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Aumento de coca tiene al Catatumbo en una encrucijada

Sin planes de erradicación ni sustitución, sembrados crecieron 82 %.

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La orden de acabar las fumigaciones aéreas en el Catatumbo, desde el 2010, y la suspensión de la erradicación manual, en el 2013, como parte de un acuerdo entre el Gobierno y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), para ponerle fin a un paro adelantado por cientos de familias que viven de los cultivos ilícitos, no ha resultado un buen negocio para el Gobierno ni para los habitantes de esa región.
El primer síntoma se advierte en la cifra de homicidios en la zona: 50 casos en lo que va del año, y la mayoría por temas de narcotráfico, según la Policía.
La otra señal tiene que ver con las cuatro cosechas de cultivos de hoja de coca que anualmente se están recogiendo y que ponen de manifiesto el alarmante nivel de la producción de cocaína que está generando este territorio en Norte de Santander.
El alza guarda una relación directa con el aumento desmesurado que en la actualidad registran los sembrados ilícitos, los cuales se extienden en por lo menos 30.500 hectáreas, de acuerdo con el reporte CNC de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos (ONDCP).
Según ese organismo, cuyos datos difieren de las cifras arrojadas por el Simci –metodología de detección implementada por la ONU–, con un incremento del 82 por ciento de las plantaciones –16.500 hectáreas en el 2014 frente a 30.500 en el 2015–, este departamento se ubica como el de más hoja de coca cultivada en Colombia, por encima del Cauca y Nariño.
Las autoridades militares estiman que en el Catatumbo se producen anualmente 47 toneladas de cocaína.
Organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en ese departamento, como la Fundación Progresar, alertan sobre la ola de violencia que está desencadenando este fenómeno, especialmente en materia de homicidios, no solo en el Catatumbo sino en el área metropolitana de Cúcuta.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, señala que en ese territorio se está generando un reconfiguración de actores ilegales –las guerrillas del Eln y Elp y las bandas criminales, además de la entrada de otros grupos de narcotraficantes–, “que están actuando cada uno por su lado, tratando de ejercer un control territorial”.
Y advierte: “Tal y como está el Catatumbo, esta es una región inviable para la construcción de procesos de paz”.
Ante el alarmante incremento de los sembrados ilícitos, organismos internacionales como la ONU han instado al Gobierno Nacional para que rápidamente plantee opciones de salida que incluyan la participación de las personas dedicadas a los cultivos cocaleros, para superar esa problemática de economía ilícita.
Sin embargo, los intentos por desarrollar acciones conjuntas con las comunidades han sido infructuosas. De ahí que luego de más de dos años de mesa de negociación con líderes de Ascamcat, con quienes se firmó el acuerdo de no erradicación manual, aún no se haya logrado un pacto que defina la sustitución de las plantaciones como una posible solución.
Para el vocero de la Ascamcat, Yonni Abril, el incremento en las cifras de cultivos corresponde a un comportamiento “normal” en vista de la negativa del Gobierno de acoger las propuestas concertadas con las comunidades cocaleras, las cuales se niegan a que se haga una erradicación bajo medidas de fuerza.
Según el representante, los campesinos han puesto sobre la mesa un programa de sustitución gradual de cultivos a 10 años, que prevé la inversión anual de 100.000 millones de pesos y que, además, plantea mecanismos de control social sobre la extensión de los sembrados.
Pero ha sido precisamente ese planteamiento de gradualidad, el que no ha calado en el Gobierno.
“Nosotros consideramos que si bien el proceso de transformación del territorio afectado por cultivos ilícitos es progresivo, no compartimos algunos criterios que tiene Ascamcat en lo que toca particularmente al tema de lo que ellos llaman la gradualidad”, dijo Eduardo Díaz, director de la Estrategia Presidencial de Sustitución de Cultivos ilícitos.
Para el funcionario, el Gobierno no puede consentir que las comunidades subsistan con los cultivos por largo tiempo mientras la sustitución vaya garantizando ingresos. Esto, explica, “porque la presencia de los cultivos es la presencia también de redes de narcotraficantes”.
La ofensiva se mantiene
135 laboratorios fueron destruidos en el 2015
Mientras se define la forma como se dará la sustitución concertada, las autoridades militares y de Policía mantienen su ofensiva en contra del narcotráfico a través de actividades de interdicción. En medio de esa lucha, durante el 2015, según el coronel John Chavarro, comandante de Antinarcóticos de la región 5 de la Policía, se logró la incautación de 9 toneladas de cocaína, así como la destrucción de 135 laboratorios para el procesamiento del alcaloide.
CÚCUTA

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