Y ya anuncian la cuarta, porque las anteriores no modernizaron, democratizaron ni limpiaron la política. Del acto legislativo 01 del 2003, que fue la primera, se dijo que lo lograría con la institucionalización y financiación estatal de los partidos, las listas y candidatos únicos, el voto preferente, la cifra repartidora y la reestructuración del Consejo Electoral. Como nada de ello ocurrió, el acto legislativo 01 del 2009 estableció severas sanciones para los partidos y sus elegidos que violaran la Constitución o la ley, elevó del 2 al 3 por ciento el umbral que da derecho a obtener personería jurídica, organizó las bancadas y creó la silla vacía: no se podrán ocupar las curules de quienes sean condenados por narcotráfico, vinculación con grupos armados ilegales y otros delitos.
No obstante, las malas artes políticas continuaron inoculándole altas dosis de ilegitimidad a toda la organización institucional. Por eso se expidió el acto legislativo 02 del 2015 (equilibrio de poderes), que prohíbe la reelección presidencial y la ‘puerta giratoria’ en las altas cortes, cierra el Consejo de la Judicatura, crea la Comisión de Aforados, que reemplaza a la de Acusaciones, y exige que los nombramientos en los cuerpos colegiados se hagan previa convocatoria pública.
Pero como esta última reforma hasta ahora ha producido más demandas que resultados positivos, anuncian una nueva y estructural que debería superar situaciones críticas al disponer, por ejemplo, que nadie pueda ser elegido para más de 2 o 3 periodos en una corporación pública (junta administradora, concejo, asamblea o Congreso), prohibiendo que los cónyuges, compañeros o familiares cercanos de los congresistas sean elegidos alcaldes o gobernadores y que puedan ser elegidos como senadores o representantes quienes tengan los mismos vínculos con los alcaldes y gobernadores. Conviene evitar que se formen castas, a veces clanes familiares, que además se comportan como mafias políticas. También importa prohibir que el Gobierno terne para la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a funcionarios y exfuncionarios suyos. Nada de lo anotado hace parte de la agenda pública, porque atenta contra los derechos y expectativas de los partidos y sus elegidos. A ninguno de ellos interesa la reforma política, sino la nómina y los contratos de las entidades que piden como cuota.
La cuarta reforma versará, entonces, sobre temas electorales que favorecerán a quienes la están concibiendo. Por eso piensan reducir del 3 al 2 por ciento el umbral para conseguir y conservar la personería jurídica como partido, permitir coaliciones para la elección de cuerpos colegiados y la refinada elaboración de listas con voto preferente. De la reforma no hará parte la reducción de los elevadísimos costos de las campañas: su reducción en el tiempo, las circunscripciones uninominales y la regional para el Senado, porque la nacional ha incrementado esos costos y, por tanto, la corrupción.
Nada de raro tendría que la nueva reforma termine favoreciendo aún más a senadores y representantes y a sus partidos, como ya ha sucedido. Recuérdese que en reformas anteriores se introdujeron micos para permitir que los congresistas pudieran crear partidos sin cumplir los requisitos de ley, y cambiar de partido sin renunciar a la curul y sin incurrir en doble militancia, y para que senadores y representantes pudieran participar en el trámite y la votación de reformas constitucionales, aunque estuviesen inhabilitados para hacerlo. ¿Quién blindará ética y políticamente los afanes reformistas de ahora?
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
