Ordenan atención médica de presos de Santa Marta y el Banco, Magdalena

Ordenan atención médica de presos de Santa Marta y el Banco, Magdalena

La Judicatura resolvió una tutela en la que ordena tratamientos para 96 internos.

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19 de abril 2016 , 11:51 a.m.

Cirugías pendientes, enfermedades sin tratamiento desde hace años; pacientes diabéticos, con tuberculosis, lupus, artritis, hernias y amputaciones sin servicio médico; pacientes que requieren trasplantes, con fracturas que no se han tratado y sin acceso a medicamentos recetados.

Frente a ese panorama que viven decenas de internos de las cárceles de Santa Marta y El Banco (Magdalena), se pronunció la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ordenando que se conceda el amparo de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de 96 reclusos de esos dos centros penitenciarios de mediana seguridad.

El tribunal confirmó el fallo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena que concedió una tutela interpuesta por José María Díaz Soto, defensor delegado para la política criminal y penitenciaría de la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Salud, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom EPS, la Secretaría de Salud de Santa Marta, la Secretaría de Salud del Magdalena y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec ordenando que se dé atención integral a 41 internos, se realice una visita de inspección para evaluar a 32 reclusos y se dé atención médica a otros 23 internos, para un total de 96 personas privadas de la libertad que requieren atención médica inmediata.

En la cárcel de Santa Marta la población carcelaria supera los 1.500 internos aunque la capacidad real del centro penitenciario es de 312, o sea que hay un hacinamiento cercano al 400 por ciento.

En la decisión, la Sala dio un plazo de 15 días a la Fiduprevisora como Liquidadora de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom en Liquidación y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para que otorguen las citas médicas y exámenes requeridos para el cumplimiento de los tratamientos. Y un plazo de 60 días para la realización de los procedimientos médicos.

Además, en el fallo los magistrados piden que se diseñe un plan de mejoramiento que contenga objetivos, estrategias, acciones y un cronograma de actividades para superar las falencias halladas en la prestación de los servicios de salud en las visitas de la Defensoría del Pueblo, en un tiempo máximo de tres meses.

JUSTICIA

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