En el tercer Festival por la Paz en Colombia, celebrado en París, Enrique Santiago, abogado español y negociador jurídico de las FARC, habló sobre temas precisos de su ámbito, sobre los tiempos del proceso de paz.
Dijo que cree que se firmará el acuerdo a más tardar en mayo o junio y se refirió a temas puntuales como el paramilitarismo. El optimismo –una vez más– parece ser más fuerte que las contradicciones.
Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles siguen siendo las trabas para firmar el acuerdo de paz?
Lo más importante ahora es abordar cómo se va a llevar más adelante la implementación de lo acordado, cómo conseguir que se incorpore al ordenamiento jurídico colombiano cada uno de los acuerdos alcanzados. En estos momentos hay un debate sobre dos propuestas, una de ellas elaborada por el Gobierno, que desgraciadamente no ha sido consultada en la mesa de conversaciones y ha comenzado a ser implementada unilateralmente. Esto, evidentemente, no es lo correcto en un proceso de conversaciones, máxime cuando la implementación es uno de los asuntos que se contemplan en la mesa de negociaciones, concretamente en el punto sexto (verificación y refrendación).
Las Farc aún agitan el tema de una constituyente. El Gobierno insiste en un plebiscito...
Si bien la ratificación de los acuerdos es también materia de la agenda de conversaciones, en ningún momento se ha debatido entre Gobierno y Farc. Y, además, el acuerdo final al que se llegue va a requerir un desarrollo posterior legislativo, por lo cual este plebiscito, por sus alcances o por el objetivo que se busca con él, debería haber sido convocado como una consulta popular y no utilizando la figura del plebiscito.
Pero hay un trabajo previo en el Congreso de construcción de leyes, como telón de fondo y piso jurídico al proceso de paz…
El Gobierno ha iniciado la tramitación de una serie de actos legislativos de forma unilateral, sin haberlo debatido en la mesa, para la aplicación de ciertas reformas constitucionales que tengan como objetivo básicamente la creación de una comisión legislativa reducida, que se encargaría de desarrollar los acuerdos alcanzados. No se sabe con qué criterios, porque eso tampoco se ha discutido… (Lea también: Acto legislativo para la paz avanzó en el Congreso)
¿Qué proponen las Farc para llegar pronto a una paz concertada?
Están proponiendo, en primer lugar, que se firme el acuerdo final bajo la fórmula del acuerdo especial humanitario, una figura prevista en los artículos 3 y 6, de la I, III y IV convenciones de Ginebra –lo mismo que busca una demanda del exfiscal Eduardo Montealegre que acaba de ser admitida por la Corte Constitucional (ver página 4)–. Este tipo de acuerdos está previsto para regular aspectos relacionados con la humanización del conflicto y con el respeto estricto al derecho internacional humanitario.
La utilización de esta figura haría que, inmediatamente, los contenidos de ese acuerdo, que refuerzan los derechos fundamentales, quedarán incorporados al bloque de constitucionalidad. Las Farc proponen que ese acuerdo, firmado como acuerdo especial humanitario, posteriormente se tramite en el Parlamento para darle fuerza de ley, utilizando la vía de ley ordinaria o con el procedimiento de urgencia que podría llegar a aplicarse a la tramitación, lo cual haría que el acuerdo se alcance en un periodo máximo de dos meses; o menos, en 15 días.
Se han dado problemas en la implementación de los acuerdos. ¿Cuáles señala usted como complicados?
El Gobierno no prevé en la aprobación del acuerdo final su incorporación como tal al ordenamiento jurídico interno, sino que únicamente prevé la incorporación, mediante desarrollos parciales, de aspectos que ni siquiera han sido negociados hasta ahora.
(Vea aquí: Línea del tiempo de los diálogos de paz)
Constituyente o no, o constituyente más tarde, pareciera que todo desemboca en cambios constitucionales de base…
Son muchísimos los cambios constitucionales que va a provocar la firma del acuerdo de paz, con lo cual se hace imperativa y prácticamente inaplazable la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Pero esta no se plantea o no se defiende por la delegación de paz de las Farc como el mecanismo para la aprobación del acuerdo, porque ello demoraría demasiado y mientras tanto se presentaría una situación de inseguridad jurídica. La asamblea nacional constituyente se propone como un mecanismo que permita, posteriormente, desarrollar la nueva institucionalidad que surgirá de los acuerdos de paz en La Habana; es decir, un objetivo a mediano plazo posterior a la firma de los acuerdos de paz.
Tras declaraciones del Gobierno y la puesta en marcha de un plan contra las bandas criminales, las Farc parecen aceptar que sí hay voluntad para acabar con el fenómeno del paramilitarismo. Sin embargo, ¿persiste la duda y el temor frente a las garantías para hacer política una vez desmovilizados?
La delegación de paz de las Farc lo que viene solicitando es la puesta en marcha inmediata de un plan de choque contra el paramilitarismo, que obviamente no es algo que tenga que negociarse en la mesa de conversaciones, sino que es una responsabilidad del Estado, pero exigiéndole a este resultados y la muestra de voluntad de confrontación clara con el fenómeno. El paramilitarismo sigue vivo, sigue actuando y en absoluta impunidad.
¿Se puede estar ante una situación sin salida en la que las Farc exijan el fin del paramilitarismo en tiempos imposibles?
No hay que perder de vista que la posición de las Farc desde el inicio de las conversaciones ha cambiado sustancialmente. No están pidiendo el desmantelamiento efectivo, sino la aprobación de políticas serias y eficaces de combate al paramilitarismo para iniciar el proceso de dejación de armas.
El abogado español Enrique Santiago hizo parte de la acusación popular contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Foto: Archivo particular |
¿Cuál es su apreciación de la jurisdicción especial para la paz? ¿En ese punto hay identidad con el Gobierno?
