Hacinamiento, insuficiencia de personal de guardia, represamiento de la atención en salud, incumplimiento de acciones judiciales, falta de asepsia y de un medio adecuado para transportar a los enfermos fueron algunas de las fallas que una comisión de la Procuraduría halló en un ejercicio de vigilancia preventiva.
En esta inspección la Procuraduría Regional de Santander y sus provinciales adscritas visitaron siete de los nueve centros de reclusión que conforman esta jurisdicción: Establecimiento Penitenciario Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga ‘Modelo’; Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón, ‘Palogordo’; Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, ‘Chimitá’; Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil, Barrancabermeja, Vélez y ‘Berlín’ de Socorro.
En los penales encontraron un sobrecupo de 3.020 internos.
Aspectos críticos encontrados
De acuerdo con un comunicado del organismo de control, en seis de los siete establecimientos se evidenciaron distintos niveles de hacinamiento que oscilan entre el 19,52 por ciento y el 212 por ciento.
Esta situación genera una deficiente prestación del servicio de salud en los centros de atención de primer nivel con que cuentan estas penitenciarías, pues a pesar de que se trabaja en la ampliación de algunos de éstos, se evidenció que su capacidad continúa siendo limitada.
“En cuanto al personal del Inpec se observó que el número de guardias es insuficiente para la remisión de internos, con lo cual se ve afectada la atención en salud y se genera el incumplimiento de los estándares de seguridad, en los cuales está instituido el acompañamiento de por lo menos dos guardianes para el traslado de una persona privada de la libertad”, dice un aparte del informe.
Otros aspectos críticos son el represamiento de la atención en salud y de los procedimientos médicos extramurales que ascienden a cerca de 2.589 en las siete cárceles con la interrupción de la entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y retrovirales.
También se constató la falta de asepsia en los centros de sanidad de las cárceles y la ausencia de un medio adecuado para transportar a los enfermos, situaciones estas que pueden poner en alto riesgo la vida e integridad tanto de los internos como del personal médico que presta allí sus servicios, sin que se aprecie una solución a corto plazo para dichas problemáticas.
Respecto al cumplimiento de acciones judiciales en temas de salud se estableció que se tutelaron los derechos en 94 de las 135 acciones de tutela interpuestas en los últimos seis meses, pero, sin embargo, solo se dio cumplimiento a 18 de los casos y los restantes 76 aún no han sido acatados.
En este sentido el Ministerio Público solicitó declarar el desacato a las entidades que incumplieron las órdenes emanadas por la Corte Constitucional y exhortó a las instituciones a efectuar acciones encaminadas a proveer de guardia suficiente a los establecimientos carcelarios de Santander, a gestionar un plan de contingencia para evacuar las consultas con especialistas y procedimientos médicos represados y a realizar las adecuaciones necesarias en infraestructura conforme a los estándares del Ministerio de Salud.
BUCARAMANGA