En una audiencia de tres horas en el Palacio de Justicia de Cali, el juez noveno penal del circuito de Cali fijó las condenas por el escándalo del intento de fraude en las elecciones de gobernador para el Valle del Cauca, en el 2012.
Ya el sentido del fallo condenatorio había sido revelado el 21 de abril pasado. Por eso, en la diligencia el juez fijó las penas para siete personas, entre ellos antiguos funcionarios de la Registraduría Nacional.
El excongresista Juan Carlos el 'Negro’ Martínez Sinisterra, considerado como el protagonista y ‘cerebro’ del intento de fraude, recibió 48 meses de prisión: cuatro años. De no ser porque Martínez tiene un proceso aún sin resolver por narcotráfico –ya pagó una condena por parapolítica- podría quedar en libertad. (Lea El entramado del fraude electoral en el Valle llegó hasta Bogotá)
En el proceso, la Fiscalía señaló que Martínez lideró el plan de fraude electoral para favorecer al entonces candidato a la gobernación del Valle, Francined Cano. Para eso, el exsenador Martínez, tras dos reuniones realizadas en su casa, en el condominio Colina de Arroyohondo, compró un 'portafolio' de servicios que le habrían ofrecido funcionarios de la Registraduría.
Esa carpeta de servicios incluía, de acuerdo con el expediente de la Policía y la Fiscalía, la manipulación de registradores locales y testigos electorales, control sobre el preconteo de votos y al menos 3.000 votos fantasmas con listas que incluían dirección, cédula y nombre de los supuestos votantes.
Por esos delitos, el juez también condenó a varios registradores que en su momento fueron capturados. En la lista están José Francisco Angulo Jaimes (funcionario de la Registraduría en el nivel central), Alina Martínez García (registradora ‘ad hoc’ para Jamundí) y Óscar Yesid Ramírez Forero (registrador ‘ad hoc’ para el municipio de Sevilla).
Alina Martínez y Óscar Ramírez recibieron las penas más altas: 86 meses de cárcel por los delitos de cohecho propio y alteración de documentos. Los dos, junto con Martínez Sinisterra, son los únicos que no saldrán de prisión. Aunque en el caso de Alina Martínez tendrá prisión domiciliaria.
Lo anterior es diferente al caso de Angulo, quien fue sentenciado a 60 meses de cárcel y saldrá con libertad condicional. Lo mismo pasará con María del Pilar Yangana Cubides, quien para la época de los hechos era la representante legal del movimiento político MIO, y Jairo Candelo Banguero, cercano al exsenador. Yangana y Candelo fueron setenciados a 48 meses de cárcel.
Ente los condenados también está Luis Enrique Forero Téllez, exfuncionario de la Registraduría Nacional y quien fue conductor del exregistrador Carlos Ariel Sánchez; pagará 60 meses (cinco años) de cárcel.
Fuentes de la Fiscalía y de la Policía coinciden en que los sentenciados podrán enfrentar otros procesos, pues avanza una investigación por presunto fraude en otros municipios del país.
Las autoridades investigan si la modalidad que intentaron aplicar en el Valle hacía parte de una conducta sistemática que utilizaron en otras regiones.
Esto porque en las interceptaciones, hechas en medio del proceso, los implicados hablan de “tener un paquetico listo” y de que todo el dinero se reciba por adelantado. También mencionaban tener 200 millones de pesos para repartirlos entre los funcionarios que participarían en el fraude. (Vea las imágenes que la Policía obtuvo sobre esas reuniones)
Otro monto superior a los diez millones de pesos se habría destinado para “meter unos 120 jurados de mesas”.
En el proceso fueron claves las declaraciones que las exfuncionarias de la Registraduría, Ana Lucía Beltrán y Adriana Lucía Castro, dieron a la Fiscalía. Beltrán llegó a un acuerdo y Castro recibió un principio de oportunidad.
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