Las mesas de negociación del conflicto armado son para parar la guerra y superar la crisis humanitaria, a fin de enfrentar después, en el posacuerdo, en mesas de manejo del conflicto sin armas, los problemas estructurales que nunca resolvimos.
Porque nuestros valores públicos, culturales y económicos saltan a la vista: el equilibrio de los poderes del Estado funciona, con las dificultades propias de las democracias jóvenes; la riqueza simbólica regional crece, cada vez más los pobladores protegen cuencas y páramos, y en el escenario difícil de la caída de precios del petróleo y la minería, Colombia sostiene un crecimiento menor pero respetable y se abre a la producción de bienes manufacturados y servicios ecológicos; finalmente, se avanza en seguridad y Medellín, por ejemplo, logra en abril el mes menos violento en muchos años.
En contraste con esto, prevalecen los síntomas de los grandes problemas irresueltos: las organizaciones de la Cumbre Agraria ven que las instituciones no cumplen con los acuerdos rigurosamente trabajados; la transformación de ministerios y Fiscalía en función de la reconciliación confronta la política de los puestos y de la ‘mermelada’; miles de retroexcavadoras rompen los ríos, al tiempo que el suelo de nuestras montañas taladas y rotas se va por los ríos a una velocidad de un millón de toneladas por día; las ‘bacrim’ desbordan la delincuencia organizada y se expresan como paramilitarismo, apoyado en fracturas marginales del Estado, capaz de parar territorios y matar a defensores de derechos humanos y de la tierra; algunos noticieros de TV y radio manipulan archivos de guerra para exacerbar los ánimos contra la difícil tarea de la paz; y el Eln, comprometido en iniciar negociaciones, canjea a Patrocinio Sánchez por su hermano, sin comprender que, así se trate de un procesado por narcopolítica, llena de indignación a un pueblo hastiado de que hagan mercancía de la vida y de la libertad.
Esta mezcla de resultados buenos pero inacabados, con contradicciones y barbaries, pone en evidencia nuestros conflictos abortados, sin solucionar los problemas sociales y políticos estructurales, que habrá que traer a cuento muchas veces porque la guerra no nos cayó del cielo y es injusta y lejos de resolver los problemas, los empeora; pero es obvio que brota y se mantiene por 50 años, en consonancia con el ser de uno de los países más victimarios, más corruptos, más excluyentes, más inequitativos, más impunes, más mafiosos, más depredadores de bosques y montañas, más negligentes en el cuidado de la niñez, de la calidad de la educación y de la infraestructura que lo conecta; y más cargado de minería criminal y depredadora, y que sigue siendo primer productor mundial de pasta de coca.
Porque cuando el conflicto social no es asumido como oportunidad de construir entre diferentes, dando participación y decisión a todos los que tienen derechos e intereses hasta llegar a una solución que fortalece y da seguridad a todos, el problema estructural subyacente se acrecienta mientras el conflicto mismo se ahoga en la violencia y la barbarie.
Las mesas de negociación con la insurgencia son lugares de solución del conflicto armado, ya no con el interlocutor social, con quien fuimos incapaces de hacerlo, sino con el enemigo, y el problema estructural que enfrentan es la crisis humanitaria de todos nosotros como víctimas y victimarios, que tenemos que resolver para que nunca más volvamos a matarnos por razones sociales y políticas.
Para que, liberados del miedo, en el posacuerdo podamos retomar de manera participativa los demás conflictos que corresponden a los problemas estructurales socioeconómicos, políticos y medioambientales nunca resueltos y podamos construir juntos, positiva y creativamente, la nación que nos merecemos.
Francisco de Roux