En los primeros cuatro meses del año, los escuadrones de erradicadores manuales han destruido en el país 6.100 hectáreas de coca. Para todo el 2016, la meta es arrancar 16.679 hectáreas de la hoja, que equivalen a la décima parte de los narcosembrados fumigados con glifosato o arrancados por los equipos de erradicadores hace una década.
El fin de la era de la fumigación aérea, la estrategia de las Farc de proteger con minas antipersonas los cultivos ilegales, para frenar los equipos de erradicadores en tierra y, sobre todo, el bloqueo de las comunidades que viven de la coca se están sintiendo fuerte en la capacidad del Estado colombiano para golpear las siembras ilícitas.
Eso, en un momento en el que los cultivos vuelven a dispararse, al punto de que de las 69.000 hectáreas del 2014 se habría saltado el año pasado a casi 100.000. La cifra oficial solo se conocerá en junio, pero ya las autoridades admiten que hubo un crecimiento grande en las siembras de la mata y, por consiguiente, en la producción de cocaína.
La crítica realidad de los cultivos después de más de 30 años de fumigaciones ha llevado, como en la política general contra las drogas, a una revisión de fondo. Así, mientras el país acaba de defender en Viena y Nueva York, en los encuentros sobre drogas más importantes del planeta, la necesidad de replantear los paradigmas de la lucha contra ese flagelo, también hay un cambio en las estrategias locales contra el narcotráfico en todas sus etapas.
No se trata, explica un alto funcionario que trabaja en ese frente, de olvidarse de los cultivos ilegales, sino de concentrar la capacidad del Estado en golpear el negocio en las etapas de la cadena ilegal que más afectan el bolsillo de los narcos. Esto es, a través de las incautaciones de droga –frente en el que el país marca el paso, con más de 252 toneladas del alcaloide destruidas el año pasado– y, ahora, dirigiendo los esfuerzos contra los grandes laboratorios del narcotráfico.
EL TIEMPO conoció que el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros de Justicia, Posconflicto y Defensa ya le dieron la bendición a una nueva estrategia en la que el éxito se medirá, más que en el número de hectáreas de coca destruidas, en la cantidad de ‘cristalizaderos’ (porque allí la base de coca se convierte en el polvo blanco que brilla como cristal) efectivamente destruidos. Esto, sin dejar de buscar alternativas frente al crecimiento de los sembrados.
¿Cuál es la base del nuevo enfoque? Investigaciones sobre el terreno realizadas por agencias que combaten el narcotráfico señalan que, hoy, siete de cada diez campesinos cocaleros solo venden la hoja. Hasta hace un lustro, al menos seis de cada diez cultivaban y, con las tradicionales cocinas o ‘chungos’ del narcotráfico, hacían la primera parte del procesamiento (convertir la hoja en pasta y, luego, base de coca). También se ha encontrado que la hoja de coca es el único producto de la cadena que ha subido de precio en los últimos años, mientras que el kilo de base, pasta y alcaloide se ha mantenido estático.
La explicación es que se establecieron en el país grandes laboratorios capaces de convertir, en un solo proceso, la hoja de coca en cocaína.
“Son grandes estructuras cuyo costo de instalación puede ir de los 400.000 a los 700.000 dólares”, dice una fuente oficial. Allí, además de toda la infraestructura de producción, hay enormes áreas de almacenamiento de hoja de coca y también de alcaloide ya terminado.
Destruirlos en su totalidad (no solo la parte de hornos y ‘marcianos’ –instalaciones en las que se cumple la etapa final del proceso–) es una de las claves para quebrar a los ‘empresarios’ del crimen. En uno de estos laboratorios se pueden producir hasta mil kilos de clorhidrato de cocaína. Estas estructuras, señalan las fuentes, venden sus servicios a los narcos (salvo en el sur del país, donde la mayoría de laboratorios son de las Farc) y son el punto intermedio entre los campesinos y narcos.
Los primeros cálculos apuntan a que unos 700 grandes ‘cristalizaderos’ concentran la producción de coca en el país y ellos son ahora el principal objetivo de la Policía Antinarcóticos. Esas estructuras siempre han estado en la mira, pero solo ahora son consideradas el eslabón que se debe romper para empezar a ganar la guerra contra las drogas.
Esos grandes laboratorios son el comprador natural de la hoja en regiones enteras. Sin ellos en el juego, para los campesinos sería una mejor opción atender los programas de sustitución del Gobierno, lo que a mediano plazo terminaría reduciendo las hectáreas sembradas con coca.
Además, se conjuraría el problema de orden público que hoy se presenta cada vez que se mueve un equipo de erradicación manual.
Este año, dice el coronel José García, director de Erradicación de Antinarcóticos, van 219 bloqueos de comunidades a los grupos antidrogas. En el 2015 hubo 163 y en 2014, 114 bloqueos. “Esta es una nueva estrategia para impedir nuestra labor”, señala el oficial.
“Golpear a los cultivadores le genera en términos de legitimidad mayores problemas al Estado. Los campesinos terminan viendo al Estado como un agresor y alineados con los intereses de la guerrilla o la banda que tenga los cultivos”, dice un experto.
De la misma manera, cuatro ‘perfiles’ criminales estarán en la mira de Policía y Fiscalía: el dueño del laboratorio, el ‘químico’ que maneja el proceso, el ‘capataz’ que controla la producción (que puede durar 15 días o más y en la que trabajan grupos de hasta 20 personas), y el intermediario que maneja los nexos con los narcos que compran la droga que sale de los ‘cristalizaderos’.
‘La clave es afectar las finanzas de los narcos’
General José Ángel Mendoza, director Policía Antinarcóticos
¿Cómo se adelanta la estrategia de destrucción de laboratorios?
Estamos coordinados con la Fiscalía. Partimos de un trabajo de inteligencia, y en muchas ocasiones de la participación del campesinado. Son acciones de alto valor, planificadas, para lograr que siempre tengan un alto impacto.
¿Cuáles son los objetivos?
Con la Fiscalía y con la DEA se perfilan los objetivos de alto valor, las redes criminales en todas sus líneas delictivas, para ubicar y destruir laboratorios donde elaboran drogas y precursores químicos.
¿Cómo afecta a los narcos la destrucción de laboratorios?
Afectamos sus finanzas, y debilitamos su producción y comercialización directamente. Los narcotraficantes pierden la inversión en la construcción de la infraestructura, en la compra de materiales y químicos, y la droga incautada.
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