Tres redes manejaban millonarios contratos de alimentación escolar

Tres redes manejaban millonarios contratos de alimentación escolar

Algunos operadores del PAE en la Costa y Norte de Santander ni siquiera cumplían con los requisitos.

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22 de abril 2016 , 03:46 p.m.

En la Costa Atlántica y Norte de Santander se han ido tejiendo, de acuerdo con denuncias hechas este viernes por la ministra de Educación, Gina Parody, tres redes que han manejado contratos con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de medio billón de pesos, incluso sin el lleno de los requisitos.

El hallazgo es fruto de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Monitoreo y Control del PAE, que surgió a raíz de las denuncias sobre la operación del mismo.

La Ministra aseguró que algunos operadores han ocultado información relacionada con factores que les hubieran impedido ser seleccionados para operar el programa: “Algunos de los operadores del PAE -agregó Parody- hacían cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro y variaciones en la representación legal de las entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales”.

La Ministra manifestó que esta red se venía tejiendo desde hace años y que en muchas ocasiones las entidades no cumplían con los estándares y lineamientos para prestar el servicio. “Por primera vez les estamos poniendo el rostro a quienes se esconden detrás de estas empresas que se han apoderado históricamente del negocio”, puntualizó Parody.

El Ministerio hizo un llamado a las alcaldías y gobernaciones para que estas conozcan cuáles han sido los operadores que pertenecen a las redes. Además que hagan procesos con varios oferentes para garantizar la transparencia de los contratos y se asegure una buena prestación del servicio a niños y jóvenes del país.

La Ministra reveló que el modo de operación de las redes se basaba en la unión con otras organizaciones mediante uniones temporales o consorcios, con el objetivo de garantizar que les fueran adjudicados los contratos de alimentación.

De acuerdo con el Ministerio, las dos primeras redes expuestas operaban principalmente en la Costa Caribe y los Santanderes.

Red 1

Se identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo se han mantenido como representantes legales de la red de entidades que han celebrado contratos de alimentación escolar, desde el 2007, por un monto cercano a los 449.613 millones de pesos.

Éstos se otorgaron por intermedio de fundaciones como la Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá (Corperijá), la Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari - Corperijá), el Consorcio Años Dorados (Corperijá - Fundación Provenir - Proveer Nuevo Milenio), el Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce - Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce - Kábala) y la Fundación Acción Social Integral (antes Kábala y antes Fundación Pa Todo El Mundo.

Red 2

La investigación arrojó que Adiela Álvarez Quintero, Hugo Mario Álvarez, Marlene Ester Vásquez, Berna Luz Guillén Carranza, Nini Johana Baraja y Leung Waiy Hon Díaz han sido los representes legales de fundaciones o consorcios relacionados con contratos de alimentación escolar desde el 2012, por una suma que llega a los 129.011 millones de pesos.]

Algunas fundaciones involucradas en esta red son la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (Gers), el Consorcio Alimentos del Cesar (Gers - Mauro's Food), el Consorcio Maná (Gers - Fundación Proveer Nuevo Milenio), el Consorcio Alimentando Corazones (Gers - Sydac), la Unión Temporal Nutrisantander (Gers - Nutricol), Fundalimentos y UT Ananías.

La tercera red operaba en Norte de Santander con un ‘brazo’ en Córdoba.

Red 3

El Ministerio denunció que José Antonio Manrique estuvo como representante legal de fundaciones o entidades relacionadas con la celebración de contratos de alimentación escolar en Norte de Santander desde el 2012.
La cifra de los contratos llega a 262.426 millones de pesos (es la suma de 40.426 millones de pesos de celebración de contratos y 222.000 millones de pesos por la prestación del servicio educativo).
En este caso el Ministerio denunció ante la Fiscalía General a Paz y Futuro por irregularidades en la prestación del servicio educativo, tras las auditorías hechas en Córdoba y Norte de Santander, donde se encontraron 7.638 niños inexistentes.
Las contrataciones de Manrique se venían dando mediante fundaciones.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

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