Pilas, Ministro: paz es justicia

Pilas, Ministro: paz es justicia

Es hora de hacer un gran pacto de Estado por la justicia. Tarea urgente para el nuevo ministro.

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27 de abril 2016 , 06:42 p.m.

Una vez más, el fantasma de la excarcelación masiva de presos aparece por causa de la mora de la justicia. Justicia morosa es justicia dudosa. Justicia morosa es justicia costosa. Los abogados dicen que la vida útil de un abogado dura dos procesos ordinarios. Los tiempos procesales así lo confirman. Después de una década, el resultado de un proceso ya no le importa a nadie. Y el paso del tiempo multiplica el costo de los procesos. De allí que la ciudadanía siga viendo en la acción de tutela los poderes mágicos de la prontitud y la eficacia.

Se dice que la justicia está sobrediagnosticada. Cientos de estudios duermen el sueño de los justos en los anaqueles de los expertos en reforma judicial. Múltiples estrategias de descongestión se han puesto en marcha, pero cada vez se agudizan más la conflictividad y el represamiento de procesos. Han sobrado comisiones de reforma, pero han escaseado verdaderos pactos de Estado con compromisos concretos para sacar adelante las transformaciones que exige la justicia.

El sentido común indica simplemente que el principal problema es que la justicia no opera. Su ineficiencia es ya casi legendaria, donde se supone que el sistema tiene presencia. Porque además en el 35 por ciento del territorio nacional la débil acción del Estado es tan extrema que actores ilegales imponen sus métodos de solución armada y desalmada de conflictos. Por eso una condición indispensable para la paz es tanto la entrega de las armas como la renuncia al chantaje que sufre la población por la presión de los métodos de justicia privada que promueven los actores armados. Ese espanto de justicia paralela seguirá funcionando si el Estado no se apropia de los territorios y hace de la justicia territorial una prioridad.

Después de la Asamblea Constituyente, en 1991, se tomó la decisión de aumentar el presupuesto de la Rama e incrementar como nunca los salarios de jueces y magistrados. Pero no se exigieron resultados y la modestia de los indicadores de gestión e impacto no se ha compadecido con la magnitud del esfuerzo fiscal. Ningún incentivo ha funcionado, y la sensación de parálisis y colapso lleva a que, por esa razón, los paros judiciales pasen inadvertidos debido a un sistema atrofiado por sus propios operadores.

Ni siquiera la sistematización ha tomado forma. Los computadores no han servido para aprender a hacer mejor justicia. El expediente digital no ha tenido campo. Amarrar expedientes sigue siendo una habilidad reconocida en el gremio. Por eso se viven tiempos amarrados a un pasado de ineficacia e inequidad. Organismos internacionales muestran cifras que indican el derroche de recursos en estrategias fallidas de sistematización de la justicia.

Es hora de hacer realidad un gran pacto de Estado por la justicia que comprometa todos los poderes del Estado, las facultades de Derecho, el foro y la academia. La justicia sigue siendo un artículo de primera necesidad. Aquí queda una tarea urgente para el nuevo ministro.

Un país que se da el lujo de creer, como lo dicen las encuestas, que los jueces se pueden comprar es un país inviable. Si, como dice el proverbio, “la justicia, como todas las divinidades griegas, solo se les aparece a quienes creen en ella”, los colombianos cada vez confían menos en el milagro de esa ficción. Más bien, viven en la pesadilla kafkiana del formalismo jurídico por donde se cuelan la morosidad y la incompetencia.

Appendix. Si el paramilitarismo y la guerrilla se fortalecieron en muchas zonas del país fue por esa visión de que eran eficaces para garantizar la convivencia con mano dura. Todo un horror: la ley del terror vista como salvavidas.

Fernando Carrillo Flórez
@fcarrilloflorez

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