Investigan sobrecostos en equipos para personas con discapacidad

Investigan sobrecostos en equipos para personas con discapacidad

La Fiscalía de Bucaramanga buscan determinar si habría elevación hasta del 300 por ciento.

03 de mayo 2016 , 09:14 p. m.

La Fiscalía abrió una indagación preliminar para determinar si en la compra de ayudas técnicas y el acompañamiento de profesionales médicos para la habilitación y rehabilitación integral de personas en situación de discapacidad en Bucaramanga se habrían registrado sobrecostos hasta del 300 por ciento, tal como lo denunció el secretario de Desarrollo de la ciudad, Jorge Figueroa Clausen.

El funcionario le pidió al organismo aclarar si se habrían cometido irregularidades en la adquisición de los elementos (bastones, sillas de ruedas, caminadores y muletas, entre otros) para los que en septiembre del 2015 la anterior administración municipal destinó 600 millones de pesos.

Un abogado cercano a la oficina jurídica de la Alcaldía, que recopiló la información para la denuncia, aseguró que, al parecer, habrían ‘inflado’ los precios de los elementos adquiridos por la Secretaría de Desarrollo y que debían llegar a personas pertenecientes al régimen subsidiado.

El profesional, que solicitó la reserva de su nombre, indicó que al comparar los precios registrados en las actas de entrega del contrato con los valores aportados por otras empresas similares, las diferencias son muy notorias.

De acuerdo con la información aportada a la Fiscalía, mientras una colchoneta fue registrada en el contrato con un valor de 416.000 pesos, en otros distribuidores el precio promedio es de 90.000 pesos. Uno de los costos más elevados encontrado en la inspección lo constituyó el pago de las 200 sillas de ruedas estándar –el artículo más solicitado–, pues el contratista las facturó en un millón de pesos, muy por encima de los 370.000 pesos promedio de otros proveedores.

“En la revisión detectamos sobrecostos en más del 90 por ciento de los objetos, con el agravante de que, al parecer, algunos de ellos no habrían llegado a las personas en discapacidad, pues no aparece acta de entrega de todos los elementos adquiridos. No se ha hecho un señalamiento directo en contra de alguien en particular, porque las denuncias son contra personas indeterminadas”, agregó la fuente.

El contrato denunciado fue suscrito el 4 de septiembre del 2015 por el entonces subsecretario de Desarrollo Social, Jorge Peñaloza, y Carmen Castellanos Suárez, representante legal de la empresa Diagnostic Medical Lab, que ya había sido contratada por otras entidades, como la Gobernación de Santander.

Según el asesor jurídico de la empresa, Carlos Arias, lo que generó, según él, el aumento en los costos, fue la contratación de una IPS para “identificar las necesidades de cada persona, y como la mayoría eran discapacitados, el personal médico tuvo que desplazarse a distintos lugares y veredas de Bucaramanga”. Y agregó que el pago de los profesionales costó mucho más que las ayudas técnicas.

El asesor insistió en que todos los elementos se entregaron a una población que previamente había sido estudiada e identificada por la administración local y que el resto de ayudas quedó en la Alcaldía, que tan solo les ha pagado casi 100 millones de pesos de los 600 millones que se establecieron en el contrato.

EL TIEMPO llamó este martes en varias oportunidades al exsubsecretario de Desarrollo, pero no respondió.

BUCARAMANGA

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