Bojayá sigue en el olvido: 14 años después de la masacre

Bojayá sigue en el olvido: 14 años después de la masacre

Habitantes reclaman mejores condiciones de salud, vivienda y educación, así como verdad y justicia.

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02 de mayo 2016 , 07:28 a.m.

En medio de enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, más de 300 personas se refugiaron en la iglesia de Bojayá, lugar que creían seguro por ser sagrado y la única construcción de cemento del polvoriento pueblo chocano. Pero cilindros bombas que lanzó las Farc dejaron 79 muertos, entre ellos 48 niños.

Antes de morir, mientras los refugiados escuchaban ráfagas de fúsil, rezaban rosarios, se escondían debajo de los asientos y se protegían en el altar. La angustia fue mayor cuando miembros de las Auc se ubicaron detrás del templo y usaron ese lugar como escudo. A las Farc no les importó y atacaron el recinto.

Catorce años después de la masacre, registrada el 2 de mayo del 2002, los sobrevivientes buscan que la Fiscalía les entregue los restos de sus familiares, enterrados en el cementerio local, algunos todavía como NN.

Leyner Palacios, miembro del Comité de Víctimas de Bojayá y quien perdió a 32 familiares en la masacre, contó que necesitan que el ente investigador identifique los restos y encuentre a cuatro que continúan desaparecidos.

“Las personas no tienen la certeza de que su familiar esté muerto porque las víctimas están sin identificar, entonces no han elaborado su duelo ni reclamado sus derechos”, recalcó.

Ante esa angustia, la Fiscalía anunció que exhumará los huesos para identificarlos y entregárselos a sus seres queridos. Se reunieron con los pobladores para acordar cómo realizar parte de la reparación relacionada con la entrega digna e individual de los muertos.

Pero eso no será suficiente. La masacre de Bojayá dejó impactos y huellas imborrables. Muchos sobrevivientes viven con amputaciones, problemas auditivos y visuales, causados por el estallido de la pipeta de gas. Además tienen alteraciones profundas de sueño y escenas constantes de pánico.

El informe ‘Bojayá, la guerra sin límites’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, revela que los más afectados son los niños, muchos vivieron los momentos previos de tensión y de miedo, además, observaron la muerte de sus padres.

“Las imágenes de cuerpos desmembrados y los gritos de horror quedaron en su memoria; sus impactos son sin duda muy significativos: problemas de atención, repentinos episodios de pánico, alteraciones graves de sueño y dificultades de habla”, dice el estudio.

Los menores además tienen problemas de comunicación, concentración, memoria y aprendizaje, así como insomnio, agresividad e hiperactividad.

Juan* fue testigo de ese horror a sus 7 años y todavía tiene heridas sin sanar. Sus padres lo creyeron muerto, pero un día después de la masacre, sacerdotes lo encontraron tendido entre cadáveres. Ahí amaneció, abandonado en el templo en medio de sangre y cuerpos mutilados. “Ese muchacho ahora se está deschavetando (enloqueciendo). Está muy mal por el ‘estartazo’ (golpe) que recibió”, narró su madre al Centro de Memoria Histórica.

Palacios aseguró que los pequeños nunca recibieron atención sicológica. “Tenemos casos de déficit de atención de jóvenes que crecieron con ese recuerdo y repiten hasta cuatro veces un grado de secundaria. De pequeños vieron morir a sus padres, a sus hermanos, a sus seres más queridos”, contó.

El líder agregó que después de 14 años, las 120 personas que resultaron heridas no recibieron atención adecuada en salud. “Hoy tienen molestias en los oídos, pesadillas y cicatrices de esquirlas en sus cuerpos. Súmele a todo eso, los problemas de estos pueblos de la periferia en salud, educación y vivienda”, advirtió.

Además, la precariedad de las vías pone en riesgo la vida de las personas. Palacios afirmó que cuando un campesino tiene una emergencia de salud tarda hasta cuatro horas para llegar al hospital de Bellavista, casco urbano de Bojayá, y otras cuatro para ir hasta Quibdó, la capital chocoana. “Las personas llegan muertas”, denunció.

En el municipio solo hay tres médicos para atender a casi 11.000 habitantes, no hay agua potable y algunas comunidades solo tienen electricidad cuatro o seis horas al día.

“Estudiantes de algunas veredas no reciben clases por falta de docentes, los colegios están deteriorados, con grietas y humedades, no tienen pupitres. Como si fuera poco, todavía hay presencia de grupos armados ilegales”, dijo el líder.

Fanny Rosmira Salas, representante del Consejo Comunitario de la Asociación Campesina del Atrato, aseguró que el Gobierno debe sacar a Bojayá y al resto del Chocó del abandono histórico. “Las víctimas exigen la no repetición de los hechos, así como verdad, justicia y reparación. Debe haber presencia estatal que garantice la seguridad de las comunidades y la inversión social”, reclamó.

En este municipio, también falta reparación. El Comité de Víctimas de Bojayá documenta 32.000 hechos victimizantes y 11.000 afectados por el conflicto. Cada persona recibió hasta tres violaciones a sus derechos. “Sin embargo ni siquiera 100 han sido reparadas”, dijo Palacio.

Entre tanto, el Registro Único de Víctimas tiene documentadas 10.656 personas afectadas por el conflicto en Bojayá, de las cuales 6.909 están en trámite de reparación.

La mayoría de las víctimas son desplazadas. El día de la masacre 6.000 personas atravesaron el río Atrato para proteger sus vidas. Por ese mismo afluente, el 21 de abril del 2002, llegaron siete embarcaciones con 250 paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, al mando de ‘el Alemán’ con el fin de arrebatarle el poder a las Farc.

La tragedia de Bojayá fue advertida una semana antes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que alertaron sobre la incursión de los paramilitares en Bojayá, que causaría enfrentamientos entre las Auc y las Farc.

Incluso, en la mañana de ese 2 de mayo, los defensores reiteraron la alerta y pidieron al Estado aumentar los dispositivos de seguridad, adoptar las medidas de protección necesarias para disminuir el riesgo.

Aunque las Farc pidieron perdón por esa masacre, el pasado 6 de diciembre, en la zona aún hay presencia de esa guerrilla. Las víctimas  reclaman que los paramilitares y el Estado también pidan perdón.  “Para que estemos en paz primero debemos tener verdad, justicia y reparación, así como salud, vivienda y educación digna”, concluyó Palacios.

*Nombre cambiado or ser menor de edad.

DEICY JOHANA PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
Medellín

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