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No a la tentación populista

Si Santos quiere ajustarse a la regla fiscal en 2020, tiene que aumentar el recaudo en 1,5 % del PIB

La renovación parcial del gabinete ministerial del presidente Santos y la reorganización de la Casa de Nariño trasladaron la discusión nacional a los temas de la política partidista. Aunque el gabinete se llame de la “paz” o del “posconflicto”, las conversaciones en La Habana están un tanto difuminadas y las preocupaciones económicas han pasado a segundo o tercer plano.
Es grave que los comentaristas separen el juego político del fin de conflicto armado y de la economía. Ciertamente, el nuevo gabinete cuenta con una mayor representación regional y política, y puede servirle al Presidente para que el acuerdo de paz sea aprobado en el plebiscito: pero no se debe olvidar que política, paz y economía deben ir de la mano. Y que, por consiguiente, el gabinete de la paz tiene que servir a propósitos económicos.
Los ministros que entran ahora al gabinete –y los que se ratificaron– tienen que ayudarles al Presidente y al Ministro de Hacienda para que se presente, discuta y apruebe en el Congreso una reforma tributaria que siga las recomendaciones de la Comisión de Expertos, creada por una ley de la República a finales del 2014 y que entregó su trabajo en diciembre del año pasado. Si esto no sucede, la economía colombiana, que ha dado muestras de una gran resiliencia y se está ajustando gradualmente a la desaparición de una renta petrolera que le suministraba al Gobierno Nacional el 20 por ciento de sus ingresos corrientes, entraría, sin duda, en una situación de crisis.
Hace un par de semanas, Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y miembro de la Comisión de Expertos, hizo una presentación del Informe de la Comisión a los estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Mostró, de manera contundente, la necesidad de aprobar en este año una reforma que simplifique la estructura tributaria, mejore su equidad y su eficiencia y aumente el recaudo de impuestos.
El problema no se concentra exclusivamente en el déficit fiscal de este año y el próximo, sino en el mediano plazo. Las proyecciones de Fedesarrollo van hasta el 2020; tampoco se limitan al período del presidente Santos. Porque no solamente se trata de reponer la renta petrolera perdida sino, como están previstas las cosas, de que en el 2019 dejarían de existir el impuesto a la riqueza, la sobretasa del Cree y el gravamen sobre los movimientos financieros, y, obviamente, se ampliaría el faltante fiscal.
Así las cosas, si no se hace nada, el déficit fiscal se saldría de madre, el endeudamiento del Gobierno central superaría el 50 por ciento del PIB, el país perdería su grado de inversión y, ante una crisis traumática, tocaría continuar reduciendo el gasto público y elevar los impuestos a la fuerza. Y si simplemente se reponen los impuestos actuales (riqueza, sobretasa al Cree y 4 × 1.000), el déficit no se cubriría, la deuda también se elevaría y la inversión privada caería dramáticamente; porque estos tributos son antitécnicos, desestimulan la inversión y promueven la fuga de capitales.
En otras palabras, el gobierno Santos, quiéralo o no, está contra la pared. Si quiere ajustarse a la regla fiscal en el 2020, tiene que aumentar el recaudo –con respecto al nivel actual– en algo así como el 1,5 por ciento del PIB. Es decir, no solamente tiene que reponer lo que recibe por tributos como el de la riqueza y la sobretasa del Cree, sino, adicionalmente, elevar el recaudo en unos 13 billones de pesos del 2016.
En estas circunstancias, la totalidad del gabinete ministerial y de los altos funcionarios del Estado deben tener claridad de que no hay margen para ningún experimento populista; que no pueden caer en esa tentación así les parezca atractiva para afianzar sus aspiraciones políticas.
Carlos Caballero Argáez
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