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'La vigilancia a los restaurantes escolares la hicimos nosotros'

'La vigilancia a los restaurantes escolares la hicimos nosotros'

Secretaría de Inclusión Social explicó que la interventoría es parte de su programa de atención.

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Tras la denuncia sobre algunas irregularidades en los operadores del programa de restaurantes escolares que hizo el concejal Bernardo Alejandro Guerra, la Secretaría de Inclusión Social dio a conocer algunas observaciones.

Esteban Gallego, director de Seguridad Alimentaria de la dependencia, indicó que a diferencia de lo que se dijo, ninguno de los beneficiarios de las 480 instituciones educativas se quedó sin recibir su ración de alimento.

Además, agregó el funcionario, Medellín es la primera ciudad en crear una Unidad de Atención Inmediata para irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, además, “la única que le paga un salario a las manipuladoras de alimentos y paga el aseo de las instituciones educativas”.

Sobre las quejas recibidas del contratista Hacia un Valle Solidario, la Alcaldía informó que este dejó de atender a 228 de los 64.500 estudiantes que debían recibir complementación.

“Ese valor se descontará del contrato porque no se les ha pagado un peso. Estamos recopilando todos los informes para iniciar las acciones administrativas amparadas en el debido proceso”, explicó Gallego.

Añadió que los documentos en los que se basó la denuncia son de la empresa interventora unión temporal USA 2015, contratada por el municipio para verificar el cumplimiento en la entrega, la calidad y la cantidad de los alimentos.

Para ese control, el municipio invirtió más de 700 millones de pesos.

Sin embargo, el concejal Guerra informó que se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien entregó copia de los informes y actas de auditoría y dijo que le parece delicado que el funcionario encargado del manejo de los restaurantes escolares -Gallego- no haya informado de todas estas anormalidades a sus superiores, el secretario de Inclusión Social y el alcalde.

Sobre el tema, Gallego aclaró: “Esos documentos son actas de reunión en las que se evidencian las inconsistencias, y se les da un plazo de cinco días para que corrijan. Por ejemplo, si la fruta está pasada, si al colegio se les daña la nevera y el alimento se pudre, todo se reporta. Son cosas normales y para esto está la vigilancia”.

Igualmente, dijo que una vez fueran recopiladas todas las inconsistencias que no se hayan subsanado, se procedería a hacer el debido informe. Esa reunión fue el pasado lunes.

Por eso, aseguró que la vigilancia se ha hecho. A la fecha se han realizado más de 2.133 visitas de supervisión a instituciones educativas y 294 a las plantas de procesamiento, según un reporte de la Alcaldía.

El director de Seguridad Alimentaria del municipio explicó que cuando un oferente se gana algún contrato para el servicio de restaurantes escolares, la Secretaría, la Personería y otros expertos realizan una visita a la bodega de la empresa.

“En el momento cuando fueron a la de este contratista (Hacia un Valle Solidario), esta cumplía con más del 80 por ciento en el perfil higiénico sanitario”, aseveró Gallego.

Por eso, el hecho de que en el acta se haya reportado un 52 por ciento de cumplimiento el 15 de marzo y luego un 62 por ciento el 30 de marzo genera preocupación y será una de los puntos que se investigarán.

En lo que sí parecen estar de acuerdo los que denuncian y los entes encargados del programa es en que se debe fortalecer el modelo de licitación para blindar el programa de las empresas fantasmas que se quieren aprovechar del sistema de contratación, que se hace de dos a tres veces al año, lo que desgasta a los funcionarios de la Secretaría de Inclusión.

“Para el contrato vigente ya los pliegos los establecieron desde la administración anterior, lo que podemos hacer es más control y ser cada vez más rigurosos, pero los ejecutamos para no parar el servicio. Para los próximos se realizarán ajustes necesarios para tener los mejores operadores”, indicó el funcionario.

Se espera que la próxima entrega de pliegos, que se realizará a mitad de año cuando esté aprobado el Plan de Desarrollo, se haga con duración a un año y que las siguientes licitaciones tengan una duración mínima de un año para mayor transparencia. “Lo ideal es que fuera por más tiempo, hay que analizar la opción de que se haga con vigencias futuras”, sugirió Gallego.

Maná dice que será implacable con el control a los operadores

Aunque no se refirió de manera específica al operador Hacia un Valle Solidario, que tiene contratos con la Gobernación de Antioquia por cerca de 8.000 millones de pesos, el gobernador Luis Pérez se pronunció respecto a la problemática con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país.

“En Antioquia debemos eliminar los roedores que están alrededor de los dineros públicos”, manifestó Pérez.
Agregó que el Departamento ha sido ejemplar en la ejecución del Programa y que solo ha recibido seis quejas por parte de los alcaldes de los municipios beneficiados, que deben participar en la supervisión del programa.

El mandatario aseguró que su administración será implacable en el control y sanción de los contratistas que incumplan sus obligaciones.

Indicó también que la gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (Maná) realiza un seguimiento a las denuncias que se hagan.

El gobernador agradeció el apoyo del concejal Bernardo Alejandro Guerra, que en días pasados le envió una misiva pidiéndole el informe de interventoría del contrato ejecutado por Hacia un Valle solidario, a comienzos de este año, y que todavía no está, según el corporado.

En Antioquia, Maná atiende el servicio de alimentación escolar que reciben los menores de más de 4.000 instituciones escolares de 117 municipios.

MEDELLÍN

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