Dosis mínima, pasos en firme

Dosis mínima, pasos en firme

El país ha dado dos pasos audaces para enfrentar el consumo de sustancias ilegales.

26 de abril 2016 , 07:47 p.m.

Las conclusiones de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (Ungass, por su sigla en inglés) permiten resaltar, nuevamente, dos pasos audaces que el país ha dado frente al consumo de sustancias ilegales: la despenalización de la dosis personal y la cualificación de la drogadicción como un asunto de salud pública.
También resulta oportuno hacer un llamado a las autoridades para que actúen de modo sinérgico y ordenado, con el fin de evitar interpretaciones equivocadas de algunas decisiones. Para no ir muy lejos, hace unos días la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía emitió una circular sobre cómo proceder ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en marzo, conceptuó que la dosis mínima debe ser la que necesita el adicto.

Y si bien, en teoría, la tarea está bien hecha, su puesta en práctica revela más de un vacío que hay que revisar, para evitar que por ahí se deslicen desde la peligrosa impunidad y el aumento del microtráfico hasta los abusos de autoridad. Para comenzar, deja en cada policía la decisión de judicializar o trasladar a un centro de salud a un capturado, sobre la base de “realizar juicios de valor, de manera razonada”. Algo evidentemente subjetivo, que se opone al concepto primario de justicia.

La cuestión se complica cuando la directiva señala que si, luego de un análisis o inferencia lógica, el policía determina que se trata de un adicto, debe remitirlo a un centro médico “para que verifiquen su estado de adicción o dependencia y se le dé el tratamiento con medidas de carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico”. Y sugiere además la elaboración de una “base de datos a nivel nacional que permita identificar a los consumidores y el tratamiento que están recibiendo”.

El sistema de salud no tiene capacidad para recibir y tratar estos casos; de hecho, está en mora de adecuarse a las exigencias de la norma, que puso en sus terrenos el problema de los adictos.

Por otro lado, una base de datos con un listado de “enfermos” y a la que puede acceder la Policía es una violación absoluta de los derechos a la intimidad y a la reserva médica, amparados por la Constitución. Los pasos deben ser firmes para evitar que se conviertan en un bumerán que empeore una problemática tan sensible.


editorial@eltiempo.com

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