Por primera vez, la Corte Constitucional les pidió a las Farc que entreguen un concepto jurídico que, al igual que los de otros sectores, será tenido en cuenta en medio de una demanda que estudia esa corporación.
Hace 15 días, la Corte Constitucional aceptó revisar la demanda que el exfiscal general Eduardo Montealegre interpuso contra el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto del 2012, con el que se dio inicio al proceso de paz.
El fin de Montealegre es blindar los acuerdos de paz con las Farc para que la palabra “acuerdo” sea interpretada por la Corte como un tratado de paz o tratado internacional que tenga fuerza vinculante para todas las instituciones.
Tras admitir la demanda, que será estudiada por el magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte Constitucional les dio un plazo de 10 días al Gobierno y a la ciudadanía para que presenten un concepto sobre este tema.
Entre las dudas que se deben resolver está cuál es la jerarquía que tienen los acuerdos de paz con las Farc, y si tienen límites frente al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos. También se debe indicar si se está de acuerdo con que ni el Congreso ni la misma Corte ni los mecanismos de refrendación popular puedan modificarlos.
Además de invitar a las altas cortes, a Naciones Unidas, a los expresidentes de los últimos 20 años, a los presidentes de los partidos políticos, universidades, ONG expertas en justicia y a los militares, para que den sus argumentos a favor o en contra de la solicitud de Montealegre, la Corte también tendrá en cuenta a los delegados del proceso de paz, tanto del Gobierno como de las Farc.
El concepto puede ser enviado en un texto o video, pues la Corte aún no ha establecido si realizará o no una audiencia pública sobre la demanda.
El último concepto que recibirá el alto tribunal es el del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien en declaraciones públicas ha rechazado el proceso de paz afirmando que viola los tratados internacionales suscritos por Colombia. Este domingo, Ordóñez criticó que se permita que las Farc rindan un concepto sobre la demanda. “Mientras no estén en la legalidad, tienen limitaciones en el ejercicio de sus derechos”, dijo.
Tras la recaudación de pruebas, el magistrado pasará a elaborar una ponencia que será discutida por la Sala Plena.
La demanda
Montealegre llevó la demanda a la Corte, el pasado 28 de marzo, solicitando que los acuerdos se reconozcan como un tratado con rango constitucional y no puedan ser desconocidos por ninguna autoridad ni ley.
En entrevista con ‘El Espectador’, Montealegre afirmó este domingo que si la Corte le da la razón “no será posible que un nuevo gobierno desconozca los acuerdos con las Farc. Por tener fuerza normativa equivalente a la de un tratado, su modificación solo podría lograrse con un nuevo acuerdo entre las partes actoras del conflicto”.
Según expertos, con esta demanda lo que el exfiscal busca es que los acuerdos no puedan ser modificados ni siquiera por una iniciativa popular, un plebiscito (como el que pretende el Gobierno) o un referendo.
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