En esperada medida, el presidente Santos acaba de eliminar una ficción jurídica para acabar con una situación de hecho que llamaba ‘ministros’ a funcionarios que en realidad no lo son, dado que según el artículo 115 constitucional el Gobierno Nacional lo integran el Presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos, y en particular el artículo 206, conforme al cual su número, denominación y orden de precedencia los determinará la ley.
El carácter jurídico de los ministros supone obligaciones y prerrogativas no asignadas a otros funcionarios: son canal de comunicación entre el Presidente y el Congreso, y por eso pueden ser citados a debates de control político. Tienen fuero disciplinario, o sea que solo pueden ser procesados por el Procurador General. Gozan de privilegio penal, ya que únicamente pueden ser investigados por el Fiscal General y juzgados por la Corte Suprema. Por eso no puede haber ministerio que no sea creado por ley.
Esa ley fija la estructura administrativa de la respectiva entidad. Por eso, los ‘ministerios’ que han funcionado durante estos casi dos años han sido de mentiras, en actitud típicamente colombiana de tapar realidades con palabras. Nadie demandó ante el Consejo de Estado la existencia de los flamantes ‘ministerios’: de haberlo hecho, ¡habría durado más un merengue en la puerta de una escuela!
En los últimos 60 años han existido los ‘consejeros’ presidenciales, con numerosas atribuciones y casi siempre contra las competencias de los verdaderos ministros. Los ha habido tanto buenos e influyentes como despistados y anodinos. Klim llamó la ‘sobrina pálida’ a Clara López, eficaz consejera económica de presidencia en el mandato de su tío, López Michelsen. Y a propósito de ‘consejeros’, al paso que en otras partes los ministros pueden ser muy jóvenes y los consejeros, experimentados, aquí a veces se les llama así a quienes aún no pueden aconsejar nada.
En el último ‘remezón’, el Presidente conservó, ahora llamándolos ‘consejerías’, varios de los flamantes ‘ministerios’. Lo curioso es que a algunas de esas consejerías les adscribió ‘direcciones’ de verdaderos ministerios con estructura administrativa legal. Por ejemplo, las direcciones de seguridad y drogas chocarían con funciones propias de los ministerios de Salud, Justicia y Defensa, o de la Policía Nacional. Y en el Consejo Nacional de Estupefacientes, que fija la política antidrogas, tiene asiento medio gabinete.
El ‘ministerio’ de la Presidencia vuelve a ser Departamento Administrativo de la Presidencia, con funciones de secretaría general. Su importancia no deriva del nombre que tenga, sino de la persona que la desempeñe. Entre otros, se recuerdan secretarios generales que tuvieron, por sus condiciones personales y el manejo de los asuntos de Estado, verdadero papel protagónico: Rafael Naranjo Villegas, en el mandato de Pastrana Borrero; Germán Montoya Vélez, en el gobierno de Virgilio Barco, y ahora María Lorena Gutiérrez, cuya ausencia muchos lamentamos por su renuencia a la exposición mediática, su rigor académico y su conocimiento profundo del funcionamiento interno de la Presidencia y de la estructura general del Estado, ajena a lo que otrora se llamó “el computador del secretario” y manteniendo una relación de respeto y autonomía con la clase política. Su sucesor, Luis Guillermo Vélez Cabrera, es valiosa prenda de garantía para el primer mandatario.
Por las funciones que cumple, por las decisiones que debe tomar, por su cercanía al Presidente, este sería el único caso en que se justifique crear el ministerio de la Presidencia, no mediante anuncio sino por ley. En el pasado, lo ensayó sin éxito el presidente Turbay.
Ese ministro funcionaría con responsabilidades políticas, sería citable al Congreso para debates políticos. Entonces, si en muchos otros países existe el ‘ministro de la Presidencia’, ¿por qué aquí sigue en mora la presentación del respectivo proyecto de ley que cree la figura?
Alfonso Gómez Méndez