Estos son algunos de los que quedarían libres por ley de excarcelación

Estos son algunos de los que quedarían libres por ley de excarcelación

Congreso evaluará proyecto para aplazar vigencia de ley que da libertad a quienes esperan sentencia.

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16 de abril 2016 , 08:18 p. m.

Un proyecto de ley con mensaje de urgencia que debería estar aprobado antes de dos meses y una directiva de la Fiscalía que ordena agilizar los procesos claves hacen parte del plan de emergencia con el que se busca atajar la excarcelación indiscriminada de al menos 11.000 presos que llevan años esperando sentencia.

El proyecto llegará al Congreso, según le confirmó a EL TIEMPO el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Lo que se busca es un nuevo plazo, de al menos un año, para la vigencia plena de la Ley 1760, la cual ordena que a partir del próximo 7 de julio queden libres los presos por delitos comunes que lleven más de un año sin sentencia; y los de casos más graves como corrupción, narcotráfico, delitos sexuales y homicidio, si cumplieron dos años en la misma condición.

“El proyecto está encaminado a que esta ley entre en vigencia de manera gradual, en dos fases: una que empezaría el próximo 7 de julio para los delitos menores y otra a partir de 2017 para los casos más graves y complejos. De esta manera, avanzamos hacia el objetivo de garantizar el carácter excepcional de la detención preventiva recientemente reiterado por la Corte Constitucional al analizar las razones de la crisis penitenciaria”, dijo Reyes.

El tema es una ‘papa caliente’, porque hoy hay al menos 25.000 detenidos que cumplen la condición de un año o más sin sentencia, la mayoría de ellos por delitos como hurto y temas de drogas. Y de ese grupo hay 4.837 que llevan más de tres años, y 6.137, más de dos.

Si el Congreso no aprueba la reforma, estos casi 11.000 tendrían la puerta abierta en cualquier circunstancia en menos de tres meses, sin importar la gravedad de sus delitos. A ellos se suman muchos detenidos por delitos comunes, como el hurto simple, que van a volver a las calles porque la justicia no los condenó a tiempo.

Entre los que alistan maletas para lograr el beneficio está el cuestionado empresario Víctor Maldonado, quien fue capturado en España hace un año y extraditado en noviembre. Está acusado por el millonario desfalco del Fondo Premium en el caso Interbolsa.

También podrían salir el excontralor Miguel Ángel Moralesrrussi y el abogado Álvaro Dávila, procesados por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá; los exjefes de la DNE Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, señalados como ‘cerebros’ del saqueo de bienes decomisados a la mafia; y hasta el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, preso por homicidio y nexos con ‘paras’.

También podrían aplicar muchos de los procesados por los ‘falsos positivos’ y jefes de organizaciones de microtráfico. También, varios policías del caso del grafitero Diego Felipe Becerra.

El ministro Reyes dice que el ajuste a la Ley 1760 es necesario, pero defiende el espíritu de la norma original. “La gente pide con cada vez más frecuencia que las personas sean encarceladas mientras las investigan, contrariando así la presunción de inocencia (...) Comprendo que la gente no quiera que los delincuentes anden libremente por las calles; pero eso no se logra encarcelando personas sobre cuya responsabilidad no se ha proferido decisión judicial, sino con una justicia más expedita”.

Los plazos ordenados por la Ley no son caprichosos. Lo que se buscó, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, fue empezar a corregir uno de los problemas más graves de la justicia: la situación de miles de sindicados que pueden durar hasta 8 años en prisión preventiva esperando un fallo.

El año pasado, también de manera urgente para evitar la excarcelación masiva advertida por este diario, se aprobó una ley que le daba un año a la justicia para buscar sentencias. El plazo está a punto de cumplirse sin muchos resultados, en buena medida porque el Congreso no ha aprobado normas que son necesarias para agilizar la acción de la justicia, como las reformas al código de procedimiento penal y la ley de pequeñas causas.

El fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo ordenó a sus funcionarios que revisen sus casos para, por ejemplo, poder evidenciar dilaciones injustificadas de las defensas, causal que permite ampliar los tiempos de los procesos. Y se prevé una maratón de audiencias de juicio en los próximos dos meses, para buscar condenas en los casos más urgentes. También se estudia empezar a pedir que se impongan otras medidas como la prohibición de salir del país o el monitoreo con brazalete electrónico.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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