparó presuntamente porque había robado.

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04 de mayo 2016 , 08:46 p.m.

La noche del 19 de agosto del 2011, cuando el patrullero Wilmer Alarcón disparó al joven Diego Felipe Becerra, más conocido en los medios como el grafitero, el coronel José Javier Vivas asistió a un concierto de Alejandro Fernández con su esposa y su mamá. Era una noche más de “Bogotá despierta”, con unos dos mil uniformados en las calles y los buses de TransMilenio rodando veinticuatro horas.

A la salida del evento, el Coronel se dirigía a su casa cuando le informaron por Avantel que tras un cruce de disparos, un patrullero había herido a un menor, quien presuntamente venía de robar en una buseta. El muchacho, añadieron, había muerto una hora después en la clínica Shaio.

Tras oír la información, Vivas vaciló entre ir al lugar de los hechos, donde ya estaban el CTI y el teniente coronel Nelson Arévalo, comandante de Suba, junto a otros integrantes de la Policía, o irse a su casa.

Al coronel Vivas la decisión de acercarse a la escena le pesará toda la vida. Así me lo dijo en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) donde tuvimos esta conversación y donde permanece recluido junto a los tenientes coroneles Nelson de Jesús Arévalo y John Harvey Peña, desde hace casi tres y dos años, respectivamente.

Para el momento de los hechos, Vivas era el segundo al mando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza del general Francisco Patiño, cuya carrera también terminó por este caso. “Si yo no hubiera ido esa noche, lo más probable es que hoy en día sería general”, dice Vivas.

Era cerca de la una de la mañana cuando llegó a la carrera 71D con calle 116A, el lugar donde tres horas antes, tras recibir una llamada al 123 del conductor de una buseta alertando de un atraco, el patrullero Wilmer Alarcón, de 22 años, accionó su arma de servicio contra un muchacho que corría con un maletín en el cual creyó que llevaba un revólver.

El asunto del arma

Hasta ahí la historia resulta dolorosa, pero la razón de su visibilidad en los medios está en lo que vino después.

De acuerdo con la declaración del 27 de marzo del presente año dada por el subintendente Nelson Tovar, el patrullero Fredy Navarrete, al ver la angustia del compañero Alarcón, sugirió plantar un arma en la escena del crimen para hacer creer que el disparo del policía fue en defensa propia: “Llegó el patrullero Navarrete en moto de la Policía a preguntar quién tenía de pronto un arma de fuego para colaborarle al compañero (…) yo tenía dudas pero finalmente accedí”, declaró Tovar.

Tras la alteración de la escena, pasó el fin de semana y el lunes todos volvieron a su lugar de trabajo. Poco después, el coronel Vivas fue sorprendido con una buena noticia, que se sumó a las ocho páginas de reconocimientos por sus cerca de treinta años de servicio, al ser premiado con un año sabático en Londres para él y su familia, como agregado de la Policía en la Embajada de Colombia.

Jamás se habría imaginado que su viaje al Reino Unido se vería interrumpido por una inesperada orden de captura. Haber pasado por la escena del crimen le habría de costar tanto su carrera como su libertad.

Fiscal: ‘Falso positivo urbano de la Policía’

Por su parte, el teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo fue enviado meses después a una comisión en Guatemala, cuando fue requerido de urgencia en el país. Se había especializado en educación y se preparaba para empezar un nuevo trabajo como docente.

Desconcertado, viajó a Colombia. Fue a la Procuraduría y a la Sijín, pero no encontró ninguna orden de captura ni denuncia en su contra. Decidió entonces pedir cita con el Viceprocurador, llevarle un derecho de petición, y aunque no lo atendió personalmente, dejó radicada su solicitud.

El lunes siguiente, 23 de junio de 2013, casi dos años después de los hechos, junto con el coronel Vivas tomaron la determinación de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía: “De manera sorpresiva, la directora del CTI nos notificó que sí tenían una orden de captura, al parecer oculta. Entonces nos informaron que deberíamos permanecer en el búnker, donde estuvimos durante nueve días”. Tan pronto salieron de la oficina, se toparon con varios medios de comunicación: “Había fotógrafos, periodistas, muchas cámaras. Los habían llamado para registrar nuestra captura. Nosotros todavía no entendíamos lo que ocurría”.

Dos semanas antes, el 11 de junio, el entonces fiscal Eduardo Montealegre declaró ante los medios de comunicación: “La muerte del joven Diego Felipe Becerra es un falso positivo de la Policía Nacional”.

‘Un montaje’

Vivas y Arévalo sabían por las noticias que unos agentes habían alterado la escena del crimen para hacer creer que Wilmer Alarcón esa noche disparó en legítima defensa. Ahora los medios decían que todo era un montaje que llegaba hasta los círculos más altos. Incluso el supuesto atraco cometido por Becerra sería una mentira más de la Policía.

