La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió hace algunos días a la Corte Interamericana (Corte IDH) lo que serían los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", que llegan a esta máxima instancia hemisférica y que podría terminar condenando al Estado colombiano.
Según la CIDH, se trata de las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.
"La Comisión estableció que todas estas muertes ocurrieron de manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como 'falsos positivos' ", dice la CIDH al anunciar que terminó enviando el caso a la Corte IDH, pues Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo donde establecieron la responsabilidad del Estado.
La CIDH describe los "falsos positivos" como el asesinato de civiles a manos de la Fuerza Pública que luego presentan como la muerte de miembros de grupos ilegales dados de baja en combate.
Actualmente, la Fiscalía investiga más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales que en su mayoría ocurrieron entre el año 2004 y el 2008.
Aunque no hay una cifra exacta, se sabe que hay decenas de casos que han sido presentados ante la CIDH y que están pendientes aún de veredicto.
Además de los asesinatos, la CIDH sostiene que en los casos que remitió a la Corte también se violó el derecho a la honra y la dignidad, por presentarlos como guerrilleros, y que algunos fueron secuestrados antes de ser asesinados, lo cual constituye un crimen de privación de la libertad.
En el Informe de Fondo que el Estado no cumplió, la CIDH había recomendado que reparara integralmente estas violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral.
"La Comisión también instó al Estado a realizar una investigación completa y efectiva de estas violaciones de derechos humanos y determinar las posibles responsabilidades penales, administrativas o de otra índole. La CIDH también urgió a Colombia a adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para asegurar la no repetición de hechos similares", dice el ente hemisférico.
Así mismo, solicitan que la justicia militar no sea la encargada de procesar casos de violaciones a los derechos humanos.
Dado que la CIDH solo podía emitir recomendaciones, ante el incumplimiento del Estado envió el caso a la Corte IDH que sí tiene poder para condenar a un Estado y exigir reparaciones contra las víctimas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68