En defensa de la ley de restitución de tierras

En defensa de la ley de restitución de tierras

Quienes se han convertido en enemigos de esta ley bien harían en leérsela, antes de descalificarla.

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20 de abril 2016 , 07:24 p.m.

Hace pocos días se armó una algarabía injustificada con motivo de las reuniones que propiciaron la Procuraduría y el señor Lafaurie, de Fedegán, en el epicentro del paramilitarismo. Se sindicó allí por los convocantes –con más estridencia que rigor jurídico– a la ley de restitución de tierras (Ley 1448 del 2011) de ser una norma que, se dijo, genera injusticias al ignorar los derechos de los llamados “compradores de buena fe exentos de culpa”.

¿Es esto exacto? Hay que responder de manera rotunda que no es así. Y quienes digan lo contrario están haciendo un cargo injusto a una de las leyes más progresistas y modernas que se han dado en el país en muchos años.

Veamos. Un comprador de buena fe exento de culpa es aquel que, sin haber participado en el despojo y sin haberse aprovechado indebidamente del conocimiento de las situaciones de indefensión de los despojados, compra un predio que posteriormente es objeto de restitución.

Por el contrario, si el comprador actuó desconociendo a sabiendas las condiciones de indefensión o de protección especial de que gozaban los despojados, y actuando así adquirió predios a menos precio, o que estaban por fuera del comercio, no puede pretender que se lo califique como adquirente de “buena fe exento de culpa”. Y por lo tanto, si las tierras en cuestión son restituidas a sus legítimos propietarios por los jueces agrarios, no tiene derecho a indemnización alguna. A diferencia de los que pueden calificarse como de “buena fe exentos de culpa”, que sí tienen derecho a dicha indemnización.

Hay que decir además que fue la propia Ley 1448 del 2011 la que tuvo el buen cuidado de proteger a los adquirentes de buena fe exentos de culpa. Y no es porque ahora salgan a decir los estridentes defensores de los adquirentes de buena fe exentos de culpa que hay que protegerlos. Sino porque la propia ley los ha protegido desde un comienzo.

En efecto, el artículo 98 de la Ley 1448 dice paladinamente lo siguiente: “El valor de las compensaciones que decrete la sentencia a favor de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa dentro del proceso será pagado por el fondo de la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas”.

Y así han venido actuando los jueces agrarios: cuando en los procesos de restitución se hace parte alguien que demuestra su condición de adquirente de “buena fe exenta de culpa”, ha recibido la correspondiente indemnización.

Cosa diferente acontece cuando el opositor no logra demostrar su condición de buena fe exenta de culpa. Como sucede cuando el adquirente es, por ejemplo, un testaferro del despojador inicial. O como le sucedió a la empresa Argos recientemente, en un caso de restitución en Montes de María, donde el tribunal de Cúcuta le negó la indemnización solicitada al establecer que no acreditó la condición de buena fe exenta de culpa al haber adquirido tierras que estaban por fuera del comercio, y desatendió la condición de indefensión de los vendedores desplazados y amedrentados.

De manera que la alharaca contra la ley de tierras no está justificada. Y quienes se han convertido en enemigos vociferantes de esta ley bien harían, al menos, en leérsela, antes de descalificarla con la ligereza con que vienen haciéndolo. Desorientando a la opinión pública sobre los alcances de una ley de tan alto significado social e histórico.


Juan Camilo Restrepo

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