El coronel Vivas asegura que en las fotografías tomadas por el CTI aparece la hora en la que estuvo, donde se evidencia que ya para entonces la escena estaba acordonada, y cualquiera que haya sido la manipulación, ya se había concertado.

Sin embargo, el fiscal a cargo del caso se niega a destapar la totalidad de las pruebas, incluso cuando este ha sido un requerimiento reiterativo en las audiencias por parte del Ministerio Público.

Si bien está comprobado cuáles patrulleros fueron responsables, lo que no se ha establecido es cuál es la relación de ese delito con la conducta de los altos oficiales. Para la defensa, parte de las pruebas que la Fiscalía mantiene en la reserva les permitiría probar su inocencia.

Se les acusa de falsedad en documento público, ocultamiento o destrucción de material probatorio, entre otras acciones delictivas.

En la audiencia del pasado 19 de enero, Mónica Sánchez, delegada del Ministerio Público, le llamó la atención al fiscal Wilford Olmedo Buitrago: “El juicio no ha comenzado por culpa de la Fiscalía. Hay seis folios de requerimientos hechos por la defensa que al día de hoy no han sido entregados”.

Y al momento del cierre de este artículo, aún no habían sido entregados, como lo asegura el abogado del coronel Arévalo, Guillermo Montoya, para quien la estrategia del fiscal de generar conexidades dentro del caso, ha hecho que cada vez vayan entrando más personas y más pruebas en la investigación causando dilaciones que afectan a la defensa: “La Fiscalía es culpable de que este proceso se siga dilatando. Además se está violando el derecho a la defensa de saber de qué exactamente se les acusa y con base en qué evidencia”, concluye Montoya.

Audiencia sobre el caso del grafitero, en el 2013: en primer plano, el abogado de los coroneles José Javier Vivas (a la izquierda) y John Hervey Peña (a la derecha).

‘Es la cosa más absurda’

En varias audiencias, tanto los abogados de la víctima como algunos patrulleros de los que firmaron preacuerdos con el fiscal se han declarado víctimas de atentados a su integridad física y de seguimientos sospechosos, entre otras acciones: “Es la cosa más absurda que he escuchado”, dice el coronel Vivas: “¿Cómo pretenden que nosotros, que estamos privados de nuestra libertad, seamos una amenaza? ¿Y por qué, en una primera instancia, habría yo de proteger a un patrullero que no conozco, que jamás había visto? ¿Iba a arriesgar mi carrera por uno de los 18.000 uniformados que hacen parte de la Metropolitana y a quien jamás había visto en mi vida? No tiene sentido”, concluye.

Por su parte, el teniente coronel John Harvey Peña lleva dos años recluido. También hubo cámaras filmando su captura. También la transmitieron en varios canales de televisión, aunque algunos de ellos lo confunden con otro y lo acusan de cosas que no ha hecho, por lo que les puso una demanda.

En diciembre pidió su libertad apelando al vencimiento de términos, pero se la negaron: “Esta es la hora en la que no entiendo por qué me tienen aquí encerrado”, dice. “No sé de qué soy culpable, no sé de qué se me acusa, sobre todo cuando ya hay una confesión de quienes en efecto alteraron la escena y en ella no me están involucrando más allá de decir que ‘estuve ahí’, cosa que tenía que hacer en mi papel de supervisor de la zona norte”, sostiene.

Por la hora en la que estuvo en la escena del crimen, su participación no habría ido más allá de registrar los hechos narrados por los patrulleros responsables de la alteración.

“El general Patiño ha condenado a mi hijo a las burlas, a la indolencia, porque vale más la palabra de un general que la de una pobre madre de una víctima”, dijo Liliana Lizarazo, madre de Diego Felipe Becerra, a Caracol Televisión el 13 de junio de 2013.

Poco después, el ascenso del oficial fue negado por el Congreso y debió retirarse de la institución.

Un proceso lleno de incertidumbres

El fiscal Buitrago, quien desde un comienzo ha llevado el caso, fue quien pidió la orden de captura para el teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo y el coronel José Javier Vivas Báez.

La juez de control de garantías Sandra Yohanna Londoño, a quien llegó inicialmente el caso, decidió ponerlos en libertad nueve días después de haber sido detenidos, pues concluyó: “No se establece inferencia razonable de las conductas que se imputan”.

Pero la decisión tomada fue apelada por el ente acusador y el 4 de septiembre de 2013, los coroneles fueron capturados nuevamente. La juez 12 de control de garantías arguyó que “son un peligro para la sociedad”. En esta ocasión, no fueron llevados a la Picota sino al Cespo, donde casi tres años después permanecen detenidos.

Por su parte, Fredy Navarrete, Esneyder Rodríguez y Nelson Tovar, quienes alteraron la escena, recibieron casa por cárcel. En días pasados fueron condenados a cuatro años de cárcel con derecho a pena retroactiva, por lo cual están próximos a quedar libres.

