Ilustración: Juan Felipe Sanmiguel |
Prefiero un millón de veces a Eduardo Montealegre que a Néstor Humberto Martínez como Fiscal General. Lo prefiero con su Natalia Springer, su odio hacia Morelli, su pifia con Sigifredo López, sus conflictos con SaludCoop, su arrogancia y pedantería. Lo prefiero con su apoyo irrestricto al proceso de paz, su talante déspota y autoritario, y su estilo macondiano de notificar a sus procesados por televisión y radio.
Lo prefiero con su antiuribismo, su condescendencia con el santismo y su troglodismo en el caso de Carolina Sabino. Lo prefiero con su opinadera en todos los temas nacionales, incluido su innecesario protagonismo. Lo prefiero con su obsesión por las minorías y su terquedad para sacar adelante los casos de violencia contra mujeres, afrocolombianos, comunidad LGBTI y los indígenas.
Lo prefiero enamorado del proceso de paz y no del bolsillo de los grandes empresarios. Porque de Eduardo Montealegre se puede decir hasta mico, menos que estuvo al servicio de los más ricos. Metió a la cárcel a Víctor Maldonado y a sus secuaces de Interbolsa, así como a otros poderosos empresarios de la bolsa. Sus investigaciones en contra del crimen organizado fueron exitosas, aunque le faltó terminar de buscar cuáles son las redes de abogados, empresarios y contadores que han colaborado con las estructuras criminales y de lavado.
En cambio, me preocupan los lazos de Néstor Humberto Martínez con el sector privado. Y la razón es que siempre ha estado al servicio de los grandes millonarios. Ha sido el abogado de los banqueros, de los dueños de los ingenios azucareros, de los petroleros, carboneros, mineros, propietarios de medios, de las multimillonarias EPS y de las empresas de prensa, televisión y radio.
Es abrumador su conflicto de intereses con todos los grandes conglomerados. Ha trabajado para el Grupo Santo Domingo, el Grupo Ardila, el Grupo Sarmiento Angulo y la familia Gilinski. Por su oficina de abogados han desfilado las grandes multinacionales con intereses en suelo colombiano: Cerrejón, Chevrón, Mapfre, Medoro Resources y los angelitos de Pacific Rubiales. Estopor no mencionar su participación en el escándalo de los baldíos, que pretendía legalizar la tenencia de la tierra a favor de los grandes terratenientes. Su lista de impedimentos es tan descomunal que difícilmente podría hacer bien su trabajo como Fiscal.
Estoy de acuerdo con María Lorena Gutiérrez: yo también habría renunciado a la Presidencia por la inclusión de Néstor Humberto en la terna. No fue un acto de arrogancia, tampoco de soberbia. Lo suyo fue un acto de responsabilidad y enorme coherencia. El tema de la justicia en Colombia es demasiado serio como para tener un Fiscal General con tantos nexos y vínculos con los cacaos, las multinacionales, los terratenientes, los dueños de los monopolios y oligopolios colombianos.
La papa caliente está en manos de la Corte Suprema. Los colombianos necesitamos recuperar la credibilidad en la justicia y eso no se va a lograr con un fiscal cuya fortuna personal ha salido del bolsillo de los grandes patronos del sector privado. Un fiscal que, como dijo recientemente Antonio Caballero, “ha hecho toda su carrera pública sin cerrar su bufete privado de abogado, utilizando cada puesto oficial como un escalón más para expandir su abanico de clientes y contactos”.