En el 2015, Colombia se ubicó en el puesto 11 de los países más mortales para el ejercicio del periodismo, según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). De hecho, el año pasado se reportaron 147 agresiones contra 232 comunicadores, dos de los cuales fueron asesinados por cumplir con su labor.
Y aunque hay denuncias, las investigaciones poco avanzan. De acuerdo con la Flip, entre 1977 y el 2015 ocurrieron 152 asesinatos de periodistas, y solo en cuatro casos han sido condenados los autores intelectuales.
Catalina Botero, quien fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH entre el 2008 y el 2014, considera que la violencia contra los periodistas ha estado vinculada a temas políticos, criminalidad organizada y corrupción, asociada con el medio ambiente.
Esta abogada especialista en derecho constitucional llama la atención de la Fiscalía por procesos que pueden prescribir y asegura que “la impunidad en los crímenes contra periodistas genera censura”.
En el marco de la celebración del Día mundial de la Libertad de Expresión, Botero habló con EL TIEMPO sobre los desafíos y los avances que ha tenido Colombia en materia de libertad de expresión y libertad de prensa.
En términos generales, ¿cómo está el país en cuanto a libertad de expresión y libertad de prensa?
Creo que hay situaciones que diferencian a los Estados; por ejemplo, en materia de violencia, sin duda Colombia es un país que, pese a los enormes esfuerzos que se han realizado, continúa teniendo problemas serios en libertad de expresión, principalmente para los periodistas de las regiones.
Hay dos factores que afectan la libertad de expresión: uno es la violencia; ahí las cifras son clarísimas, particularmente en estos países latinoamericanos, incluida Colombia, recae sobre los periodistas que cubren seguridad, minería, medio ambiente y corrupción. Muchos periodistas se tienen que ir y otros son asesinados; por ejemplo, el caso de México es extremadamente grave; la mitad de ese país está sometida a una censura producto de la violencia, amenazas por culpa del narcotráfico; lo mismo pasa en muchos sitios fronterizos de Brasil.
En Colombia, los periodistas no son ajenos a la violencia generada por temas políticos, criminalidad organizada y corrupción, en temas asociados al medio ambiente.
¿Cuáles son los avances que ha tenido el país en libertad de expresión y libertad de prensa?
Hay que decir que Colombia ha hecho esfuerzos importantes en la creación de mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Durante unos años fue un ejemplo para la región, pero hay que corregir algunos temas. Por un lado, existe una amenaza a la violencia física, pero, por otro lado, institucionalmente los jueces han sido una barrera contra la arbitrariedad. Esas decisiones son importantes y son buenas prácticas para toda la región.
¿Cómo puede el país crear un entorno más seguro para la libertad de expresión?
Hay que hacer tres cosas: la primera, hablar de libertad de expresión, porque nosotros no hablamos de libertad de expresión, no incorporamos a las discusiones cotidianas el tema. Entonces, empiezan a surgir propuestas que, incluso si tienen buenas intenciones, comprometen de manera seria la posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión.
Una de las principales amenazas es la falta de tolerancia por el que piensa distinto y tiene una perspectiva distinta de la vida. Nos hace mucha falta la tolerancia.
En segundo lugar, hay que fortalecer de manera absolutamente dramática los mecanismos de prevención de violencia contra la prensa, de protección de los periodistas amenazados, pero, sobre todo, de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas.
En este país, los periodistas y los jueces han sido heroicos en la lucha contra la captura de las mafias, la lucha contra la corrupción. El caso emblemático es el de El Espectador, pero hay miles de casos de periodistas que han sido asesinados o que han tenido que irse y callar por mafias o quienes ejercen de manera arbitraria la autoridad.
El tercero es la lucha contra la impunidad; los casos de los periodistas que están en la impunidad por denunciar el narcotráfico están prescribiendo, entonces, a mí me parece que es fundamental que la Fiscalía y ojalá el nuevo fiscal entiendan que esto no es una tarea menor, que la impunidad en los crímenes contra periodistas lo único que hace es generar censura.
En comparación con Latinoamérica, ¿cómo está Colombia en el tema de censura?
