El hacendado José Leonidas Osorio Soto va en camino de convertirse en uno de los primeros empresarios a los que la justicia les quitará los bienes para aportarlos a la reparación de víctimas de los grupos paramilitares.
El nombre de Osorio Soto aparece en una lista de más de 150 empresas y personas naturales (entre comerciantes, empresarios y hacendados) que han sido señalados de financiar a los grupos de autodefensas en varias regiones del país. En ese listado figuran la multinacional Chiquita Brands y el fallecido ‘zar’ de las esmeraldas Víctor Carranza.
El cuestionado esmeraldero, fallecido hace tres años, explotó por décadas baldíos de la Nación que en su momento fueron centros de operación paramilitar.
La Fiscalía hace un barrido en todo el país para establecer la situación de los procesos de compulsa de copias de Justicia y Paz (la jurisdicción que condenó a los miembros de las Autodefensas ilegales) contra civiles y firmas que brindaron apoyo económico y logístico a las Auc.
La prioridad será establecer los casos en los que ya ha habido condenas para aplicar la figura de extinción de dominio.
Esa fue la estrategia utilizada en el caso de Osorio Soto, quien ya fue sentenciado por concierto para delinquir por sus nexos con el frente Cacique Pipintá.
Unidades de la Sijín de Pereira y de la Fiscalía ocuparon siete de sus fincas que, según la investigación, habrían servido como base de operaciones y sitio de descanso de esa banda armada entre 2003 y 2007. Las propiedades están avaluadas en $ 7.500 millones.
Desde esos predios, ubicados en Aranzazu (Caldas), los paramilitares habrían logrado extender sus acciones armadas a otras poblaciones como Aguadas, La Merced y Salamina, en el mismo departamento.
En el expediente de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía se lee que “allí permanecían asentados grupos grandes de ‘contraguerrillas’, los mismos que realizaban patrullajes en la zona rural sembrando el terror a muerte en la población”.
A los señalamientos de testigos contra el hacendado se sumaron las confesiones de varios ‘exparas’. Fabio César Mejía, un desmovilizado del ‘Pipintá’, aseguró que el empresario colaboraba económicamente y logísticamente con la organización armada ilegal.
“El señor Leonidas tenía una allegada (cercanía) muy fuerte a la organización porque nos prestaba todas las fincas para hospedarnos y escondernos de la ley”, sostuvo otro ex-Auc en sus declaraciones a Justicia y Paz.
Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, jefe del ‘Cacique Pipintá’, también habló de la supuesta colaboración voluntaria que Osorio Soto daba a los paramilitares’: “Nos facilitaba la estadía en sus predios del personal de contraguerrillas, en especial al grupo ‘las Águilas’ ”.
Según la investigación, el finquero también entregaba información sobre los operativos de la Fuerza Pública. La Fiscalía dice que en Chamberí, una de las fincas de Osorio Soto, “se dio un enfrentamiento entre integrantes del grupo ilegal y la Fuerza Pública”. En esos hechos murió un agente del DAS y fue capturado uno de los jefes de la banda.
“El afectado, contrario a cumplir con una función social respecto de sus propiedades, las utilizó para auspiciar, proteger, esconder a miembros de las Auc, y consintió libremente que dentro de sus propiedades se llevaran a cabo todo tipo de actividades ilícitas”, señala la Fiscalía.
Irían a nueva jurisdicción
De llegar a buen puerto la negociación con las Farc, está previsto que los civiles que apoyaron de manera ‘determinante’ a los grupos ilegales (incluidos los paramilitares) sean juzgados por la nueva jurisdicción Especial para la Paz.
De las versiones de los ex-Auc desmovilizados resultaron decenas de expedientes contra propietarios y altos funcionarios de empresas del chance, del sector agropecuario y contratistas del Estado.
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