Entre tres grandes operadores se repartieron los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander y la costa Caribe, según el Ministerio de Educación, por valor superior a los 500.000 millones de pesos.
La denuncia la hizo este viernes la ministra Gina Parody, quien reveló que desde el 2007 venían tejiéndose dichas redes que a través de fundaciones y consorcios lograron los contratos, pese a que ni siquiera llenaban los requisitos, no cumplían con estándares o incluso habían sido sancionados.
“Algunos hacían cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro y variaciones en la representación legal, agrupaciones en consorcios y uniones temporales”, aseguró Parody.
“Por primera vez, les estamos poniendo cara a quienes se esconden detrás de estas empresas, que se han apoderado históricamente del negocio”, puntualizó.
Algunos de esos consorcios y uniones temporales constituidos para operar el PAE en esas zonas ya no están prestando el servicio, pero otros se mantienen. Por ejemplo, en La Jagua de Ibirico (Cesar) sigue vigente el contrato con el Consorcio Alimentando Corazones, que hace parte de la red encabezada por Adiela Álvarez. La Fundación Kábala también mantiene contratos con la Gobernación.
Otro caso, según el Ministerio, es el de la Fundación Paz y Futuro, en cabeza de José Antonio Manrique. Este operador fue denunciado al encontrarse que en Córdoba había dejado de pagar su nómina. Además, Paz y Futuro prestaba servicios educativos, y tras una auditoría fueron hallados 7.638 niños fantasma. Aún así, este año, la Fundación volvió a contratar los mismos servicios en Córdoba y Norte de Santander. En este último volverá a brindar alimentación.
Ante estos hechos, el Ministerio hizo un llamado a las alcaldías y gobernaciones para que conozcan qué operadores pertenecen a las redes denunciadas. Y les pidió hacer procesos de contratación con varios oferentes para garantizar transparencia y un buen servicio.
De acuerdo con el Ministerio, el Grupo de Monitoreo del PAE identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo son las representantes legales de la red de entidades que han celebrado contratos de alimentación escolar, desde el 2007, por 449.613 millones de pesos.
Asimismo, Adiela Álvarez Quintero, Hugo Mario Álvarez, Marlene Ester Vásquez, Berna Luz Guillén, Nini Johana Baraja y Leung Waiy Hon Díaz han sido los representes legales de fundaciones o consorcios relacionados con contratos desde el 2012 por 129.011 millones de pesos.
El Ministerio también denunció que José Antonio Manrique fue representante legal de fundaciones o entidades que desde 2012 celebraron contratos de alimentación escolar en Norte de Santander por valor de 262.426 millones de pesos, de los cuales 222.000 fueron por la prestación del servicio educativo.
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