Polémica por compromisos laborales derivados del TLC

Polémica por compromisos laborales derivados del TLC

Gobierno defiende avances del Plan de Acción Laboral, pero sindicatos dicen que son insuficientes.

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01 de mayo 2016 , 10:13 p.m.

Uno de los puntos claves que allanó el camino para que Colombia y Estados Unidos firmaran el Tratado de Libre Comercio era el Plan de Acción Laboral (PAL), que en abril completó cinco años y, aunque para el Gobierno se ha cumplido, para los sindicatos los avances son más de carácter formal, pero no han impactado los derechos de los trabajadores.

Sin duda, el tema normativo va sobre rieles. Desde el 2011, cuando se estableció el PAL, se han expedido 42 medidas, entre leyes, decretos y resoluciones.

Estas atañen a los 10 compromisos pactados, alrededor de los cuales figuran tareas como la de reducir la tercerización del empleo, hacer control a las cooperativas de trabajo asociado y a las empresas de servicios temporales, para lo cual se debería incrementar y fortalecer el papel del inspector laboral.

También había que reducir la violencia contra el sindicalismo, castigar el uso ilegal de los pactos colectivos, y, en general, proteger los derechos de todos los trabajadores.

Según Enrique Borda, viceministro de Relaciones Laborales, los avances son contundentes. En el caso de la informalidad laboral, por ejemplo, “el cambio ha sido favorable. En el período 2011-2014 hubo una reducción de 3,3 por ciento, al pasar de 63,4 a 60,1 por ciento, como lo señala el Observatorio Laboral de la Universidad Externado”, indicó el funcionario.

Por el contrario, según el informe de la Escuela Nacional Sindical (ENS), este panorama ha empeorado.

“Tras cinco años del PAL, hay 14’090.880 trabajadores en la informalidad, es decir, 877.680 más de los que existían en el 2011. A esto se le agrega que existen 3’813.880 trabajadores en relaciones laborales ilegales, 351.680 más de los que se contaban en el 2011”.

En lo que respecta a la tercerización laboral, para el Gobierno, los golpes a este fenómeno se han dado, entre otros medios, a través de leyes, como la de formalización y primer empleo, que “prohíbe el uso indebido de cooperativas o cualquier otra forma de relación que afecte derechos laborales y establece multas significativas por su violación”, dijo el viceministro.

Pero para la Escuela Sindical, “el Ministerio no impidió que las cooperativas de trabajo se convirtieran en ‘falsos sindicatos’ ni que estos suscribieran contratos sindicales para seguir tercerizando trabajadores, en condiciones aun peores, sin derechos laborales y pervirtiendo la finalidad de las organizaciones sindicales. Es así como, entre 2011 y 2015 se han suscrito 4.303 contratos sindicales”, indica el informe.

Es más, Sandra Muñoz, del área jurídica de la ENS, considera que el más reciente decreto, sobre tercerización laboral, aunque “lo muestran como un avance, en realidad es un retroceso”.

Borda, desde su perspectiva, opinó que la aseveración es falsa y que “la intención de la norma es controlar y sancionar el abuso de esta”.

Más hostigamiento

En cuanto a la seguridad y protección de los trabajadores y el derecho a la huelga, si bien la ENS reconoce que “ha sido sensible la reducción de homicidios, al pasar en el quinquenio 2006-2010 de 275 a 130 homicidios. En el quinquenio 2011-2015 se han duplicado los casos de hostigamiento, los cuales subieron de 113 a 269”.

Según la vocera de la Escuela Nacional Sindical, con el Plan de Acción Laboral se pretendía también promover el derecho a la huelga, pero “en la práctica, la mayoría de las huelgas han sido declaradas ilegales”, manifestó.

De acuerdo con las cifras de la ENS, el Estado no está protegiendo las libertades sindicales, pues “la inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo no es eficiente”.

Tan es así que, agregan, hay 834 inspectores registrados, pero en la práctica solo 156 vigilan y controlan. A ese respecto, el viceministro sostiene que el “PAL ha tenido como resultado la creación de 480 nuevos cargos de inspector del trabajo, con los cuales se completa una nómina de 904 cargos en ese frente”.

A juicio de Borda, la escuela “tiene una lectura incorrecta e interesada”, especialmente de la tercerización, pues, “el modelo de inspección laboral que se plantea está inspirado en los estándares más avanzados del mundo y se trata de que los empresarios respeten los derechos de los trabajadores en cualquier proceso de contratación”.

Una fuente neutral, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, indicó que “el PAL ha tomado las medidas normativamente, pero los efectos son muy modestos”.

Jaramillo argumentó que, en lo que respecta a la garantía de promover el derecho a la asociación en un sindicato, las cifras hablan por sí solas: “De 22 millones de ocupados, solo un millón están afiliados a un sindicato; el respeto a la libertad sindical es bajo”.

El académico sostiene que existen otros compromisos que no se están cumpliendo, como “la alta tasa de trabajo infantil, especialmente en sectores como café, palma y minería”.

Por esa razón recomienda fortalecer una política de intervención para garantizar los derechos del trabajador en el país.

MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios

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