Ha recibido muchas críticas, lo que es lógico teniendo en cuenta que es un sistema innovador años luz respecto a cualquier otro mecanismo de justicia acordado en ningún proceso de paz. Por primera vez en la historia de Colombia y en cualquier conflicto armado se crea una jurisdicción especial que va a tener competencia para juzgar o para conocer las responsabilidades de todos los actores que han intervenido en el conflicto; por supuesto no solamente la guerrilla, sino también los agentes del Estado. Esta jurisdicción va a tener competencia para examinar las responsabilidades de civiles, ya sean políticos, empresarios, financiadores, integrantes del paramilitarismo o agentes de gobiernos extranjeros; es decir, es el intento más serio de acabar y combatir la impunidad que ha habido no solamente en Colombia, sino en cualquiera de los procesos de paz después de la II Guerra Mundial.
(Además: Renuncia director de la Uiaf tras informe de revista 'The Economist')
Uno de los caballitos de batalla de los enemigos de la paz es la palabra impunidad…
Para evitar la impunidad en cualquier sistema jurídico o judicial faltan una serie de elementos. En primer lugar, una normativa estricta que permita combatir esa impunidad. En segundo lugar, unos operadores jurídicos, en este caso unos jueces, con la voluntad para poner en práctica esas normas que tienen a su disposición para acabar con la impunidad. Y en tercer lugar, una serie de recursos técnicos, infraestructuras y medios económicos para que los operadores jurídicos puedan aplicar esas leyes aptas para combatir la impunidad de la mejor forma posible.
Los dos últimos puntos de discusión, el tercero (fin del conflicto) y el sexto (verificación e implementación), se están discutiendo simultáneamente. ¿Qué dice de eso?
Una semana después del 23 de septiembre pasado, como todo el mundo sabe, el gobierno de Colombia anunció que entendía que el acuerdo de ese día no era un acuerdo, sino que era un comunicado y obligó a renegociar los contenidos, con lo cual no pudo cerrarse totalmente el acuerdo de justicia hasta tres meses después, a finales de diciembre; es decir, esos tres meses se perdieron y probablemente son los que están corriendo desde el 23 de marzo. Esperemos que, incluso, no sean tres meses sino menos.
Usted ha hablado de un avance definitivo para el 26 de mayo…
La firma del acuerdo de paz no podrá ser más tarde del primer semestre de este año. Mi previsión es que si ambas partes se ponen a trabajar en la mesa para abordar los temas pendientes y no se pierde tiempo en discusiones innecesarias, pues para finales de mayo o junio estarían cerrados todos los puntos, incluido el acuerdo final. Esto permitiría iniciar el proceso de dejación de armas; permitiría, en primer lugar, la entrada en rigor de la amnistía.
Pero, pragmáticamente, ¿qué queda por acordar?
Los temas que quedan en la mesa son muy delicados. Básicamente, garantías de seguridad, políticas de desmantelamiento eficaz del paramilitarismo. Un segundo problema tiene que ver con la visión del Gobierno sobre las zonas o territorios de paz, las zonas de reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. El Gobierno tiene una visión que ni siquiera es la que ha trabajado la comisión técnica propuesta por militares activos, generales y por altos mandos de la guerrilla. La visión del Gobierno pretende asimilar estas zonas campamentarias a centros de reclusión, es decir, que propone lugares cerrados donde no se pueda entrar ni salir y donde no pueda haber ningún tipo de contacto de los guerrilleros con la población civil.
Esto es absolutamente contradictorio: en primer lugar, es un régimen incluso más duro que el que se establece en el sistema de jurisdicción especial para la paz, en el caso de las sanciones restaurativas.
En segundo término, es absurdo que una fuerza guerrillera que ha mantenido relación con la población civil, históricamente, y que esa relación ha sido su principal sustento y apoyo en estos 50 años de conflicto, cuando en este momento además quiere desaparecer como fuerza guerrillera y convertirse en fuerza política, pues no tiene sentido prohibir la relación con la población civil.
(Lea aquí: El histórico día en el que se anunció la firma de la paz en Colombia)
Ahí surge el tema de las armas. Resulta claro para el país que mezclar política y armas es lo que se está tratando de acabar…
Evidentemente la propuesta de las Farc no es que en el proceso de reincorporación a la vida civil pueda mantenerse una relación con la población civil armados; pero, desde luego, que esas zonas de reincorporación a la vida civil no se conviertan en lugares de reclusión.
Suponiendo que haya firma en mayo o junio, ¿cuál es su visión del futuro inmediato de la paz?
Si hay compromiso y seriedad por parte del Gobierno de poner en marcha las políticas de seguridad, es decir, de combate eficaz al paramilitarismo, ese proceso de dejación de armas podría estar concluido a finales de este año o en los primeros días del 2017, por lo cual el conflicto de más de 50 años entre el Estado y las Farc se podría dar por concluido. Desde ese momento, las Farc deberían estar en condiciones de concurrir a la normal confrontación política y electoral.
Los tiempos finales de un proceso de paz suelen ser de una inesperada complejidad…
Sí, las partes pueden tener tentaciones de inventar cortos para llegar en la mejor posición posible a la firma del acuerdo final.
De todos modos, suena usted muy optimista.
No hay que ponerse nerviosos, no hay que preocuparse por las pequeñas crisis que vayan desatándose en este contexto; lo importante es no perder tiempo, trabajar intensamente los temas pendientes y conseguir una mayor implicación en estos meses que quedan.
ANTONIO MORALES RIVEIRA Y ANGÉLICA PÉREZ
Especial para EL TIEMPO desde París