Según el Código del Menor, cuando hay un menor de dieciocho años no se pueden otorgar derechos de oportunidad.
Diego Felipe Becerra tenía 17 años, y tanto la casa por cárcel que recibieron estos uniformados como el tiempo cumplido en pena retroactiva son principios de oportunidad.

A pesar de eso, gozaron de estos beneficios, mientras los coroneles siguen recluidos sin saber de qué se les acusa y sin conocer qué material probatorio existe en su contra.

Ante la versión de que la Fiscalía está intentando involucrar a los coroneles para subir el estatus del caso ante la opinión pública, ganar apoyo y así hacer que la demanda contra el Estado que han interpuesto los padres de la víctima por 5.632.300.000 de pesos tenga una mayor viabilidad, Myriam Pachón, la abogada de Liliana Lizarazo, madre de Diego Felipe, responde: “De todas las demandas, esta es la más baja que estoy manejando”, y añade: “Nosotros hemos dicho que no queremos la plata, solo queremos que dejen de insistir en que Diego Felipe era un delincuente, el daño moral que se ha causado aquí es gravísimo”.

Al respecto, el coronel Vivas califica esta observación como un chantaje: “¿Nos están pidiendo admitir algo que no es cierto y a cambio de eso renuncian a la plata? ¿No es eso una forma de chantaje? Además yo quisiera saber si está por escrito en alguna parte que están dispuestos a renunciar a esa suma, pues la verdad, lo dudo”, agrega.

Un factor que hace más compleja la discusión es que la defensa de los procesados alega que Diego Felipe Becerra sí fue el responsable del atraco a una buseta que se denunció esa noche ante el 123. Sostiene, además, que la Fiscalía, al mantener las pruebas en reserva, también evitaría que se demuestre que el robo sí tuvo lugar, luego el acto de Alarcón habría sido un acto de servicio, no un asesinato a sangre fría. Hasta ahora, la Justicia ha avalado la versión de que el menor no estuvo en el atraco. Al final, lo que está en juego es la reputación y el buen nombre de las dos partes, tanto del menor, como de la Policía como institución.

De haberse tratado de un accidente de servicio, en caso de muerte, el Consejo de Estado ha fijado el monto de reparación en cien salarios mínimos. Es decir, unos 67.000.000 de pesos para los padres.

Según la defensa, tampoco se está aplicando la normativa de acuerdo con la cual en la Policía no hay cadena de mando, luego los superiores no tienen por qué responder por los crímenes de sus subalternos, mientras no se demuestre su participación activa en ellos. Adicionalmente, quienes sí alteraron la escena del crimen recibieron casa por cárcel con base en unos preacuerdos hechos a puerta cerrada con el fiscal Buitrago, donde no estuvo el Ministerio Público.

“Hasta ahora nadie conoce dichos preacuerdos”, dice el abogado Guillermo Montoya. Sobre este particular, Mónica Sánchez, en audiencia pública señaló desconocer los criterios con base en los cuales el fiscal determinó que estos patrulleros pasaran de acusados a testigos del caso.

El pasado viernes 29 de abril, los coroneles José Javier Vivas y John Harvey Peña tenían programada una audiencia a las 11 a. m. para pedir su libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, a última hora el fiscal Buitrago decidió darle el espacio al teniente Rosemberg Madrid, quien también estaba implicado en la alteración de la escena y cuya libertad fue concedida ese mismo día. Mónica Sánchez se quejó de no haber sido notificada para dicha audiencia por parte de la Fiscalía.

Al día de hoy, quienes confesaron el delito de alteración de la escena están en libertad, o a pocos días de recuperarla. Entretanto, los coroneles, tras tres años de reclusión, siguen en audiencias preparatorias y desconocen qué tiene la Fiscalía en su contra y cuál es el material probatorio con el cual se les mantiene privados de su libertad.

“¿Usted puede creer que esta es la hora en que no sé qué responderle a mis hijos cuando me preguntan por qué detuvieron a su papá?”, dice Melva Nieto, esposa del coronel Vivas.

El 19 de agosto próximo se cumplirán cinco años de la muerte de Diego Felipe Becerra. Un mural en su honor, en el norte de Bogotá, lo muestra pintando con aerosoles, mientras un uniformado le dispara por la espalda, en la cabeza. Todo hace pensar que en esa fecha no habrá concluido esta historia.

“A veces pienso en Diego Felipe”, dice Gloria Santofimio, esposa del coronel Arévalo, “me pregunto si en medio de este tortuoso proceso, ese pobre muchacho podrá descansar en paz”.

MELBA ESCOBAR*
Especial para EL TIEMPO
*Escritora y periodista. Columnista en ‘El Espectador’ y ‘El País’ de Cali. Su más reciente novela es ‘La casa de la belleza’. En 2015, ‘Johnny y el mar’ fue uno de los mejores libros de literatura infantil y juvenil a nivel global (White Raven, Múnich, Alemania).

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