Cuando el país discute cómo blindar jurídicamente los acuerdos de paz que se lleguen con las Farc, a propósito de la demanda del exfiscal Eduardo Montealegre que admitió la Corte Constitucional para que tengan un estatus de tratado internacional, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que ninguna de esas fórmulas invalida que los colombianos participen en la refrendación y que es prematuro que una instancia judicial se pronuncie sobre algo que no es definitivo.
“Si logramos un acuerdo, entran en juego la ciudadanía y la Corte Constitucional. Es conveniente para Colombia no alterar este orden lógico”, dijo De la Calle en el foro “El camino hacia el posconflicto: Colombia en la encrucijada de la guerra y la paz”, organizado por la Universidad Externado.
El jefe de la delegación aseguró también que la seguridad jurídica es una preocupación tanto de las Farc como del Gobierno y de la ciudadanía y que para alcanzarla, el Congreso y esa Corte son claves.
“La Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución. Sabemos que van a ser necesarias reformas constitucionales y el compromiso del Gobierno es promoverlas y convocar a los órganos competentes para lograrlo, pero para que esté claro, en La Habana no se hará una Constitución en la sombra”, añadió.
La demanda, que para su estudio ese tribunal pidió concepto a varios sectores de la sociedad incluyendo a la misma guerrilla, buscaría que los acuerdos tengan un rango constitucional al integrarse en el llamado bloque de constitucionalidad. Como un tratado sobre derechos humanos o de derecho internacional humanitario se dificultaría su modificación por iniciativa popular o por un Gobierno posterior.
Y si bien Humberto de la Calle afirmó que el Gobierno mira ese tipo de iniciativas con “apertura mental”, también dijo que es en la Mesa de diálogos donde se está discutiendo los mecanismos de refrendación, como lo convinieron las Farc y el Gobierno al inicio de las conversaciones. Señaló que en todo caso “ninguna de esas fórmulas puede significar que se elimine el pronunciamiento del cuerpo ciudadano”.
“Más que creatividad jurídica, necesitamos es convocar a la población. Eso da legitimidad y sostenibilidad jurídica”, agregó.
En ese coloquio en el que estuvo acompañado del rector del Externado Juan Carlos Henao, quien participó en la construcción de los acuerdos sobre justicia transicional, De la Calle también recordó la premisa del Proceso de Paz según la cual “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional escuche directamente la posición de los miembros de las Farc acerca de esta demanda, el jefe de la delegación del Gobierno dijo que es un error darles un espacio de este tipo ante las instituciones hasta antes no dejen las armas de manera definitiva.
“Las opiniones de las Farc las recibimos con inmenso respeto en La Habana, ese es el sitio adecuado. Una vez transcurra un proceso de dejación de armas transparente, definitivo, de reincorporación a la vida civil, esta sociedad abrirá los brazos a las Farc. Pero nos parece que precipitar y adelantar la presencia de las Farc en los órganos del Estado es realmente un error”, destacó De la Calle, en el auditorio principal de esa universidad ante un público de casi 500 estudiantes.
REDACCIÓN PAZ