Hay censura que viene del Estado; Ecuador y Venezuela son los casos emblemáticos. En Ecuador y Venezuela, en nombre de valores importantes, se cooptó a toda la esfera pública.
En Colombia, la violencia genera autocensura, pero no por razones institucionales; no podemos dejar que se descuide el marco institucional de protección. Por ejemplo, en Colombia la jurisprudencia de la Corte Constitucional es relativamente pacífica y tranquila, no hay amenazas institucionales graves, es decir que tú no sientes que por lo que vas a escribir puedas terminar mañana en la cárcel o que te van a quitar tu patrimonio.
En Colombia se está hablando de regulación a las redes sociales, ¿se estaría violando con eso la libertad de expresión?
Cualquier regulación a las redes sociales tiene que ser hecha a través de un mecanismo multisectorial, internet no se puede regular simplemente porque a un ministro no le pareció algo. La regulación de internet es estrictamente obligada. En Brasil, por ejemplo, existe la mejor regulación de internet en la región, permite que sea abierto, sin censura, traslada todos los aspectos de la libertad de expresión a internet. Pero las restricciones son cuidadas, se llama el marco civil de internet. Releva de responsabilidad al intermediario; por ejemplo, a los medios cuando se trata de alguien que hace comentarios en las plataformas de estos.
¿Se han tomado decisiones sobre el tema de las redes?
Yo diría que son excepciones, pero en particular estoy preocupada por una sentencia que se produjo la semana pasada contra una concejal en Pereira, es una sentencia que acabaría con el periodismo de investigación, pero estoy segura de que en segunda instancia se va a revocar. El caso se refiere a una denuncia que hizo una concejal sobre una empresa que está contaminando el agua potable. Ella publicó en su Facebook la denuncia, después de haber llevado las muestras de agua a la universidad y que le confirmaran que estaba contaminada. La empresa alegó que se le estaba violando el derecho a la intimidad, a la honra y al buen nombre. Y el juez ordenó que se bajara el video.
Esa decisión trasladada a los medios es una de las peores, porque puede acabar con el periodismo de investigación, aparte de que las personas jurídicas no tienen derecho a la honra. Si uno no levanta la alerta sobre esas cosas, pueden venir otras decisiones arbitrarias que conduzcan a situaciones peores.
Periodista azerbaiyana gana Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano
Khadija Ismayilova fue condenada a 9 años de prisión en su país. |
Khadija Ismayilova es una de las periodistas de investigación que con más fuerza ha denunciado en su país, Azerbaiyán, hechos de corrupción del presidente Ilham Aliyeh, sus amigos y su familia.
Hoy, Ismayilova, quien en el 2014 fue condenada a 7,5 años de prisión acusada de los delitos de difamación, evasión de impuestos, actividades empresariales ilegales y abuso de poder, será reconocida con el Premio Mundial de Libertad de Prensa Unesco-Guillermo Cano.
Ismayilova recibirá el premio como reconocimiento a las investigaciones que ha desarrollado y que venía haciendo cuando fue detenida. Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, el director del diario El Espectador asesinado en diciembre de 1986, viajó a Helsinki (Finlandia) para entregar el galardón que no podrá recibir personalmente Khadija Ismayilova, pero que le dará visibilidad al intento del gobierno de su país por callarla. La periodista trabajaba en un programa en Radio Free Europe realizando investigaciones para Organized Crime and Corruption Reporting Project .
La señora Busquets dice que el galardón que entrega cada año la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se da a personas que han dedicado su vida, incluso la han sacrificado, por defender los derechos de quienes realizan este oficio y el derecho a opinar de todas las personas.
“Ella está en la cárcel, y vamos a hacer, como de costumbre, todo lo posible para que la suelten pronto”, explicó.
La señora Busquets, quien desde hace 10 años se convirtió en la voz de la Fundación Guillermo Cano, pide que Colombia entienda la importancia tan grande que tiene que un periodista colombiano haya sido escogido por la Unesco para darle nombre al galardón y quiere que Cano sea visto como “un ejemplo para que los periodistas sepan hacer valer sus pensamientos”.
EL TIEMPO