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Áreas biodiversas, liberadas de la guerra, enfrentarían otras amenazas

Áreas biodiversas, liberadas de la guerra, enfrentarían otras amenazas

No existe un inventario ambiental de los impactos generados por los actores armados.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
21 de abril 2016 , 09:59 p. m.

La polémica nacional por una exploración de petróleo en la zona de La Macarena, en el sur del país, es, para muchos expertos, una antesala de lo que en el futuro puede vivir Colombia en términos de posconflicto y medioambiente.

Zonas biodiversas como esta área, que conecta los biomas de la región Andina, Amazonia y Orinoquia, y que por muchas décadas estuvo al margen de la actividad económica y política por la presencia de la guerrilla, ahora tienen un potencial de explotación que pondría en riesgo la biodiversidad, pero que también puede convertirse en una oportunidad para el desarrollo económico.

Precisamente este viernes, como parte de la conmemoración del Día de la Tierra, un grupo de expertos analizará los desafíos que la gestión ambiental enfrentará después de que se logre la firma de la paz en La Habana (Cuba).

“Hay zonas del país a las que no ha llegado un modelo de desarrollo ni directrices del Gobierno. ¿Qué va a pasar con áreas como La Macarena, que vale la pena mirarla en términos de conservación? ¿A qué tipo de decisiones le vamos a dar pie para que ocurran allá cuando comiencen las zonas de paz?”, señala José María Castillo, director de la maestría en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, que organiza el evento.

Castillo añade que no se puede dejar de lado que en sí mismo el conflicto armado del país parte de en una disputa sobre cómo debe ser la apropiación de los recursos naturales.

De hecho, un reciente informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) estimó que, entre 1990 y 2013, el 58 por ciento de la deforestación se dio en municipios con presencia del conflicto armado y que el 87 por ciento de los cultivos ilícitos se desarrolla en estos municipios. A eso se le suma que el 60 por ciento de nuestros ríos está potencialmente afectado por la extracción ilícita de minerales y el derramamiento de petróleo.

Carmenza Muñoz Sáenz, experta del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) - Programa para la Paz, explica que lugares biodiversos fueron usados por los actores del conflicto como ‘hogar’ para sus actividades ilícitas.

“Los parques naturales La Macarena y Las Hermosas son considerados la cuna de las FARC; el Catatumbo, la del ELN, y el nudo de Paramillo, la de los paramilitares (...) A la fecha no existe un inventario ambiental que dé cuenta de los impactos generados por los actores armados en los ecosistemas, ni de la oferta ambiental real”, explica.

Al respecto, Castillo añade: “Cómo se va a aplicar la justicia transicional en temas ambientales, es otro tema que genera interrogantes”.

La pregunta por la justicia no es menor si se tienen en cuenta las críticas de las organizaciones ambientales, que consideran que este tema estuvo al margen de los diálogos de La Habana. El investigador y experto Juan Pablo Ruiz señaló, en una intervención en un foro sobre los dividendos de la paz para el medioambiente, que este sector estuvo ausente de las negociaciones, porque no tuvo una discusión diferenciada.

En su momento, el ministro Gabriel Vallejo respondió que el medioambiente fue transversal a las decisiones negociadas, especialmente en las que se refieren al desarrollo rural, a las sanciones por delitos ambientales y a la sustitución de cultivos.

Sobre este tema, Achim Steiner, director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), explicó, en su visita al país a mediados de marzo, que si en la firma de los acuerdos no se tiene una dimensión clara del medioambiente y de los recursos naturales, podría convertirse en un factor para que el conflicto regrese.

Además de los riesgos, la otra cara de la moneda son los beneficios. Simón Gaviria, director del DNP, aseguró que con la firma de la paz el país ahorraría cerca de 7,1 billones de pesos en degradación ambiental.

José Luis Gómez, director ejecutivo del Fondo Acción, organización que viene trabajando en el desarrollo sostenible de las zonas rurales, asegura que el mayor dividendo que traerá la paz tiene que ver con el retorno de las comunidades desplazadas.

Sin embargo, este regreso –puntualiza Gómez– requiere asistencia técnica, capacidades de inversión y tecnologías en actividades productivas, para que los usos agrícolas y pecuarios se hagan de manera controlada y no impacten de manera negativa a la conservación.

Falta institucionalidad

Según el Ministerio de Ambiente, el pago por servicios ambientales a los campesinos, la sustitución de cultivos ilícitos y la expansión de áreas protegidas por los parques nacionales son tres de las estrategias que tendría el Gobierno para el eventual periodo de posconflicto.

Sin embargo, expertos consideran que se debe fortalecer mucho más a los gestores ambientales en las regiones. Por ejemplo, según Carmenza Muñoz, del Cinep, en muchas regiones sin presencia del Estado, las corporaciones autónomas regionales son la única figura reconocida en territorios rurales, pero muchas veces se les ve “permeadas por muchos males, entre otros, la corrupción, no cuentan con presupuesto, no tienen profesionales calificados para intervenir en asuntos claves como son los de licenciamiento”.

LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de EL TIEMPO
Escríbanos a laubet@eltiempo.com

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