“Peligro social, revolución”, se lee en letras garrapateadas en la plataforma que rodea la estatua de Simón Bolívar, en la plaza de su mismo nombre. “Peligro social”, en eso se convirtieron los vándalos que llenaron de grafitis el icónico punto de encuentro y parte de la carrera Séptima.
Ya con la marea baja, una caminata por la zona revela lo que dejó la tormenta de varios de los desadaptados: 123 metros cuadrados de grafitis (para muchos simples mamarrachos) y 10 losas de mármol fracturadas, la mayoría al pie del Libertador. Eso, sin contar las pinturas en fachadas de establecimientos privados y módulos de vendedores informales. (Lea: Recompensa de $ 20 millones para hallar a quien le disparó a Policía)
“1.° de mayo revolucionario”, proclama otra consigna, a la espalda del prócer. ¿Es revolucionario romper los pisos para convertirlos en rocas de pelea, manchar con pintura los espacios públicos y atacar a la Policía sin generar otra cosa que caos?
“La Alcaldía tiene que sacar un decreto para que les impongan multas fuertes a quienes organizan las marchas, porque siempre acaban con los bienes públicos. Son infiltrados los que dañan todo, pero no podemos ser nosotros, el pueblo, los que acabemos pagando siempre”, indica Luis Garzón, que vende golosinas y gaseosas en un módulo de la Séptima.
En el costado del puesto de Luis, un muchacho se gana la mañana a punta de agua, jabón, esponjilla y voluntad.
“Hay que meterle fuerza porque la pintura no sale fácil”, apunta el joven, que unta una vez más y trata de borrar los mensajes y garabatos de anarquismo, lucha y combate.
Según estimaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), los arreglos a los espacios públicos costarán alrededor de 50 millones de pesos. Dinero que saldrá de los contribuyentes.
“Ayer no vine a trabajar porque sabía lo que podía pasar. Pero mire que hoy llegué y encontré el puesto pintado”, señala Angélica Nieto, otra vendedora de dulces en los módulos del Distrito. “La vaina es que a uno le toca limpiar, porque uno es el que está encargado del puesto”.
En la mañana de este lunes, los afectados tuvieron que limpiar las pinturas de sus negocios. EL TIEMPO |
Con la misma perspectiva miran los propietarios de negocios en locales comerciales. En la esquina de la calle 12B, por ejemplo, un restaurante de pizza y pollo no dispone de más espacio en su fachada para otro grafiti. Desde madrazos hasta símbolos de grupos insurgentes, los chinches lo cogieron como pizarra.
El propietario del lugar, que prefiere guardar su nombre, dice que no sabe si volver a pintar de blanco el frontis (como estaba antes de la horda vandálica) o dejar así. “Es que cada vez que les da por hacer una marcha, vienen y se tiran las paredes”, aduce, con las manos en la cintura y fastidiado con su inicio de semana.
Al consultar a la Secretaría de Gobierno, este despacho advirtió que en cada víspera de marchas se adelantan reuniones con quienes las convocan, para exigirles control y vigilancia durante las mismas. “En estas mesas participan Policía, Gobierno, Fiscalía y líderes de las movilizaciones, y siempre hay compromisos. El tema es que no se les puede negar el derecho a la protesta y casi siempre desembocan en desmanes”, señalaron.
Sobre la posibilidad de exigir pólizas que garanticen el pago por los daños en edificaciones y plazas públicas, antes, durante y después de las concentraciones, la Administración sostuvo que ese no es un mecanismo que hasta ahora se haya contemplado.
En la tarde de este lunes, un equipo del IDPC inició labores para restaurar los bienes dañados. Con palustre, blanqueadores y mucha paciencia, estas personas regresaron a trabajar en un lugar que en la administración pasada recibió casi 200 millones de pesos en mantenimiento. Todo, por culpa de lo que otro de lo escritos con pintura roja denomina “Terrorismo gráfico”.
FELIPE MOTOA FRANCO
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter @felipemotoa