'Existe un enorme riesgo de deterioro ambiental en La Macarena'

'Existe un enorme riesgo de deterioro ambiental en La Macarena'

La Universidad Central recomienda cancelar definitivamente licencia para exploración en esa zona.

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17 de abril 2016 , 03:24 p.m.

Los departamentos de Ingeniería Ambiental, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas y Ciencias Sociales, Humanidades y Arte de la Universidad Central se pronunciaron ante la polémica por la licencia ambiental otorgada a la empresa Hupecol en zona aledaña a los parques naturales Tinigua, Los Picachos y Serranía de la Macarena. 

Este es el pronunciamiento de los académicos:

         Principio de precaución o licencias para una economía reprimarizada

El otorgamiento de una licencia de exploración en un bloque con un área de 30.877 kilómetros cuadrados a la empresa estadounidense Hupecol, mediante la resolución 0286 de la ANLA, conlleva un riesgo ambiental de devastadoras consecuencias por su cercanía con el borde sur del parque Tinigua y con la orilla del río Losada en su parte inferior.

La existencia del Parque Cordillera Los Picachos sobre la cordillera oriental, que junto con el Parque Nacional Tinigua como conexión del anterior y el Parque de La Macarena, se explica por su localización crítica y fundamental para conservar la biodiversidad de tres grandes biomas: la Amazonia, la Orinoquía y la zona andina, que confluyen en esta área del país.

Se estima que la concentración de diversidad allí es muy alta. Por otro lado, la formación geológica existente en la Macarena, que es un afloramiento del escudo guyanés del terciario, y el cañón del río Duda y Guayabero contribuyen a la denominación de región ambientalmente estratégica. La razón de la creación de estos Parques fue precisamente la de conectar y permitir el tránsito de especies de estos tres grandes biomas.

Si bien el permiso de exploración se da para una zona por fuera de las áreas protegidas, es importante tener presente que está muy cerca del límite del Parque Tinigua, justamente en la zona de amortiguación, en la cual existen también áreas de reserva campesina. Por lo tanto su impacto se extiende a las dimensiones socioeconómicas y culturales que ahondan la conflictividad ya de por sí compleja de la región.

La razón fundamental de la preocupación de la comunidad, de las autoridades territoriales del Meta, de muchos ecólogos, biólogos, ingenieros y ambientalistas es precisamente porque la experiencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera inducen procesos no controlables, informales, de ocupación y asentamiento en los territorios cercanos que tienden a romper las estructuras sociales iniciales, provocando conflictos entre la población y la empresa, y entre los mismos pobladores de la zona intervenida.

Así mismo, porque la autorización dada para las actividades de sísmica, ampliación de vías, construcción de nuevas vías de acceso, obras civiles adicionales asociadas a excavaciones, taludes y construcción de campamentos y sus facilidades, zonas para la disposición de material sobrante (escombros), parqueaderos para maquinarias, helipuerto; así como el visto bueno para la perforación hasta de 150 pozos, la construcción de líneas flujo, transporte de crudo en carro tanques, entre otros, determinan un sin número de externalidades negativas en zonas con una alta sensibilidad ecológica. Existe pues un enorme riesgo de deterioro ambiental de los sistemas estratégicos antes mencionados.

Es evidente que el ecoturismo no es considerado por el Gobierno y por algunos sectores privados de la economía como un real factor de crecimiento económico, algo que es contradicho por modelos como Costa Rica, que tomó la decisión de eliminar la minería en zonas en las cuales tenga conflicto con el turismo ecológico y cultural. Así, la situación actual es una prueba más del creciente número de conflictos en nuestro país en cuanto a la gestión ambiental, uso y apropiación social del territorio.

Celebramos que la protesta ciudadana a través de las redes sociales haya sido atendida por el gobierno que decidió por el momento suspender la controvertida licencia para así revisarla. La recomendación es que se cancele definitivamente y advertir que ojalá se tomen todas las medidas necesarias para evitar, como ha sucedido en otras ocasiones, que ésta se cuele por la puerta de atrás de nuestra institucionalidad en la que en no pocas ocasiones prevalecen los intereses económicos y políticos sobre la riqueza del patrimonio cultural y ecológico del país.

Tal es el caso de una zona que está demasiado cercana al límite del Parque Tinigua y que además es rica en cuerpos de agua, como el río Lozada, que colindan más adelante con otros Parques Nacionales. Un posible derrame de crudo o un accidente relacionado con lodos de perforación u otros materiales sería desastroso.

En este orden de ideas, la situación presentada es un llamado para que la sociedad construya un sistema de toma de decisiones en el cual todos los actores estén debidamente representados, más allá de las vilipendiadas consultas públicas. La realidad indica que se requieren cada vez esquemas más profundos de participación de todos los actores en la toma de decisiones que afectan la riqueza natural, cultural y ambiental, que es de todos.

A manera de conclusión, la licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) muestra cómo esta entidad tiende a obrar en contravía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parque Naturales, de Cormacarena que conceptuó la inviabilidad del proyecto, de los institutos de investigación ambiental, como el Alexander Von Humbolt que se esfuerza para delimitar los páramos o el Ideam que realiza los estudios nacionales de agua y, naturalmente de grandes sectores de la academia y de la sociedad civil, al promover un esquema extractivo de economía reprimarizada –que ya todos sabemos que no es la vía para el desarrollo en nuestra región- sobre al valor natural y social en regiones con un enorme valor natural, biológico, paisajístico y cultural.

Todo lo anterior demuestra que la Anla  no legitima su espíritu dentro del Sistema Nacional Ambiental y que no atendió el principio de precaución en esta ocasión; aun así ratifica su real función: que los proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental cumplan -en el papel- con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan con el crecimiento económico del país.

 

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